El periodista que fue apresado por las FAES sigue bajo procesal penal por informar sobre la propagación del Covid-19. La Fiscalía le imputó el delito de incitación al odio. A través de un video publicado en las redes sociales, agradeció el apoyo que recibió de la sociedad civil
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Tras 12 días de detención en el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), ubicada en Caricuao, el periodista Darvinson Rojas fue excarcelado la noche de este jueves 2 de abril.
Sus familiares aseguraron que fue trasladado por funcionarios de las FAES hasta su hogar en Mamera, luego de que el juez 23 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Ramel Ojeda, emitiera la correspondiente orden de excarcelación.
«Está más delgado, pero bien», aseguró uno de sus parientes, quien prefirió reservar su identidad. Explicó que aún no sabe cuál será el curso del proceso al que estará sujeto Rojas, pues no le dieron mayores detalles.
Fuentes relacionadas a la defensa de Rojas indicaron que la boleta de excarcelación había sido emitida la tarde del martes 31 de marzo, pero no fue hasta este jueves que sacaron a Rojas de los calabozos de las FAES. «Todavía continúa el proceso penal. Ahora hay que esperar lo que diga el juez durante los próximos días», dijo el informante.
«Continúa mi labor»
A través de un video, Rojas agradeció la solidaridad del gremio periodístico y de organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos.
«Mi compromiso por la información continúa, no tengo restricción para continuar con mi trabajo. Aunque mi teléfono quedó como parte de las evidencias de mi proceso penal, por lo que estaré alejado de las redes», dijo Rojas en el video.
A través de las redes sociales, la noche del miércoles 1 de abril, cientos de periodistas y ONG defensoras de los derechos humanos hicieron una campaña para exigir la liberación de Rojas.
Rojas fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la noche del sábado 21 de marzo, en su residencia ubicada en el sector El Cují, en Mamera, luego de haber publicado información sobre la propagación del COVID-19 en Venezuela a través de su cuenta en Twitter.
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El Ministerio Público le imputó a Rojas los delitos de incitación pública e incitación al odio, en una audiencia de presentación que se realizó en horas de la noche del 23 de marzo, sin que el comunicador social tuviera la oportunidad de ser asistido por un abogado de su confianza.
Además, en esa audiencia, se le dictó una medida sustitutiva de privación de libertad, que no sería acatada los los funcionarios de las FAES hasta 10 días después de ser emitida.
La detención de Rojas fue repudiada por varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigth Watch y Amnistía Internacional.