La Comisión Interamericana advirtió que ha dado seguimiento especial a la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela y recordó que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de esta población
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este lunes 18 de mayo su llamado al Estado venezolano a realizar una investigación exhaustiva por la muerte de 47 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de los Llanos «Cepella» en el estado de Portuguesa.
El organismo insistió en señalar que el Estado debe iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
En los hechos ocurridos en el Cepella el 1 de mayo se evidencian patrones de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que apuntan a la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
La versión oficial indica que se trató de un enfrentamiento de los reclusos con funcionarios. Sin embargo, se supo que se trató de un motín por parte de los reos para exigir la entrada de los alimentos que les llevan sus familiares y mejores condiciones sanitarias, a propósito de la COVID-19.
«Como consecuencia de hechos violentos que siguieron a las protestas, al menos 47 personas privadas de libertad habrían perdido la vida y 75 habrían resultado heridas; entre ellas, al menos dos funcionarios penitenciarios. La Comisión reitera su condena a estos lamentables hechos», se lee en el comunicado.
El organismo internacional aseguró, mediante su comunicado de prensa, que ha dado seguimiento especial a la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela y ha llamado al Estado a garantizar los derechos de esta población.
En particular, la CIDH destacó que, de conformidad con los Principios y Buenas Prácticas de la CIDH sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, el Estado venezolano tiene el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.
La institución también instó a que el gobierno de Nicolás Maduro adopte aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención.
Sin registros
Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó para Proiuris que, de acuerdo con fuentes internas del Cepella, no existe un registro de los privados de libertad que se encontraban dentro del penal, el cual albergaba a aproximadamente 2.500 presos, aunque solo tiene capacidad para 750 personas.
Lea también: Masacre de Guanare: 21 de los 47 presos asesinados fueron enterrados en fosas comunes
Hasta la fecha, 19 de mayo, las autoridades penitenciarias o gubernamentales no han suministrado una lista con todos los fallecidos en esta masacre.
“Muchos de los familiares vieron como los acribillaban en la puerta del penal. Aun así, las versiones oficiales se empeñan en calificar el hecho como un motín armado. Adentro las personas se morían de hambre”, señaló.
¿Cuáles fueron las acciones del Estado tras el hecho?
Transcurrieron 12 días para que Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, se pronunciara sobre los hechos. Informó la evacuación total del recinto carcelario ubicado en Guanare, estado Portuguesa. Agregó que posteriormente se implementará un “nuevo régimen penitenciario” en el lugar.
“Ya está todo el dispositivo y el operativo a punto, esperando solamente que se llegue la hora acordada para iniciar la evacuación de los privados de libertad”, dijo la ministra, quien no dio detalles sobre el nuevo lugar de reclusión de los internos.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, informó el pasado miércoles 13 de mayo que el Ministerio Público imputó a 10 personas por la matanza de los 47 privados de libertad, entre ellos el director del penal y cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, la Fiscalía también acusó a cuatro reclusos por lo que ocurrió en el Cepella. Hasta ahora las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre el “nuevo régimen penitenciario” que se aplicará en el establecimiento penitenciario.
