El mensaje, pregonado por grupos afines al gobierno a bordo de camiones que recorrieron la parroquia este 15 de abril, no detalla quién dispuso las restricciones ni quién las hará cumplir
Reporte Proiuris
Erick S. Gonzalez Caldea
Cualquier persona que esté en las calles de Catia después de las 2:00 pm podría ser detenida y trasladada a alguno de los tres Centros de Diagnóstico Integral (CDI) ubicados en la parroquia Sucre , donde le harían una prueba rápida de despistaje de COVID-19. Si la prueba da negativo, se considera que la persona, simplemente, está incumpliendo las medidas de distanciamiento social y se le obligaría a prestar servicios comunitarios en dichos centros de salud. Tal fue la advertencia pregonada por afectos al oficialismo que recorrieron la parroquia a bordo de camiones la mañana de este 15 de abril.
Uno de los camiones, envuelto en afiches de Nicolás Maduro y del difunto presidente Hugo Chávez, transitó por cada una de las veredas ubicada en la zona 10 de Catia, que incluye la avenida Circunvalación, el Cuartel, Las Lomas de Urdaneta y la calle Carbonell.
En los mensajes transmitidos por megáfonos, no se precisó quién o quiénes practicarían estas detenciones y qué tipo de servicios comunitarios se impondrían como sanción por no acatar las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Tampoco se indica qué autoridad hace el mandato. Adicionalmente, habría considerar que una prueba rápida no es suficiente para descartar que una persona haya contraído el virus.
Durante el webinar “La otra pandemia”, organizado por la ONG Proiuris y realizado este 13 de abril, el criminólogo Luis Izquiel, explicó que en el ordenamiento penal venezolano no existe una norma que para sancionar a algún ciudadano por incumplir la cuarentena. Advirtió que la falta de claridad de las normas puede abrir espacios a la aplicación discrecional y abusiva de sanciones que violan el principio de legalidad.
A modo de ejemplo, Izquiel mostró un video en el que se ven varias personas obligadas a dar «saltos de rana» en la vía pública. En su opinión ello constituye un trato cruel, inhumano o degradante y puede degenerar en tortura.
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“Cumplir la cuarentena es una cuestión de salud pública; sin embargo el desacato de las medidas de distanciamiento social no está expresamente tipificado como un delito que acarre una pena corporal”, explicó.
Esta nueva medida, no oficial, se suma a las restricciones de los días para hacer compras en Catia, a través de la implementación de un «pase de movilidad», que comenzará a ser efectivo a partir del jueves 16 de abril en toda la parroquia Sucre.
Para controlar el tránsito de personas, en la parroquia Sucre se instalaron 42 «puntos de control», en cada uno de los cuales estarán apostados un funcionario policial, un miembro del consejo comunal del sector, un integrante de Somos Venezuela y un médico o estudiante de Medicina; este último se encargaría de tomarle la temperatura a los transeúntes.
De acuerdo a lo anunciado, siempre informalmente, se distribuirá un pase de movilidad por cada familia y se distinguirá, a través de colores, la zona de Catia en la cual reside la persona. No será transferible a otros habitantes de la parroquia ni de la ciudad.
En la parroquia Sucre se permite el tránsito de personas para hacer compras solo si tiene el referido pase de movilidad y solo entre las 7:00 am y las 11:00 am..
