“Me da mucho temor contagiarme, pero si no salgo no puedo comprar comida”, dice la caraqueña de 31 años de edad que huyó a Colombia hace tres años. La merma de sus ingresos le causó una pérdida mayor: la imposibilidad de enviarle dinero a sus padres en Venezuela
Reporte Especial Proiuris
Alicia Pepe
Venezolanas migrantes golpeadas por la pandemia (I)
Hasta el 27 de marzo de 2020, la caraqueña Yorley del Valle Villasmil llevaba tres años vendiendo café en las calles de Barranquilla para sostener a sus hijos Sebastíán, de 11 años de edad y Brayan José, de casi 4 años. Pero la cuarentena nacional obligatoria para prevenir la propagación de la COVID-19 vació las calles de la ciudad y la dejó sin trabajo, sin dinero, sin comida…
Redujo las raciones de alimentos, sustituyó la carne por los granos y ya no pudo enviar una remesa mensual a sus padres en Venezuela, precisa esta mujer de 31 años de edad que mantiene a su familia en Colombia y ayuda económicamente a la que dejó en Venezuela.
“Antes pagaba sola el alquiler, pero ahora mi comadre y su hijo se mudaron con nosotros para compartir los gastos entre las dos”, dice en referencia a un apartamento de dos habitaciones en el barrio La Pradera, al noroccidente de Barranquilla.
La joven teme engrosar la lista de aproximadamente 62.000 migrantes venezolanos que durante los últimos dos meses han regresado a Venezuela de manera forzada, tras quedarse sin medios para sobrevivir en Colombia.
La situación que ahora afronta Yorley en Colombia es parecida a la que la obligó a huir de Venezuela: angustia por no poder alimentar a sus dos hijos. Lo que ganaba en una cadena de supermercados de Caracas apenas le alcanzaba para comprar harina, arroz y un par de huevos al mes.
En mayo del 2017, cuando las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro cobraban más fuerza, Yorley, sus hijos y su pareja viajaron desde Caracas hasta la frontera de La Guajira. Cruzaron hacia Colombia por una trocha, pues ninguno tenía pasaporte.
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Han sido pérdidas sucesivas. Tuvo que suspender un curso de asistente administrativo y, en general, todos sus proyectos de formación profesional en procura de mayor autonomía económica.
Uno de los mayores desgarramientos tiene que ver con el vínculo con sus padres, el cual también se puede considerar a partir de dos momentos: la separación física, cuando migró por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela; y ahora, la imposibilidad de no poder enviarles dinero por la emergencia causada por la COVID-19 y los daños colaterales para muchos migrantes venezolanos en Colombia.
Sin embargo, Yorley se ancla en lo que aún tiene en Colombia, aunque sea poco: un techo y algo de comida. Dice que muchas otras migrantes venezolanas, que, como ella, sostienen sus hogares, no han podido cubrir sus necesidades básicas en medio de la pandemia.
Después de permanecer casi tres meses encerrada en casa, dos veces por semana sale a las calles de Barranquilla a vender “tinto”. Ahora lo hace “armada” con tapaboca y gel antibacterial. Son cuatro horas de exposición a una sensación térmica que supera los 30 grados centígrados y, sobre todo, al riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Más que por ella, teme por sus hijos.
“Me da mucho temor contagiarme, pero si no salgo no puedo comprar comida”, afirma en una mezcla de coraje y resignación. Se atreve a hablar en nombre de otras mujeres venezolanas que no han encontrado un empleo formal formal en Colombia, “ya sea porque no tenemos documentos legales en Colombia o porque no tenemos quien nos cuide nuestros hijos”, explica.
Cuando llegó a Barranquilla, Brayan, el menor de sus hijos, tenía 9 meses de edad y estaba desnutrido. “Nos afectó mucho la situación económica en Venezuela. Durante el embarazo yo me compliqué, porque a veces había para comer y a veces no. Por eso el niño nació con desnutrición”.
Como el padre de Brayan tiene nacionalidad colombiana, el niño pudo ser registrado en el sistema de salud pública de Colombia y comenzó a recibir un tratamiento de recuperación nutricional, en una casa hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Desafortunadamente, la condición migratoria de Sebastián, su hijo mayor, es menos favorable que la de su hermano, pues al no tener Permiso Especial de Permanencia (PEP) está excluido del sistema de salud público y de los programas de asistencia social que ofrece el Estado colombiano. Yorley se persigna y mira al cielo: “Gracias a Dios nunca se me ha enfermado”.
Cabezas de familia
Yorley y sus hijos son parte de los 98.645 venezolanos y venezolanas que residen actualmente en Barranquilla, la tercera ciudad colombiana que concentra el mayor número de migrantes (después de Bogotá y Cúcuta), según indica el informe de Migración Colombia al 31 de marzo de 2020.
Ella forma parte de ese 40 % de mujeres que la fundación De Pana Que Sí caracteriza como madres cabeza de familia: mujeres que subsisten en la economía informal, ya sea vendiendo tintos (café) o golosinas, como meseras, peluqueras o trabajadoras en condición de prostitución, precisa el presidente de esta ONG, Thailer Fiorillo. “Al no tener una identificación válida, no pueden acceder a la protección que ofrece Colombia”, explica.
La aseveración de Fiorillo coincide con un estudio realizado en 2019 por el Observatorio Migración Venezuela: 89,3% de los migrantes en Barranquilla dijo no ejercer su profesión por carecer de los permisos legales requeridos. De ellos, 72 % calificó como “muy difícil” obtener tales permisos, porque no tienen pasaporte venezolano.
La pandemia aumentó el relieve de las dificultades para sobrevivir que estas mujeres afrontan a diario en una ciudad en la que la informalidad laboral entre la población de acogida (colombianos) constituye 53 %, en contraste con 90 % correspondiente a las personas migrantes en la misma condición.
Esta realidad preocupa a Fiorillo, pues aquellas migrantes venezolanas que estaban en situación de vulnerabilidad, ahora están peor. “Con apoyo de la alcaldía y de otras entidades hemos entregado mercados y kits de aseo, pero sabemos que no es suficiente”.
Zuneyka González, fundadora de Mujeres sin Fronteras, una organización que trabaja con las mujeres migrantes del barrio barranquillero La Playa, suma otro problema: la depresión y la ansiedad que sufre la mayoría, por no saber cómo conseguir el alimento para sus hijos ni pagar el alquiler de las viviendas que ocupan. Se atreve a asegurar que “esta pandemia dejará secuelas psicológicas en ellas, ya que tampoco tienen una tribu de familiares o de amigos que las apoye aquí”.
En el caso de Yorley y de las migrantes venezolanas que salen a la calle a trabajar en procura del sustento diario, en contravención de las medidas de confinamiento, el riesgo de contraer COVID-19 y transmitírselo a sus hijos es una presión adicional.
“Hay madres migrantes que viven solas con sus hijos en el país y en caso de que contraigan la COVID-19 y mueran, no hay rutas de protección de derechos para esos niños que quedarían huérfanos”, advierte Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario.
Fomentar el emprendimiento
A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano en crear mecanismos de regularización de la situación migratoria de las personas venezolanas, como el PEP tradicional (al que solo se accede con pasaporte), el representante de De Pana que Sí, cree que es necesaria una nueva jornada de Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (PEP-RAMV). A través de esta segunda opción, todas las personas podrían regularizar su situación migratoria, solamente con presentar su cédula de identidad o partida de nacimiento venezolana. De esta forma, se superaba el obstáculo de no poseer pasaporte venezolano.
La primera y única jornada de ese Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos se hizo a mediados de 2018. Yorley logró obtenerlo luego de pasar días intentando registrarse, pero no lo logró para Sebastián, su hijo mayor.
“Los funcionarios me dijeron que él debía estar presente para censarse, a pesar de que mostré todos sus documentos”, recuerda la joven, que todavía no ha podido encontrar un empleo formal con este PEP.
Pilín León, presidenta de la asociación Venezolanos en Barranquilla, junto con la Coalición Venezuela, una plataforma que agrupa a varias ONG ocupadas de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, apuesta por el emprendimiento.
“Creemos que es necesario que la cooperación internacional desarrolle planes de apoyo al emprendimiento. Hay cosas que las migrantes saben hacer muy bien: costura, comidas rápidas, peluquería y bisutería”, explica.
Esto podría ser una opción en un escenario postpandemia, indica León: “Las comunidades de acogida van a tener los mismos problemas que la población migrante en materia de empleabilidad y podemos pensar que se va a emplear primero a los nacionales y luego a los migrantes”.
La vocera de Mujeres sin Fronteras coincide en que debe fomentarse la creación y consolidación de productivas para que estas mujeres se reinventen y desistan de la idea de retornar a Venezuela.
Mujeres como Yorley del Valle Villasmil estarían agradecidas. “Mi petición es recibir algún tipo de apoyo, por ejemplo crear un emprendimiento de comida, para seguir echándole piernas y sacar a mis hijos adelante”.
