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Lara: 93 ejecuciones extrajudiciales en menos de 5 meses / Webinar

La impunidad en Lara fue el tema central en el debate promovido por la ONG Proiuris durante su seminario virtual. Uno de los modus operandi de las fuerzas de seguridad del Estado es sacar a las familias de sus casas para que no sean testigos de los asesinatos
Reporte Proiuris

93 ciudadanos han sido asesinados a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en Lara desde diciembre de 2019 hasta la primera semana de mayo de 2020, según la documentación de ejecuciones extrajudiciales que desarrolla Proiuris.

El alarmante registro fue el punto de partida del webinar “Lara: El extremo de las ejecuciones extrajudiciales”, organizado por Proiuris y realizado este lunes 11 de mayo de 2020, vía Zoom Metting.

Proiuris precisó que 43 % de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Lara son atribuidas a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Karina Peraza, investigadora de la ONG en el estado Lara, explicó que la mayoría de los casos tienen lugar en el municipio Iribarren, con 34 % de los casos documentados.

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“El patrón usado por la policía es ejecutar a los hombre jóvenes, no mayores de 28 años, que viven en zonas populares”, explicó.

Peraza describió que uno de los modus operandi de las fuerzas de seguridad del Estado es sacar a las víctimas de sus casas, para que sus familiares no sean testigos de los asesinatos.

“Las sacan de la casa y las dejan en sitios lejanos. En muchos casos les ha tocado regresarse a pie. Suele ocurrir que las personas asesinadas permanecen desaparecidas por tiempo indefinido hasta que sus familiares encuentran los cadáveres en la morgue»,indicó Peraza.

«Otro patrón de actuación policial recurrente es el uso de los antecedentes penales de las víctimas como argumento para tratar de justificar las ejecuciones. También ha habido casos de extorsión por parte de la policía contra las personas que habían salido recientemente de la cárcel”, señaló la investigadora de Proiuris en Lara.

El sacerdote Alfonso Maldonado, vicario de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, explicó que los atropellos por parte de los funcionarios del Estado no son novedad en Venezuela. “Anteriormente, durante la época democrática, en los años 90, los excesos policiales también figuraban como parte de los patrones para cometer ejecuciones extrajudiciales”, puntualizó.

Quieren justicia

Sulay Rodriguez, víctima sobreviviente, relató cómo funcionarios de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), le arrebataron a cinco miembros de su familia

: Jhon Williams Linares Rodríguez y Yoember José Linares Rodríguez; a su esposo William Antonio Linares, y a dos de sus sobrinos.

La tragedia de esta familia larense comenzó en septiembre de 2018. En un supuesto enfrentamiento con funcionarios de las FAES, en la avenida Circunvalación Norte, fueron asesinados su esposo William Linares, su hijo Yoember Linares y su sobrino Royer Aparicio.

En enero de 2020, la violencia policial le llegó más cerca, a su propiacasa, ubicada en el sectro Las Tinajitas, en Barquisimeto. Funcionarios del CICPC irrumpieron en la vivienda y sometieron al hijo que le quedaba, Jhon Linares , y a otro de sus sobrinos, Carlos Rodríguez. Luego, sacaron a los dos primos de la casa y los asesinaron

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“Nosotros nunca denunciamos la primera vez que la policía nos mató a parte de nuestra familia. No me atrevía por miedo. Ahora, a tres meses de la muerte de mi hijo y mi sobrino, queremos que se haga justicia”, sostuvo.

Aseguró que no han tenido respuesta por parte de los fiscales del Ministerio Público desde que se impuso la denuncia, antes de la cuarentena por la COVID-19.

“Ahora es que me estoy movilizando. Son cinco muertos en mi familia y todavía tengo hermanos y sobrinos. Tememos por sus vidas”, reveló Rodríguez.

Edwin Gil, coordinador del departamento Legal de Proiuris, dijo que la actuación por parte de los fiscales del Ministerio Público deja mucho que desear, debido a la falta de atención hacia las víctimas sobreviviente de las ejecuciones extrajudiciales en Lara.

“Lara es una zona que ha arrojado datos importantes en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Es una realidad difícil, existe un descontrol total por parte de las fuerzas del Estado, que cada día es más arbitraria”, señaló.

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Recalcó que las víctimas en Lara están expuestas a la impunidad y la desidia del Estado. “Las víctimas sienten miedo, debido a que el Ministerio Público en Lara no responde a las peticiones. Hasta el momento no hemos recibido respuestas de las autoridades”, sostuvo.

Edgar López, asesor editorial de la ONG Proiuris, cerró el debate al señalar que los cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela no cumplen con los protocolos nacionales e internacionales sobre el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza.

“ La eventual simpatía con las políticas de mano dura que intentan justificar el exterminio de supuestos delincuentes se acaba cuando la brutalidad policial se acerca a nuestro entorno”, advirtió López.

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