Durante el webinar «Brutalidad policial, la otra pandemia», realizado este 13 de abril, el experto Luis Izquiel y los investigadores de la ONG analizaron la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto del estado de alarma decretado por el Poder Ejecutivo
Reporte Proiuris
Además del COVID-19, en Venezuela existe otra amenaza: los atropellos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a los que se ha asignado la tarea de hacer cumplir las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de la pandemia.
Superando las dificultades para proseguir su labor de documentación de violaciones de derechos humanos, Proiuris realizó el webinar “Brutalidad policial, la otra pandemia” y anunció la apertura de un canal de recepción de denuncias para prestar asesoría legal gratuita a las víctimas de atropellos policiales o militares.
La intervención principal estuvo a cargo del abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel, quien disertó sobre el carácter sistemático de los excesos policiales y militares en Venezuela, los cuales tienen su expresión extrema en las ejecuciones extrajudiciales que han aumentado en el país.
Izquiel comenzó por señalar que la Constitución establece límites muy precisos a las restricciones derivadas de un estado de excepción. Y, como un primer vicio, advirtió que el respectivo decreto no contó con el aval de la Asamblea Nacional. Insistió en señalar que en ningún caso se podría desconocer el principio de legalidad que impide aplicar sanciones que no estén previa y expresamente establecidas como delito en la legislación penal vigente.
El experto mostró un video donde varias personas son obligadas a dar «saltos de rana» por violar la cuarentena. También se refirió a irregularidades cometidas por funcionarios apostados en alcabalas móviles dispuestas para controlar el tránsito de vehículos.
La cuarentena no aplica para las FAES
El derecho a la vida sigue siendo cercenado a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Así lo reflejó el monitoreo de prensa llevado a cabo por Proiuris, según el cual durante el mes de marzo se contabilizaron 163 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales; 80 ellas desde que fue anunciada la cuarentena.
Los registros periodísticos indican que a funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se atribuyen más de 50 asesinatos, entre ellos algunas masacres; es decir operativos que concluyeron con cinco o más muertes.
Proiuiris señaló que en el Área Metropolitana de Caracas, específicamente en Catia y Petare, las FAES llevan a cabo operaciones “tipo comando” para desalojar de las calles a transeúntes y comerciantes informales.
La ONG también ha documentado la presencia de funcionarios en las estaciones de servicio, donde la venta de gasolina en divisas se ha convertido en un lucrativo negocio
El acompañamiento a las víctimas no se detiene
Desde el Departamento Legal de Proiuris se anunció la oferta de asistencia legal gratuita a las víctimas de atropellos policiales y militares en el contexto de la pandemia.
Será un servicio de atención a distancia para garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, tanto por parte de las víctimas como por parte del equipo de Proiuris.
A través del número telefónico +58 424 1970130 y la dirección electrónica denuncias@proiuris.org, los abogados de la organización recibirán las denuncias y brindarán las recomendaciones para formalizarlas ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estados obligadas a prevenir, investigar y sancionar los atropellos.
