La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también abogó por quienes están recluidos en orfanatos, casas de ancianos y centros de salud mental
Reporte Proiuris
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a hacer un esfuerzo en destinar recursos para proteger la salud de los encarcelados de todo el mundo, que constituyen un sector de la sociedad especialmente vulnerable a la pandemia del Covid-19.
Bachelet pidió examinar a las personas vulnerables a contagiarse del virus, de manera que la población en los centros de detención sea reducida para así lograr el distanciamiento social. Indicó a las autoridades a enfocarse en las necesidades sanitarias específicas de las mujeres reclusas, embarazadas, de los internos con discapacidad y los menores de edad.
“Les pido que no olvidemos a aquellos que se encuentran tras las rejas, orfanatos, casas de ancianos o centros de salud mental. De lo contrario, las consecuencias podrían ser castastróficas”, señaló en el comunicado.
Presos políticos deben tener consideración especial
Entre las medidas recomendadas por la Alta Comisionada para prevenir el contagio en los centros de detención se exhortó a los gobiernos a tener “especial consideración” con los presos políticos. Bachelet aprovechó el comunicado para señalar que la privativa de libertad sin razones jurídicas sustentadas coloca en riesgo a las personas involucradas.
“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, insistió Bachelet.
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La Alta Comisionada también recordó que los Estados tienen el deber de hacer el seguimiento pertinente a estos grupos y garantizar exámenes médicos así como las medidas necesarias para asegurar que reciban atención adecuada. Esto incluye su derecho a la alimentación y el agua potable comprendido el monitoreo sanitario.
“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas previsibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”, añadió Bachelet.
Medidas transparentes
Bachelet también expresó su preocupación por el exceso de autoridad que pueden ejercer los Estados al momento de hacer cumplir las normas. Indicó que la mala ejecución de esas amenazas podría agravar la situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar la propagación de la enfermedad.
Bachelet señaló que la suspensión súbita de contactos con el mundo exterior puede agravar una situación que de por sí quizá sea ya tensa. Propuso que vías tales como instalar sistemas de videoconferencia, ampliar el tiempo de conexión telefónica con los familiares y autorizar el uso del correo electrónico pueden ayudar a mantener la salud mental de los reclusos.
“El Covid-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas”, señaló la Alta comisionada.
En el curso de esta semana, la Oficina del ACNUDH y la Organización Mundial de la Salud van a publicar un documento preliminar con directrices que llevará por título COVID 19: Atención especial a las personas privadas de libertad, que contendrá los principales mensajes y actividades, dirigido a otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y autoridades competentes, instituciones nacionales de derechos humanos y entidades de la sociedad civil.
