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CIDH denuncia tortura y tratos crueles contra civiles, militares detenidos y presos políticos

Represión Venezuela
La Comisión advierte que quienes hacen política y son identificados con la oposición, así como periodistas, se enfrentan constantemente a actos de persecución y hostigamiento. Tales prácticas también son dirigidas a profesionales de la salud y personal docente

Reporte Proiuris

Erick  S. González Caldea

“La CIDH observa que en Venezuela se practican torturas y tratos crueles de forma sistemática contra las personas civiles y militares privados de la libertad”. Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe publicado este 8 de mayo tras su visita a la frontera colombo-venezolana realizada entre el 5 y 8 de febrero de 2020, para monitorear la situación de derechos humanos en el país, luego que el gobierno de Nicolás Maduro negara a la organización la entrada a Venezuela.

La organización explicó que “los testimonios recogidos sugieren que existe un particular ensañamiento y crueldad en contra de los militares señalados de ser desertores o traidores. Dichos hechos constituyen graves afectaciones a los derechos a la libertad e integridad personal, así como un incumplimiento a la prohibición de la tortura reconocida ampliamente en el derecho internacional de los derechos humanos”, condenó la CIDH en su informe.

La Comisión destacó el incumplimiento del Estado a sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad y acceso a la justicia derivadas de la situación de impunidad en que se mantienen graves hechos denunciados como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias.

La CIDH también denunció que en el país las fuerzas de Estado recurren a la tortura para castigar a los presos políticos y otros disidentes del gobierno de Nicolás Maduro.

“La Comisión concluye que el Estado venezolano ha vulnerado sistemáticamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de su respuesta a las manifestaciones, protestas sociales y expresiones de disenso que han ocurrido en el país”.

En el documento hizo 45 recomendaciones al Estado venezolano en materia de protección de los derechos humanos de los ciudadanos, así como medidas para garantizar la protección efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad.

La Comisión enfatizó que el Estado debe permitir a la Comisión a realizar una visita in loco a la mayor brevedad, en la que se pueda verificar la situación de los derechos humanos en el país.

En cuando a la seguridad ciudadana y las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país, recomendó al Estado asegurarse de hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas; e iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público sobre hechos relativos al posible uso excesivo de la fuerza.

“Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas y grupos civiles armados en tareas de seguridad ciudadana. En casos excepcionales en que miembros de las fuerzas armadas participen en acciones de orden público, de competencia de la policía, deberán subordinarse a la autoridad civil”, señaló.

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“La CIDH reitera que Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de estado de derecho. La Comisión observa que el Estado no ha adoptado medidas decididas para revertir esta situación, lo que ha profundizado la crisis y, por ende, los desafíos para superarla”, se lee en el informe.

La organización considera que la crisis humanitaria constituye un factor determinante del desplazamiento de miles de ciudadanos venezolanos. “El deterioro de la situación ha conducido a que más de 4.9 millones de personas venezolanas haya abandonado su país en los últimos años”, sostuvo.

La CIDH estima aún más alarmante la falta de respuesta del Estado venezolano conforme a sus obligaciones internacionales. “Consecuentemente, la Comisión determina que tales acciones tendrían una afectación directa y sistemática, en el derecho a la salud, la alimentación y el derecho humano al agua, particularmente en lo relacionado con el servicio de agua potable y saneamiento”, señaló.

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Además, advierte que las personas que hacen política y son identificadas con la oposición, así como las y los periodistas, se enfrentan constantemente a actos de persecución y hostigamiento; “éstos incluyen la inobservancia de las garantías judiciales que asisten a cualquier persona. Tales prácticas también son dirigidas a profesionales de la salud y personal docente, que se manifiestan en contra del gobierno o para una mejora en la garantía de los derechos humanos de la población”.

Medidas cautelares

La Comisión Interamericana denunció la falta de compromiso por parte del Estado venezolano para hacer cumplimento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en defensa de los derechos humanos.

“Persiste el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de las y los pacientes del Hospital JM de los Ríos y de la Maternidad Concepción Palacios. Esta situación afecta particularmente a mujeres con cuadros de desnutrición, mujeres embarazadas y neonatas y neonatos, lo cual constituye una violación de sus derechos a la vida y la integridad personal así como a la salud reproductiva”, señaló.

Dar cabal cumplimiento a las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con las obligaciones emanadas de la Carta de la OEA”, recomendó la CIDH al Estado.

Administración de Justicia e Independencia Judicial

La Comisión enfatizó que el Estado Venezolano debe adoptar medidas urgentes para reducir significativamente el número de juezas y jueces provisorios y aumentar el de titulares; “…(ii) evitar que, incluso teniendo carácter provisorio, las juezas y jueces solo sean removidos mediante un proceso disciplinario respetuoso de las garantías del debido proceso, y especialmente, del deber de debida motivación; y (iii) otorgar garantías para su estabilidad en el cargo”.

Detalló que las autoridades deben asegurar que los procedimientos de selección y nombramiento de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia incluyan la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos.

“Tomar las medidas necesarias, incluyendo de índole legislativa, para que civiles no sean investigadas, procesadas y/o juzgadas por la jurisdicción penal militar, y de ser el caso, reconducir procesos en curso a la vía ordinaria”, se lee en las recomendaciones.

Derechos Políticos y Participación en la Vida Pública

Otra de las recomendaciones que hizo la CIDH al Estado venezolano, fue abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas las garantías del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad judicial. Esta es otra de las recomendaciones señaladas por la CIDH que el Estado venezolano debe cumplir, tras las denuncias hechas sobres las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas en el país.

“Remover los obstáculos normativos para el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, en particular, a través de la eliminación de la exigencia de una autorización previa para la realización de manifestaciones”, sostiene el documento.

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Además, advierte que el Estado debe tomar medidas de distinta índole, incluyendo normativa, para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales, así como establecer lineamientos que garanticen el uso de armas menos letales.

“Realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes a las muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables y a obtener las medidas de reparación correspondientes a las víctimas y sus familiares”, incluye el informe.

Informe completo

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