Los esposos Deyanid Portilla y Jesús Rosales migraron a Colombia por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La COVID-19 los obligó a regresar a pie. La xenofobia les causó tanto dolor como la hinchazón de sus pies
Reporte Especial Proiuris
Anggy Polanco
Huyeron a Colombia y retornaron a Venezuela por las mismas razones: se quedaron sin empleo y oportunidades de llevar una vida digna en la tercera edad. Huyeron dos veces: de Venezuela por la emergencia humanitaria compleja y de Colombia por los estragos de la COVID-19.
Deyanid Portilla, de 57 años de edad, todavía tiene las marcas que dejaron en sus pies 14 días de caminata desde Colombia en un repentino retorno a Venezuela, junto a su esposo Jesús Rosales, de 63 años. Las otras marcas se van develando en el relato de la pareja que, amablemente, abrió las puertas de su casa a Proiuris.
Vivían en Puerto La Cruz. Jesús es electricista y trabajaba para las contratistas de Pdvsa. Fue perdiendo oportunidades de trabajo al mismo ritmo del descalabro de la industria petrolera y, en general, de la economía en Venezuela. En 2019 la situación era insostenible y la pareja ya no tenía ingresos para lo más esencial: la comida y los medicamentos que necesita su esposa Deyanid para controlar problemas respiratorios y de tensión arterial. Hicieron contacto con familiares y amigos que ya habían migrado a Colombia y decidieron probar suerte allá.
Obtuvieron el carnet fronterizo y en octubre de 2019 cruzaron por el puente Internacional Simón Bolívar. Sin pasaportes llegaron hasta Bucaramanga, donde permanecieron un mes laborando en una finca. Luego siguieron rumbo a la localidad de San Gil, una pequeña ciudad al nororiente de Colombia que atraviesa el río Fonce.
Ambos consiguieron empleo en una finca de producción agrícola: él como administrador y ella como cocinera. Allí tenían garantizada la comida y podían destinar sus sueldos a cubrir otras necesidades.
“A mí me encantaba la vida tranquila que llevábamos en esa finquita. Si no había arroz o pasta, de los conucos se sacaba yuca o plátanos. Habían gallinas y podíamos comer huevos. Con el salario que ganábamos nos alcanzaba para comprar medicinas. Yo dependo de un nebulizador y allá se conseguía”, destaca Deyanid en referencia a la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela.
Y llegó la pandemia
Con la emergencia que causó la COVID-19, la situación de los migrantes venezolanos en Colombia se complicó: disminuyeron las manifestaciones de solidaridad y, por el contrario, resurgieron expresiones de xenofobia.
Deyanid y Jesús sintieron que el venezolano era más despreciado que el coronavirus y como muchos otros migrantes se quedaron sin empleo y, consecuentemente, sin casa. Se acabó la cosecha de café y cacao y tuvieron que abandonar la finca donde trabajaban.
Jesús recuerda el comienzo de la odisea: “Nos quedaba poco dinero. Optamos por irnos al pueblo, a ver qué pasaba. Pero todo fue empeorando. Llegamos al punto de que los negocios no le vendían a los venezolanos. En San Gil comenzaron a sacar a los venezolanos con sus enseres. Le dije a mi señora la opción es irnos porque nos va tocar mendigar, vayámonos con tiempo”.
Jesús y Deyanid se sumaron a los centenares de migrantes venezolanos que, espantados por las secuelas de la COVID-19 y totalmente depauperados, decidieron retornar a Venezuela a pie. El retorno sería más calamitoso que la huida. Jesús y Deyanid se sumaron a la legión de los llamados caminantes.
“En el camino conseguimos mucha gente: familias, niños, algunos de los cuales llevaban carretas improvisadas. Conseguimos gente que venía de Ecuador a pie”, recuerdan.
El primer trecho a recorrer era de 98,4 kilómetros, de San Gil a Bucaramanga. Pasaron por un pueblito llamado Curití, donde se detuvieron para descansar en un alero. Estaban extenuados y fueron presa fácil de los “hinchas” (como llaman a los delincuentes en esa zona de Colombia), que les robaron sus dos maletas y, un teléfono.
Luego de perder todas sus pertenencias, solo había una opción: seguir caminando a orilla de carretera. Perdieron la noción del tiempo y pernoctaban donde los agarrara la noche, incluso en el monte.
En la localidad de Aratoca (municipio del departamento Santander) la hostilidad provino de agentes del Estado colombiano. Un pelotón de policías les impidió el paso. Se tuvieron que concentrar en el Parque Nacional Chicamocha, donde Deyanid y Jesús se unieron a otros caminantes que retornaban a Venezuela.
Más adelante les permitieron usar las mangueras de un autolavado para bañarse. La dificultad del próximo tramo se podía colegir por el nombre de la zona: Pie de Cuesta. Las fuerzas de Deyanid se agotaron y en la vía sufrió varios desmayos.
La pareja y otro migrante con rumbo a Venezuela abordaron un taxi, que les cobró 20.000 pesos hasta Pie de Cuesta. Al llegar allí otros policías les dijeron que no podían estar juntos como medida de prevención del coronavirus. Un par de horas después siguieron su rumbo. Por suerte, encontraron una unidad de transporte público que les cobró a cada uno 2.500 pesos por trasladarlos hasta Bucaramanga, a un kilómetro de Parque del Agua.
“Leíamos en Facebook que en Bucaramanga maltrataban a los venezolanos y por eso veníamos preocupados. Era una carretera angosta, sin casas a los lados. En esa vía 300 personas dormimos a la intemperie, uno al lado del otro, haciendo una larga fila. La gente pasaba y nos regalaba bolsas de pan. Pero una vez tuvimos que rogar que nos dejaran tomar agua en una estación de gasolina”, recuerda Jesús.
En grupos salían a pedir verduras para hacer sopa en fogones improvisados. Un habitante de la zona del poblado les cobraba 2.000 pesos por el uso del baño. Deyanid se puso a revender cigarrillos en la vía para reunir dinero y poder pagar el servicio. Tres días pasaron allí, una de las noches bajo un aguacero, como los pájaros cuando llueve.
Ya sin dinero y con el asedio de los policías, que les exigían el desalojo del Parque del Agua, la multitud de caminantes protestó. El reclamo surtió efecto y les permitieron pernoctar afuera del parque. Allí pasaron tres días más, bajo un gran cambuche construido con plástico.
Deyanid lideró las protestas. Se comunicó con Radio Uno, una emisora local, y denunció los atropellos que estaban sufriendo. Otros medios de comunicación se acercaron al lugar y también reseñaron las denuncias. Los caminantes venezolanos pedían ayuda para proseguir la ruta de retorno a Venezuela; que les facilitaran unidades de transporte público que los movilizara desde Bucaramanga hasta Cúcuta.
De rodillas, Deyanid entonó el Himno Nacional de Venezuela frente a las cámaras de televisión. La ayuda llegó a las 8:00 p.m.: comida y luego autobuses donde se movilizaron las primeras 200 personas, entre ellos niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Cada quien pagó su pasaje.
Un regreso que no es irreversible
Emprendieron el viaje hacia la frontera con Venezuela. En el Peaje Las Acacias los autobuses permanecieron detenidos durante seis horas, pues los refugios del lado venezolano ya estaban copados.
Para evitar aglomeraciones, los migrantes hacen el cruce fronterizo en grupos reducidos. Los examinan médicos en el Corregimiento La Parada y les brindan alimentos. Luego cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar, en cuya margen venezolana son recibidos por personal del Saime. Se chequea su identificación y si tienen antecedentes penales. Además, se les practican test rápidos de despistaje de COVID-19.
Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2019 Colombia acogía aproximadamente 1,3 millones de venezolanos y venezolanas. Al 19 de mayo de 2020, según registros del gobierno venezolano, 48 mil habían retornado, procedentes de varios países de América Latina. Las estadísticas oficiales inidcan que 620, es decir 1,3 % dieron positivo a la COVID-19.
“Gracias a Dios ese día ninguno salió positivo, porque si no nos envainamos todos. De ahí nos llevaron al terminal de San Antonio y entendimos la razón de la espera. Ahí había más de 4.000 personas, todos esperando para pasar a un refugio donde hay que pasar un tiempo de cuarentena. No había más opciones; íbamos a sufrir otro poquito, pero en otras condiciones”, contó Deyanid.
Recuerda que donde estuvieron recluidos la tensión era permanente: “Los nervios no cesaban, porque allí hay gente buena y gente mala”. Agrega que no había cabida para pudores: “Todos nos teníamos que bañar con una manguera en un patio. Algunas mujeres se fastidiaban y se desnudaban frente a todos”.
Según los protocolos epidemiológicos establecidos por las autoridades de Venezuela, los que ingresan al país deben cumplir un confinamiento de 15 días en Puestos de Atención Social Integral (PASI), que ya suman 73 en todo el país. En la frontera, los PASI son espacios de escuelas, liceos e instalaciones deportivas, cuyas condiciones son calificadas como deplorables por muchos de los migrantes.
A los dos días siguientes fueron llevados a un Puesto de Atención Integral en Tienditas, luego de que lo desalojaron y lo desinfectaron. Allí permanecieron 14 días.
Luego fueron desplazados al refugio de Pueblo Nuevo en San Cristóbal. Los organizaron por regiones y un representante de un consejo comunal de la localidad los recibió y los llevó hasta la puerta de la casa de la mamá de Jesús, con la exigencia de permanecer siete días más encerrados.
A un mes de haber retornado, Deyanid y Jesús permanecen en cuarentena en casa de sus más cercanos familiares en San Cristóbal. Por lo pronto, no han hallado empleos que les permitan sustentarse. Les preocupa ser discriminados.
A ambos les sorprende la dolarización de la economía venezolana y el aumento de los precios. No saben cuál será su futuro próximo, pero no descartan volver a Colombia cuando la COVID-19 deje de ser una amenaza de muerte.
