Colombia

Coser tapabocas 12 horas al día para sobrevivir en Cúcuta

“Siempre pensé que saldría para irme de mi país de vacaciones, no para escapar de él”, lamenta Zulynel Meza, quien perdió su empleo como costurera y ahora está sometida a explotación laboral en la confección de un producto de primera necesidad para protegerse de la COVID-19

Reporte Especial Proiuris

Alicia Pepe

Venezolanas migrantes golpeadas por la pandemia (II)

Doce horas suma la jornada laboral diaria de Zulynel Meza. Antes de la cuarentena por la COVID-19, esta costurera venezolana confeccionaba pijamas, franelas y camisas en un taller en Cúcuta, que cerró sus puertas por la pandemia. A partir de la lógica inclemente de la oferta y la demanda, ahora se dedica a confeccionar tapabocas, el producto textil más requerido para evitar el contagio del nuevo coronavirus, a pesar de las controversias sobre su uso.

Un empleo esclavizante es la única fuente de ingresos económicos con la que cuenta para afrontar las deudas económicas que ha acumulado desde que se decretó aislamiento obligatorio en Colombia.

“La ganancia que recibo por cada tapabocas es de 100 pesos. Pero la confección de cada uno toma trabajo, porque las pinzas deben quedar derechas y la tela bien cortada”, cuenta la mujer que durante 15 años se ha desempeñado como costurera.

En un día “bueno” puede fabricar 200 piezas, que equivalen a una remuneración de 20 mil pesos, muy por debajo de los casi 30 mil que debería recibir esta costurera por 8 horas de trabajo, según las normas de Colombia.

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Cuando el cansancio la vence, Zulynel se aparta de su puesto de trabajo para estirarse y tomar algo de café. Con cada sorbo, trata de calmar la ansiedad que le causan las deudas y la responsabilidad de velar por sus hijos Jesús y Daniela Macuarán, de 19 y 15 años de edad.

A veces se pregunta cuál será su destino: regresar a Venezuela o quedarse batallando en una tierra que le es ajena, pero que antes de la COVID-19, tanto ella como sus hijos ya empezaban a querer como propia.

“No me quiero ir y ellos –sus hijos-  mucho menos porque logramos adaptarnos rápido, a pesar de que en estas últimas semanas hemos estado apretados”, dice. 

Como medida de emergencia, esta migrante venezolana entregó la casa en la que vivía con sus hijos, a pesar de que debía tres meses de arrendamiento. Se mudaron a una habitación estrecha en la que deben compartir baño con otras tres familias caraqueñas en el barrio La Ermita, en la ciudadela Juan Atalaya.

Zulynel ahora vive en una pieza donde carece de espacio para cocinar, fregar platos y lavar / Foto: Alicia Pepe

En ese cuarto de piso en bruto y bloques sin frisar, la familia ha intentado acomodarse. Una vieja mesa de coser hace las veces de armario y de mesita de noche, una torre de ladrillos ha servido como soporte para la cocina a gas y unos trozos de sábanas cubren la única ventana por la que ingresa luz natural.

“Todo es muy incómodo aquí. Hace días hice el arroz y se me volteó la olla. Me puse a llorar, pero hay que ver lo positivo, que tenemos un techo”, admite la mujer, que paga 160 mil pesos mensuales por la habitación.

Otro problema que la aqueja es la polvoreda que se levanta del piso rústico, ya que ha empeorado su condición asmática y ha tenido que volver a usar  inhalador.

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Aunque la precariedad en la nueva morada es notoria, también hay gestos visibles de solidaridad hacia la familia, como un colchón y una nevera que les regalaron unos conocidos del barrio, así como una bombona de gas que les prestó una vecina.

El único viaje de su vida: huir de Venezuela

A lo largo de sus 38 años de vida, Zulynel nunca había salido de Venezuela. Su primer y único viaje al extranjero fue forzado por la precariedad de sus condiciones de vida, por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en su país natal.

Con una mezcla de miedo y esperanza, llegó a Cúcuta, la llamada ‘Perla del Norte,’ el miércoles 12 de junio del 2019, con su hijo mayor Jesús. De este lado la esperaba una sobrina que les brindó estadía por un par de días. Unas semanas después, Zulynel logró traerse a su otra hija. En  Cúcuta sobreviven otros 107 mil migrantes.

“Siempre pensé que saldría para irme de mi país de vacaciones, no para escapar de él”, dice, con un tajo de tristeza.

Su salida forzada de Venezuela se debió a la crisis económica que la sofocaba; pero también a la separación del padre de sus hijos. Emocionalmente estaba devastada. “Tenía miedo pero necesitaba un cambio, así tuviera que dejar mi casa, mi pequeño taller de costura, a mi mamá y hermanas”. 

Daniela Macuarán, hija de Zulymel, se distrae viendo tutoriales en Youtube, por la imposibilidad de estudiar en Colombia / Foto: Alicia Pepe

Antes de que la pandemia mermara sus ingresos, la mujer  enviaba cada mes los medicamentos que requiere su madre, quien sufre de depresión crónica, y no puede adquirirlos en Venezuela, ya sea porque no están disponibles o porque tienen precios inaccesibles. Desde finales de marzo no se los ha podido comprar. No sabe cómo está ella; ni siquiera si está comiendo bien. Prefiere evadir el tema cuando se comunica con alguna de sus hermanas. “Hay cosas que no pregunto para no angustiarme”, confiesa.

Sin oportunidades de estudio para sus hijos

Otro drama que atormenta a Zulynel es la educación de sus hijos al no tenerlos en el sistema educativo colombiano. Jesús, el mayor, ha sido su sostén en este proceso migratorio y con ella ha aprendido el oficio de la costura.

Él también trabaja en el taller, pero por mucho menos sueldo. Le pagan 100 mil pesos quincenal. “Me siento bien al ayudar con mi trabajo a la familia”, dice el muchacho con orgullo.

Si tuviera una oportunidad, Jesús estudiaría bachillerato en modalidad parasistema, para luego especializarse en electricidad o mecánica. Es el plan que tiene en su mente desde que llegó a Colombia.

Daniela, la menor, cursó hasta cuarto año de bachillerato en el colegio Alí Primera, en Los Teques. Destacó por sus excelentes calificaciones y por aprender lenguaje de señas, ya que la escuela integraba también a estudiantes sordomudos. Pero en Cúcuta no ha podio reanudar sus estudios, porque les cobran 80.000 pesos por unas guías con las que Daniela debía prepararse para presentar una prueba de rendimiento que validara su capacidad para cursar décimo de bachillerato en Colombia.

Aunque el Ministerio de Educación emitió un instructivo para la inclusión de niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en el sistema educativo colombiano y se hace mención expresa de la gratuidad de las guías y pruebas de validación de estudios, los colegios disponen sus propios requerimientos.

Daniela permanece en esa habitación pequeña que ahora tienen por hogar. El sueño de convertirse en maestra de lenguaje de señas continúa en pausa para la adolescente.

COVID-19, hambre y desesperación

El testimonio de vida de Zulynel no es ajeno para Angélica Lemus, directora de Humildad Extrema, una fundación que atiende a población migrante. Calcula que 70 % de los que habitan  La Ermita son venezolanos. Mayoritariamente son grupos familiares encabezados por mujeres solteras o separadas, con dos, tres y hasta cuatro hijos a su cargo.

“El coronavirus lo que ha traído es más hambre y desesperación, porque casi todas se han quedado sin trabajo. Aquí tratamos de ayudar preparando ollas comunitarias (caldos) para los niños, pero no es suficiente”.

Patricia Salguero, presidenta de la fundación Nueva Ilusión, que tiene incidencia en el municipio Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, registra casos similares a los de La Ermita.

“A diario atendemos a mamitas que se han quedado sin trabajo y sin dinero, porque vendían café o donas en la calle. Ahora no tienen para darle de comer a sus hijos, menos para pagar un arriendo”, señala.

La imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria para sus hijos y de no contar con un documento que les permita acceder a los programas sociales del Estado colombiano expone a las mujeres migrantes venezolanas y a sus hijos a todo tipo de riesgos, como la trata de personas, el trabajo servil o la explotación sexual, advierten ambas líderes sociales.

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En este complejo contexto de frontera, son las entidades de cooperación internacional las que intentan prevenir la vulneración de sus derechos, con campañas de orientación, atención virtual en materia jurídica y laboral, de regularización migratoria, salud sexual y reproductiva y violencia basada en género (VBG). También contribuyen  con entrega de alimentos, kits de aseo y acceso a mecanismos de ayuda monetaria.

Víctimas de explotación laboral

Zulynel labora en condiciones de explotación, en un mercado laboral ya difícil por demás, debido a que Cúcuta es la ciudad con la mayor tasa de informalidad de Colombia, con un 71,4% de trabajadores sin seguridad social alguna, según o ha precisado el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar Dhayana Fernández agrega que al no contar con un documento que regule su condición migratoria mujeres como Zulynel son sometidas a explotación laboral. Trabajan durante jornadas extenuantes y perciben  un salario menor del básico mensual vigente en Colombia: 877.803 pesos.

Por la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus, muchas empresas donde las migrantes venezolanas se desempeñaban como meseras, aseadoras y vendedoras, se han venido a pique y declarado en bancarrota, explica Fernández

El Informe Panorama Laboral de los Venezolanos en Colombia, un documento producido por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, indica que de la totalidad de migrantes ocupados, 89,6 % trabaja en el sector informal de la economía.

Más de un millón, del total de 1.800.000 de venezolanos en  Colombia está en condición migratoria irregular, lo que obstaculiza su acceso a derechos como salud y educación, y “en términos de mercado laboral, promueve prácticas de explotación laboral y mayor informalidad para la economía, con jornadas más largas de trabajo y sueldos más bajos”, reseña el estudio.

Las doce horas que trabaja Zulynel, de lunes a sábado, sin un contrato de trabajo que derive en acceso al sistema de salud, al sistema pensional y a la aseguradora de riesgos laborales, es apenas un ejemplo de lo establecido en el referido informe.

Lo que hace y deja de hacer el Estado

Simón Gamboa, presidente de la Unión de Trabajadores Venezolanos, colombo  venezolanos y retornados, capítulo Colombia (Utraven.co), añade que por falta de políticas sólidas de regularización, los migrantes que llegan a Colombia se ven en la necesidad de buscar cualquier tipo de empleo con un salario muy por debajo de lo que indica la ley.

“Además de no poder afiliarse al sistema de seguridad social, tampoco pueden acceder al sistema bancario, a servicios de internet ni de telefonía celular”, precisa Gamboa.

Desde el 17 de marzo de 2020, Utraven.co habilitó un formulario para tramitar denuncias. Han conocido casos relacionados con la suspensión de contratos por la pandemia, despidos no justificados y coacciones para firmar cartas de renuncias.

Remiten los casos al Ministerio del Trabajo y brindan asesoría en la parte jurídica. Y su vocero advierte “esta realidad afecta tanto a migrantes como colombianos”.

Gamboa insta al Ministerio del Trabajo de Colombia a incentivar a  las Pymes a ofrecer un mejor salario con todas las condiciones de ley, para hacer valer los mecanismos de contratación creados para migrantes en situación irregular.

“El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) es el documento por el cual esta trabajadora  -Zulynel Meza- debería ser contratada, para que así pueda acceder al sistema de seguridad social y recibir un salario digno”, indica el representante de Ultraven.co.

Zulynel agradecería por una oportunidad de contratación formal para poder saldar sus deudas económicas, seguir enviando el medicamento vital para su mamá y volver a esa casa de dos habitaciones en la que vivían con comodidad.

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