Las fallas en el suministro de combustible y las restricciones al libre tránsito impiden a miles de personas con enfermedades crónicas acceder a su respectivo tratamiento durante la cuarentena establecida en Venezuela
Reporte Proiuris
Jackelin Díaz
Las denuncias de impedimentos de las personas con insuficiencia renale para acudir a las unidades de diálisis han aumentado al mismo tiempo que la cantidad de casos positivos por COVID-19 en Venezuela. Los afectados con apoyo de la sociedad civil han denunciado que los cierres de las vías y la escasez de gasolina han incidido en la salud de los grupos de riesgo de personas con enfermedades crónicas.
La falta de diálisis, el tratamiento que elimina las toxinas que se acumulan en la sangre de las personas cuando sufren insuficiencia renal, hace que los pacientes se sientan mareados y con náuseas. Aun así, Víctor Rodríguez explicó a Proiuris que, como cualquier paciente renal, debe tomar transporte público para poder llegar a la unidad de diálisis Juan Pablo II, en Caracas.
Él describe como un calvario por lo que deben atravesar los jóvenes y adultos que deben recibir el tratamiento sin falta. Agregó que la falta de efectivo y alimento impide que pueda acudir más de una vez a la semana.
Aunque esta crisis que vive Venezuela es inédita, las personas con insuficiencia renal afrontan dificultades mucho antes de que se reportaran los primeros casos de COVID-19 en la nación. Las irregularidades y preocupaciones de los afectados, que deben recibir una diálisis una vez cada tres días, tampoco han cesado.
“Hemos tenido denuncias de personas con insuficiencia renal que han pasado hasta 8 horas para conseguir gasolina, incluso las ambulancias de uso privado que trasladan a los pacientes, que por su condición no pueden ir solos, han tenido que pagar hasta un dólar por cada litro de gasolina”, alertó Francisco Valencia, de la ONG Codevida.
En Venezuela, 11.000 personas deben acudir a centros de diálisis para que una máquina haga el trabajo que ya no pueden hacer sus riñones. A pesar de esto, la situación es crítica en las 136 clínicas estatales de diálisis en todo el país, en donde 1.600 máquinas están inoperativas, de acuerdo con declaraciones de Carlos Márquez, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología.
Las unidades públicas operativas son insuficientes y los equipos para realizar el procedimiento también escasean, de acuerdo con cifras de la Organización Nacional del Trasplante, ente que hasta el año 2012 se encargaba de velar por estos pacientes, y que luego fue sustituida por una fundación adscrita al Ministerio de Salud.
“Cuando los riñones dejan de funcionar, los pacientes sin orinar no desechan las toxinas de su cuerpo. Por esta razón al no recibir, aunque sea una sesión diaria, estas sustancias se acumulan en el cuerpo”, explicó Victor Rodríguez. Advierte que los líquidos acumulados en el cuerpo pueden irse a los pulmones y provocar un paro respiratorio.
Declarar emergencia nacional
La ONG Amigos Trasplantados de Venezuela (AVT) y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) han exhortado al Estado declarar una emergencia nacional que permita flexibilizar las prohibiciones para las personas con insuficiencia renal y facilitar sus traslados a los centros de diálisis.
Reymer Villamizar, director de ATV, alertó que las limitaciones de movilidad incrementó con el limitado acceso a la gasolina en los estados Lara, Zulia y Cojedes. Esta situación también ha sido denunciada en otros diez estados. Estas tres regiones concentran buena parte de las casi 10.000 personas que requieren terapia de sustitución renal en Venezuela, según Codevida.
“Si una persona no recibe el tratamiento sustitutivo renal puede ocasionar daños irreparables a la salud. Este universo poblacional es cercano a las 10.000 personas”, indicó Villamizar.
Igualmente, la ONG pide que se garantice el servicio de agua en los centros de diálisis. Villamizar exige que se active un plan con transportes de gobernaciones, alcaldías o entes públicos para que resguardar la salud de las personas con enfermedades crónicas “mientras culminan las medidas tomadas para enfrentar al COVID-19”.
ATV y Codevida además destacan que cerca de 2.600 personas trasplantadas están en riesgo. Han encontrado limitaciones para acudir a las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) para adquirir los inmunosupresores. Son los medicamentos que deben buscar cada mes para impedir que sus cuerpos rechacen los órganos que recibieron.
El registro de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), señala que desde 2016 han muerto 34 trasplantados por la ausencia de inmunosupresores, los medicamentos que evitan que las personas rechacen el órgano.
Amigos Trasplantados de Venezuela ha registrado al menos 100 personas en proceso de rechazo de órgano. “Muchos de ellos tuvieron que volver a diálisis”, añadió el fundador de la organización.
El riesgo de ser paciente oncológico
La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), que forma parte de las 280 organizaciones y 90 países que integran la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer (IUCC), publicó el pasado 4 de febrero un informe sobre la situación del cáncer en Venezuela.
Los voceros de la institución indicaron que la incidencia había aumentado en 17 %, lo que representaba 64.000 nuevos casos en 2019 y la mortalidad incrementó también 10 %, lo que sugiere alrededor de 28.000 muertes por cáncer en el país el año pasado.
Estas cifras reflejan que existe una población considerable en riesgo, a pesar de que no se cuenta con una cifra oficial y pública de pacientes diagnosticados en el país.
Sin embargo, las consultas de oncología también están suspendidas. Las personas que tenían su consulta mensual el oncológico Luis Razetti, ubicado en Cotiza, fueron informados de que, no se recibirían pacientes hasta nuevo aviso.
Eduardo Franco, secretario nacional de la Red de Personas con VIH, aseguró que quienes viven con VIH, si no cumplen con el tratamiento, son blanco fácil de las enfermedades oportunistas como el Covid-19.
De acuerdo con su monitoreo nacional varios estados no poseen los tratamientos necesarios para cubrir la demanda del mes de abril, pero de acuerdo con cifras de esta ONG, la escasez se extiende sobre la mayor parte del territorio.
“Esperamos que el jefe del Programa Nacional de Sida, doctor Raúl Leonel, logre articular con la viceministra de Redes Hospitalaria, Marisela Bermúdez. El llamado es las personas con VIH a que se mantengan en sus casas, tomar las previsiones correspondientes, ponerse el tapabocas, no recibir visitas y lavarse las manos”.
