La pandemia de Covid-19 en el país se suma al incremento constante y acelerado de los precios, lo que ha llevado a que 59 % de los hogares no cuenten con ingresos suficientes para comprar comida en medio de regulaciones y escasez
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Este lunes 27 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el segundo aumento del salario mínimo durante 2020: de 250.000 bolívares pasó a 800.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 4 dólares.
Con una inflación de 124% en los primeros tres meses del año, según el Banco Central, el incremento es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.
De acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) el monto necesario para cubrir los gastos de la Canasta Alimentaria fue de Bs 19.156.813,68 durante el mes de marzo. El monto calculado por el Cenda equivale a 236,66 dólares, lo que implica que una familia requiere casi 60 salarios mínimo para poder adquirirla.
De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, este salario debe guardar relación con la canasta básica. Por tal motivo, en el país no se aplica el concepto de “salario vital”, término también utilizado para definir el salario mínimo, el cual debería garantizar condiciones básicas de vida a los trabajadores.
“…Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El Estado garantizará a los trabajadores y a las trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una referencia el costo de la canasta básica…”.
En una encuesta realizada a través de las redes sociales de Proiuris, 28 personas aseguraron que el nuevo monto del salario mínimo no es suficiente para cubrir sus necesidades durante la cuarentena. Asimismo, los ciudadanos indicaron, a través de otra encuesta, que el salario base solo alcanza para adquirir un solo producto de la canasta básica.
Un venezolano que adquiera el salario mínimo mensual debe trabajar al menos 34 días para comprar un cartón de huevos, el cual tiene un precio de hasta 900.000 bolívares en la mayoría de los supermercados de Caracas. Por otra parte, un ciudadano solo podrá acceder a un kilo de pollo, el cual tiene un costo de 380.000 bolívares, mientras que proteínas como la carne superan los 800.000 bolívares, es decir, más de un salario mínimo.
El pasado 25 de abril, Tareck El Aissami informó que se publicaría en Gaceta Oficial la lista definitiva de los 27 productos alimenticios regulados. Argumentó que los precios acordados tienen la finalidad de “proteger a los venezolanos de la usura y la especulación”.
A pesar de esto, expertos han alertado que la aplicación de la venta supervisada de productos traerá el desabastecimiento de los alimentos que sean objeto de la regulación, situación que afectará de forma directa a la ciudadanía.
Esta decisión, a juicio del economista Asdrúbal Oliveros, tendrá como consecuencia la creación de mafias que se beneficiarán con la venta de los alimentos regulados, tal y como sucedió en el pasado con los denominados “bachaqueros”.
Venezuela, foco de preocupación por hambruna
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó que América Latina y el Caribe están en riesgo de que la crisis económica por las restricciones para prevenir la propagación de la Covid-19 se convierta en una crisis de hambre y pobreza en la región.
El representante para Latinoamérica y el Caribe de la FAO, Julio Berdegué, aseguró que hasta los momentos «no es irremediable» que millones de ciudadanos caigan en la crisis alimentaria.
«El planeta tiene una crisis sanitaria, vamos camino a una crisis económica, los pronósticos para nuestra región son especialmente malos. Hablan de entre -5 % y -6 % este año. La pregunta es: ¿Vamos a agregar una crisis alimentaria? Tenemos que hacer que la crisis económica no se nos convierta en crisis alimentaria», puntualizó.
Berdegué también sostuvo que la situación actual se mantiene todavía en un margen de maniobra, a pesar de que América Latina inició por mal camino debido a un aumento que lleva desde hace cinco años de personas en crisis de hambre, 18,5 millones según el último análisis de la FAO de 2019.
Aseguró que la FAO tiene especial atención a la situación de siete países por las diferentes realidades críticas en las que se encuentran siendo Venezuela uno de los principales focos de preocupación. De acuerdo con cifras de Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), 59 % de los hogares venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para comprar comida por lo que consideró al país en riesgo de sufrir una «hambruna bíblica».
«Hay un porcentaje importante de la población de migrantes venezolanos en Colombia y especialmente en Ecuador que están en condición de inseguridad alimentaria. El llamado nuestro y del conjunto de las Naciones Unidas es que el derecho a la alimentación es un derecho humano y es deber de los Estados garantizarlo», indicó.
El representante de la organización también realizó un llamado a los Estados a tener en cuenta que es esencial garantizar la capacidad adquisitiva de la población más vulnerable ante la crisis económica que se avecina en todo el mundo.
