Naciones Unidas recordó al Estado venezolano que el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno es un derecho clave en estos momentos
Reporte Proiuris
La emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los derechos humanos. Así lo denunció la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de un comunicado, publicado este jueves 30 de abril, sobre los ataques contra los trabajadores del sector salud, la prensa y defensores de los derechos humanos en Venezuela.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también alertó sobre un aumento significativo en las violaciones de los derechos, amenazas y ataques contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, por parte de funcionarios del Estado, así como de representantes del gobierno de Nicolás Maduro durante la cuarentena por la COVID-19, implementada desde el 13 de marzo de 2020.
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«Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser un aumento de la estigmatización, los ataques y la criminalización de defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo «, se lee en el comunicado.
La ONU recordó al Estado venezolano que el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno es un derecho clave en estos momentos.
“Las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias en contra de los profesionales de la salud, comunicadores sociales y quienes utilizan las redes sociales para brindar información y alertar a la población sobre la pandemia.
Desde la instauración de la cuarentena para prevenir la pandemia de la COVID-19, el ataque a los periodistas y defensores de los derechos humanos en el país aumentó. Casos como el del periodista Darvinson Rojas, detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, alertaron a la comunidad internacional, debido a que su detención se originó por publicar información relacionada con la pandemia.
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«Nos preocupa aún más el efecto disuasorio que esto puede tener en la legítima labor de defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19 y durante un año electoral, cuando el ejercicio de la libertad de expresión e información es esencial», detalló la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Los expertos aseveraron que el apoyo público sin discriminación a quienes defienden los derechos humanos y periodistas es vital para permitir la promoción y protección de los derechos humanos.
«Instamos al gobierno de Venezuela a promover espacios de diálogo, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con los derechos humanos y a no adoptar una legislación que restrinja aún más la libertad de asociación, a través de sanciones a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación internacional», señalaron.
