El ministro de Interior Justicia y Paz no demoró más de 24 horas en reaccionar luego de que a través de redes sociales y medios de prensa se supiera que una de los fallecidos era escolta de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
En menos de 24 horas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol, exigió una investigación formal de la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas, entre ellos un escolta de la ministra Iris Valera, en lo que se conoce como la Masacre de El Limón.
Familiares de Wilmer José Yánez Carvallo, Arquímedes Martínez Fuenmayor, Andri González Narváez, Roger Blanco Narváez y Pedro Salceda Herrera denunciaron que los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ejecutaron a sus allegados la madrugada de este jueves 11 de junio, en El Limón, calle Plan de Piñango, de la parroquia Sucre.
La esposa de Yánez Carvallo, Solsiré Sorrila, informó que su pareja era uno de los escoltas de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.
Las denuncias sobre los excesos policiales cometidos por los agentes de las FAES han sido ampliamente verificadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Proiuris ha contribuido con una documentación sostenida de las ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas y en el estado Lara, que ha permitido la identificación y corroboración de 16 patrones de actuación del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue tajante al solicitar la disolución de las FAES. Sin embargo, el propio Nicolás Maduro, a través de reiterados y públicos mensajes, ha manifestado su apoyo incondicional a este grupo que siembra terror en los barrios pobres de Venezuela.
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En muchas ocasiones el ministro Reverol también ha apoyado públicamente a las FAES y es una de las autoridades que se hace eco de eufemismos como «abatidos», «neutralizados» y «dados de baja» en un intento de justificar excesos. Nunca antes Reverol había solicitado una investigación formal de hechos que pudieran constituir una ejecución extrajudicial a manos de las FAES u otro cuerpo de seguridad del Estado; ni siquiera cuando se trata de masacres, es decir cuando en mismo procedimiento policial matan a cinco o más personas.
“Tras un hecho irregular suscitado en el sector El Limón, de la carretera vieja Caracas – La Guaira, en el cual fallecieron cinco ciudadanos por un procedimiento de las FAES, he instruido que se aperture una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes”, señaló el ministro, este viernes 12 de junio, a través de su cuenta en Instagram.
Agregó que la investigación será dirigida personalmente por el jefe de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para que preste colaboración debida a los fiscales del Ministerio Público con competencia nacional en derechos humanos.
“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos y cumpliendo los principios del uso de la fuerza que rigen nuestro modelo policial”, explica el ministro.
Si bien es la primera vez que Reverol pide una investigación independiente, queda la duda de las razones para solicitarla, sobre todo, cuando 85% de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por la Fiscalía, según la investigación 100 Sentencias de Muerte, realizada por Proiuris.
“Cualquier situación que constituya desviación a ese mandato o implique irregularidades en los procedimientos establecidos será debidamente investigada y, de comprobarse los hechos denunciados, sus responsables sancionados con todo el peso de la ley”, escribe Reverol.
Tras las declaraciones del ministro Reverol, el fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó en su cuenta de Twitter que fiscales del Ministerio Público adelantan las acciones criminalísticas de campo en el lugar de los hechos.
Saab se refiere al hecho como un «presunto ajusticiamiento», este tipo de calificación no es acorde al termino internacional, puesto que denota el discurso belicista y deshumanizante que utilizan los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
#AHORA sobre el caso de los presuntos ajusticiamientos atribuidos al Faes en carretera vieja Caracas-La Guaira el @MinpublicoVE adelanta toda la criminalística de campo en el lugar de los hechos:
1, inspecciones técnicas 2.Trayectoria Balístic 3.Planimetria
4. Entrevistas— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 12, 2020
Presunta ejecución
En un video publicado por las redes sociales, la esposa de William Yanez, Solsiré Sorrila, relató los hechos que concluyeron en el asesinato de su pareja, en lo que se presume fue una ejecución extrajudicial.
Narró que los funcionarios del cuerpo élite de la policía nacional Bolivariana (PNB) llegaron a las 3:00 am al sector, encapuchados y con una actitud hostil: “Ellos llegaron. Le dan patadas a la puerta para tumbarla. Tenía mucho miedo. Mi esposo les decía que él trabajaba para la ministra, pero no les hacían caso. Les pedí que se calmaran porque tengo un hijo cardiópata y le podía dar algo (…) lo mandaron a ponerse la ropa y se lo llevaron”,
Relató que los funcionarios aseguraron que se iban a llevar a su esposo a la sede de las FAES en Caricuao. “Yo sé quienes son las FAES, ellos matan personas, son unos asesinos. Casi a las 4:00 am, se escucharon los tiros fuera de mi casa. No pensé que lo habían matado”, agregó.
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Enfatizó que los funcionarios de las FAES allanaron su casa dos veces más entre las 4:00 y las 6:00 am. Se llevaron teléfonos, dinero, comida y ropa de su hogar, aseguró la mujer.
El parte policial filtrado a la prensa señala que las víctimas pertenecían a una banda llamada “Los Colectivos del Plan”.
Una de las hermanas de dos de las víctimas aseguró que los funcionarios simularon el enfrentamiento y que torturaron a los hombres antes de ejecutarlos.
“Ellos sacaron a mis dos hermanos, les pusieron (las armas de fuego) por la cabeza y los tenían sentados en el piso del barrio con las cabezas tapadas por sabanas. Después subieron a los otros tres; empezaron a distribuirlos: dos para arriba, uno en la esquina y dos por allí abajo. Yo vi todo eso. Después de los disparos los tenían tirados”, denunció la familiar .
Luego de ejecutar a los ciudadanos, los funcionarios recogieron los casquillos de las balas, sacaron armas de sus bolsos y las colocaron en los alrededores, para luego tomarles fotografías, indican testigos.
La hermana de la víctima, quien no suministró su nombre, agregó que los funcionarios de las FAES fungieron como guías a los detectives del Cicpc para mostrarle las evidencias. “Dígame, ¿eso es ley? ¿Es autoridad? Ellos no eran ningunos malandros”, dijo.
