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CIDH reitera necesidad de disolver las FAES / Informe Anual 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó especial preocupación por el continuo deterioro del acceso a alimentos y medicamentos, sumado a la interrupción constante de servicios de agua y energía, lo cual violenta los derechos a la salud, la alimentación y la educación

Reporte Proiuris

Una vez más Venezuela figura en “la lista negra de la CIDH”, en el capítulo IV del informe anual , donde se incluyen a los países del continente americano en los cuales no están plenamente garantizados los derechos humanos.

“La Comisión observa que durante 2019 se han agravado las situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana, que han derivado en una crisis política, social y económica extremadamente grave. En la actualidad es evidente la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela por cuenta de la alta concentración de poder por parte de la rama ejecutiva y la inexistencia de un sistema real de pesos y contrapesos”, indica el informe anual.

El organismo internacional señaló que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado decisiones para remediar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos venezolanos y que, por el contrario, se ha dedicado a emplear el uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos.

Para la CIDH este tipo de crímenes se producen debido a la ausencia de democracia en el país. “Existe un claro quebrantamiento del principio de separación de poderes”, denunció la Comisión en su informe.

Adicionalmente, se sumó a la exigencia de eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FSAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que ya había formulado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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Ejecuciones extrajudiciales

 “Se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza, así como también 502 allanamientos sin orden judicial y ataques contra viviendas. Esto ha provocado severas afectaciones a la vida, la integridad personal, la propiedad privada y el derecho al debido proceso de las y los venezolanos; en particular, de quienes son identificados con la oposición. El uso de la fuerza debe dar estricto cumplimiento a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas. Igualmente, el Estado debe dar cumplimiento a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, indica la CIDH en su informe anual.

Nicolás Maduro ha manifestado públicamente su respaldo a las FAES. Foto: El Universal

Se recuerda que durante 2019 la CIDH otorgó 22 medidas cautelares y continuó dando seguimiento a las 55 vigentes. Se otorgaron medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad en ela Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así en beneficio de neonatos y parturientas de la Maternidad Concepción Palacios.

No obstante, la CIDH lamenta que el gobierno de Nicolás Maduro ha dejado de responder las comunicaciones y de informar acerca del cumplimiento de las medidas otorgadas.

La instancia internacional también mencionó que la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional electa democráticamente, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para las elecciones libres y democráticas, en general, suma una crisis humanitaria generalizada que ha afectado los derechos fundamentales que ha causado la migración forzada de millones de venezolanos. Según cifras de las Naciones Unidas, un total de 4,5 millones de venezolanos, de 31 millones de habitantes, han tenido que abandonar el país por la escasez de alimentos y medicinas.

“La CIDH ha dado seguimiento al desarrollo de los procesos de migración forzada de personas venezolanas en la región. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para Migraciones (OIM), la migración forzada de personas venezolanas ha aumentado de 700.000 personas en el 2015, a más de 4,5 millones en 2019. Recientemente, la Unión Europea, la OIM y la ACNUR hicieron una declaración conjunta advirtiendo que el número de migrantes y refugiados venezolanos podría ascender a más de 6.5 millones de personas para finales de 2020”, reza el documento.

De acuerdo con el informe, la CIDH y la Relatoría Especial DESCA continuaron monitoreando la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela. Destacaron que persiste un desabastecimiento de alimentos, agua potable y suministros médicos en el país.

“Se ha registrado información de muertes de niñas y niños en los centros médicos y hospitales como consecuencia de los apagones nacionales y la falta de medicamentos. La CIDH recuerda que la ausencia de garantía efectiva de los derechos de alimentación y salud afecta de manera diferenciada a las personas, grupos y colectividades en situación de vulnerabilidad”, agrega.

Según la Encuesta Nacional de Hospitales, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, se han reportado un total de 1.557 muertes causadas por el desabastecimiento de medicamentos y suministros, y 79 muertes de pacientes por fallas del servicio eléctrico. Igualmente, de acuerdo con información recabada por la REDESCA, más de 11 mil personas con insuficiencia renal se encuentran en riesgo debido a los apagones en ciertas regiones del país.

Recomendaciones de la CIDH al Estado venezolano

El organismo señaló la importancia del restablecimiento del orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes. También exigió otorgar a los periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos, amenazados ni agredidos por ejercer su profesión.

Asimismo, pidió adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares, fuerzas armadas y grupos de civiles armados en tareas de seguridad ciudadana.

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“El Estado debe promover la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y la utilización del régimen de prisión preventiva de conformidad con su carácter excepcional y limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Adoptar medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas” aseveró la CIDH sobre los presos políticos.

La Comisión Interamericana pidió monitorear la disponibilidad y el acceso de la población de servicios de salud y realizar una evaluación de impacto ambiental y social de toda la zona del Arco Minero del Orinoco.

En cuanto a los grupos en situaciónde mayor vulnerabilidad como niños, adultos mayores y comunidad LGBTI, confirmaron que es necesario adoptar medidas para asegurar el acceso a servicios de salud, agua y a alimentación adecuada. Finalmente, exhortaron a dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho a salir del país, así como la emisión de documentos de identidad, solicitar y recibir asilo, entre otras cosas.

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