Según datos de la CIDH, 16 millones de personas ingresarían a condiciones de pobreza extrema como consecuencia de la pandemia, pudiendo afectar especialmente a las mujeres
Reporte Proiuris
Hay que asegurar la urgente implementación de políticas públicas orientadas específicamente a la protección de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (Desca) de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo de ingresar a dicha condición en el contexto de la pandemia COVID-19.
La advertencia de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) corresponde a su preocupación por el incremento sustantivo de la pobreza y de la pobreza extrema en la región debido a la pandemia.
“Hay que reforzar la vigilancia constante de su efectividad, el alcance de las mismas como la generación, movilización y distribución adecuada de recursos económicos con objeto de no incrementar la exposición a la vulneración de los derechos de estas personas y no dejarlas desamparadas”, agregó la CIDH.
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Según datos de la CIDH, durante el 2020 el número de personas viviendo en pobreza se incrementaría en casi 30 millones de personas y otras 16 millones ingresarían a condiciones de pobreza extrema como consecuencia de la pandemia, pudiendo afectar especialmente a las mujeres. “Asimismo, la tasa de desempleo se incrementaría significativamente con una estimación de 37,7 millones de personas desempleadas”, agregó la CIDH
La Comisión enfatizó que el incremento de las condiciones extremas que las personas en situación de pobreza y extrema pobreza tienen que verse forzadas a enfrentar niveles mínimos de subsistencia.
“Esta crítica situación tenderá a agravarse exponencialmente si los Estados no asumen desde ya políticas y decisiones claras que les permita garantizar sus DESCA. La propagación del virus en la región no sólo ha provocado una grave emergencia sanitaria en la que han perdido la vida miles de personas y más de un millón ha sufrido afectaciones a la salud; sino que también ha generado efectos económicos y sociales graves en la población, particularmente por los impactos negativos que tiene sobre el acceso al empleo en condiciones dignas, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre”, enfatizó la CIDH en su resolución.
La Comisión Interamericana recomendó a los Estados que deben incluir, expresamente, evaluaciones de impacto en los derechos humanos en sus decisiones económicas y estrategias de política fiscal. “En particular, las políticas fiscales, como herramienta para este fin, deban ser justas, progresivas y garantizar una redistribución equitativa enfocada en la realización de los derechos humanos”, se lee en el documento.
Recalcó que los Estados deben implementar medidas concretas, urgentes y transparentes dirigidas a cumplir la obligación de cooperar entre sí para salvaguardar la protección de los derechos humanos.
En cuanto a las respuestas de otros Estados para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH recomendó evitar debilitar directa o indirectamente las capacidades de respuesta. “Hay que asegurar que sus acciones, sea individualmente o como parte de instituciones internacionales, no causen daños fuera de sus territorios o violaciones de naturaleza transnacional sobre la realización de tales derechos”, agregó.
Enfatizó que se deben asegurar fondos suficientes para garantizar, sin discriminación el derecho a la salud de las personas y grupos en situación de pobreza y pobreza extrema en el marco de la pandemia, para priorizar la financiación de la salud pública.
“Intensificar los esfuerzos sobre la protección de los derechos al trabajo, la alimentación, el agua potable y las estrategias para el acceso a una protección social adecuada, incluyendo la posibilidad de una renta básica, que priorice la atención de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema”, explicó la CIDH.
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Debido a la pandemia causada por el COVID-19, el derecho a la educación de muchos niños, niñas y adolescentes, así como jóvenes universitarios, se ha visto vulnerado en gran medida, puesto que muchos Estados no tienen las herramientas para garantizar dar clases.
Ante la situación de muchos estudiantes, la CIDH señaló que se deben implementar garantías específicas sobre el derecho a la educación que considere la situación de las poblaciones que viven en la pobreza y la pobreza extrema, “teniendo en cuenta los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los mecanismos que disponen la provisión de enseñanza a distancia y acceso a Internet en el marco de la pandemia, y asegurando la regulación, fiscalización y rendición de cuentas de las instituciones educativas privadas”.
La falta de agua, viviendas dignas, y servicios básicos, especialmente en países latinoamericanos como Venezuela, cuyo estrago afecta a las familias en las barriadas pobres del país, también genero preocupación a los comisionados de la CIDH.
Según datos de la CIDH, 1 de cada 3 familias urbanas en América Latina viviría en viviendas de baja calidad. Por su parte, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de seis países de la región del Caribe alrededor de 10 millones de personas carecerían de vivienda adecuada en 2017, siendo el derecho a la vivienda una problemática arraigada en todo el continente.
En el documento hecho por la Comisión también enfatiza que los Estados deben adoptar medidas de emergencia que mitiguen los riesgos desproporcionales sobre el disfrute de los derechos a la vivienda adecuada, acceso a agua potable y saneamiento de las personas en situación de pobreza, en situación de calle y aquellas viviendo en asentamientos informales; “al mismo tiempo deben avanzarse acciones bajo un enfoque de derechos humanos que permitan asegurar soluciones duraderas para tales personas”.
