En el contexto de la emergencia por la COVID-19, la protección internacional es aún más necesaria para que los migrantes venezolanos que están retornando al país tengan acceso a la alimentación y a la salud
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Miles de venezolanos que huyeron por la emergencia humanitaria compleja en el país están retornando en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Muchos regresan como se fueron: caminando
En Colombia abundan los casos de migrantes venezolanos que fueron desalojados de las residencias donde vivían alquilados por no poder pagar el arrendamiento, luego de haber perdido sus fuentes de ingresos, sobre todo cuando se trata de personas dedicadas a la economía informal.
En municipios fronterizos como Pamplona y Cúcuta se ordenó el cierre de comedores y albergues y desalojaron a las personas que allí se hospedaban por no poder garantizar las condiciones sanitarias para evitar el contagio del nuevo coronavirus.
Además, a partir del cierre de todos los pasos fronterizos desde el 14 de marzo, la Alcaldía de Pamplona habilitó a la policía para impedir el ingreso y permanencia de migrantes en situación de irregularidad. Según denuncias recabadas por la Red Humanitaria de Caminantes, un grupo de organizaciones no gubernamentales y voluntarios,, la medida condujo a un trato abusivo por parte de la policía.
“Detuvieron los buses que ingresaban al municipio, verificaron documentación, bajaron a todas las personas en condiciones migratorias irregulares y las obligaron a volver caminando a Venezuela por el Páramo de Berlín”, es el relato recogido por esta organización.
El 7 de abril la gobernación de Norte de Santander, en Colombia, reveló que desde el 14 de marzo habrían retornado al menos 30.000 personas a Venezuela.
Ante esta situación, la ONG Coalición por Venezuela emitió un comunicado, a través del puntualizaron: “es irresponsable y riesgoso promover y patrocinar retornos de migrantes a Venezuela, más aún en la actual condición de vulnerabilidad que padece esta población, a la cual no se garantiza el acceso a derechos fundamentales como la salud y la alimentación”.
En casos de pandemia, los Estados deben garantizar que los protocolos de atención ajustados al respeto de los derechos humanos. Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a la frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades.
También puedes leer: CIDH exige mayor protección a migrantes y refugiados en el contexto de la COVID-19
La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que, en situaciones como la que se vive en todo el planeta por la COVID-19, la población migrante y refugiada es la más vulnerable, no solo porque es la más expuesta al contagio y transmisión de enfermedades, sino porque el acceso a servicios para otro tipo de afecciones se interrumpe, ya que los sistemas de salud se desbordan y la capacidad de los gobiernos locales es muy limitada.
Por ello, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió unas directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por la COVID-19.
“La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo”, es la exigencia de los expertos de la ONU ante la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
Los gobiernos también deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a la alimentación y viviendas adecuadas, situación que no se ha cumplido en los albergues improvisados que han impuesto las autoridades venezolanas.
Los centros dispuestos para el alojamiento temporal no cuentan con las condiciones básicas ni estándares para la atención de personas que regresan al país en condición de alta fragilidad física y emocional. El confinamiento en estructuras improvisadas, y que ha sido impulsado por el Estado venezolano, es indiscriminado por lo que bebés, personas mayores y adultos son obligados a pasar hasta más de 14 días bajo condiciones inhumanas aun cuando han dado negativo a la pruebas por Covid-19.
Asimismo, los migrantes que retornan denuncian que no se les garantiza una alimentación adecuada y balanceada. Tampoco cuentan con el apoyo de sus familiares debido a que los centros de alojamiento temporal son custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes impiden, incluso, el acceso de productos de aseo personal.
Muchos venezolanos desconocen cuáles son sus derechos. Quienes sí los conocen suelen tener que enfrentar muchos obstáculos para hacerlos valer. Es importante que tanto el Estado venezolano como el colombiano permitan que las organizaciones de apoyo internacional puedan constatar las condiciones de los migrantes para la garantía de los derechos humanos en una situación de emergencia mundial.
