Los excesos en el uso de la fuerza por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado constituyen violaciones de los derechos humanos a la integridad personal y a la vida. Con la implementación de una política de “mano dura” por parte del Estado venezolano el incremento de las ejecuciones extrajudicial resulta alarmante.
La ejecución extrajudicial se define como el homicidio intencional cometido por un funcionario estatal mediante abuso del poder que le confiere el cargo para consumar el delito y, eventualmente, procurarse impunidad, o por particulares que actúan bajo su orden, complicidad o aquiescencia. Por la participación de un funcionario del Estado como agente activo del delito constituye una violación de derechos humanos, que es más grave y perniciosa cuando corresponde a un patrón de actuación recurrente.
El campo de investigación de Proiuris se amplía y cubre los estados Lara y Aragua, además de Caracas, regiones en las cuales se verificaron los patrones de actuación policial-militar excesiva identificados por Proiuris a través de investigaciones previas.
Para contrastar las versiones oficiales, Proiuris recabó las versiones de familiares y testigos a partir de una Guía de aproximación respetuosa a las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la cual sirve como pauta metodológica para la documentación de este tipo de violaciones de derechos humanos e incluye previsiones para evitar la revictimización.
Proiuris documentó de manera directa 155 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Caracas y los estados Aragua y Lara, entre el 1° de diciembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020. Destacan dos masacres y las actuaciones recurrentes de cinco cuerpos de seguridad de jurisdicción nacional: FAES, Cicpc, Conas, GNB y PNB, así como dos cuerpos de seguridad regionales: Policía de Lara y Policía del Municipio Sucre (estado Miranda).
Se detectó en este periodo de estudio que 71,61% de los asesinatos son cometidos por dos cuerpos de seguridad; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en primer lugar con 48,39 % de los casos, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crominalísticas (CICPC) en un segundo lugar con 23,22 % de los casos. Se evidenció un incremento sostenido de los casos perpetrados por el CICPC, desde diciembre de 2019 a mayo de 2020.
Con base en los 16 patrones de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado detectados por Proiuris y que demuestran la sistematización de este fenómeno, se corroboró la coincidencia del 80,05 % de los casos estudiados y en 6 de los patrones hay concordancia del 100 % (hombres jóvenes, zonas pobres, sin orden de allanamiento, presunto enfrentamiento, alteración de la escena del crimen e impunidad).
Proiuris también realizó un monitoreo de entorno sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela a partir de la revisión de reportes de prensa sobre actuaciones policiales y militares que concluyen en muertes. Se identificaron 1.083 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, según informaciones publicadas en medios de comunicación digital de 23 estados de Venezuela, entre el 1° de diciembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020.
A continuación el informe completo:
1. Reporte Ejecuciones Extrajudiciales_INFORME 2020 by Proiuris on Scribd
