Venezolanos han salido a protestar en Caracas y siete estados del país. Ya se hicieron cotidianas las largas filas de carros y la aglomeración de gente en las afueras de las estaciones de servicio
Reporte Proiuris
En medio de la emergencia causada por el COVID-19, millones de venezolanos sufren los efectos de la escasez de gasolina, entre ellos el aumento de los precios de los alimentos y mayores dificultades para obtener medicinas y tratamientos médicos.
En establecimientos comerciales de Caracas, un kilo de queso blanco aumentó de 180.000 a 500.000 bolívares en los últimos 15 días de cuarentena nacional. Los vendedores aseguran que, al no poder acceder normalmente a las estaciones de servicios, deben comprar gasolina de contrabando.
Las personas con enfermedades crónicas son de las más afectadas, pues la escasez de combustible les impide acudir a los centros de salud donde reciben tratamientos y movilizarse en la búsqueda de medicinas. Deben lidiar con la militarización de las pocas estaciones de servicio que siguen operativas y la expedición de permisos especiales que no alcanzan para todos.
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Maduro culpa al «criminal bloqueo»
Después de casi tres semanas de vigencia del estado de alarma por el COVID-19, el gobierno de Nicolás Maduro se pronunció a través de un comunicado sobre la falta de suministro de gasolina.
Resaltó que la administración de Donald Trump ha recrudecido el «criminal bloqueo» contra Venezuela y que eso está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción de combustible.
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Las autoridades del gobierno aseguran que la prioridad es garantizar la producción de rubros y servicios esenciales. A pesar de esto, el Estado no ha garantizado la distribución del combustible.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, lo resume de manera simple: “Sin gasolina no hay comida”.
Tareck El Aissami, como vicepresidente del Área Económica, dijo este 3 de abril que se aplicará un “Plan Especial de Suministro de Combustible dirigido a garantizar la movilidad de los sectores priorizados en el marco del Estado de Alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro”. Cuando se dictó la medida de aislamiento social masivo se señaló que tales sectores son salud, alimentos, cuerpos de seguridad, servicios públicos, transporte y medios de comunicación.
Empleos en riesgo
De esta preocupación se hizo eco la Organización Mundial del Trabajo (OIT). A través de un comunicado advirtió que 25 millones de empleo podrían perderse en todo el mundo, si no se toman las medidas a tiempo y correctas en medio de la contingencia de la pandemia.
Una evaluación preliminar de la OIT pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala y coordinadas con base en tres pilares: proteger a los empleados en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.
La OIT recomienda que entre las medidas que asuman los gobiernos esté la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo y la concesión de ayudas financieras, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Además, en el informe se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos.
