Criminólogos alertan que los funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana pueden usar la contingencia para profundizar la persecución a la disidencia política y social. La ONU también ha advertido sobre la amenaza
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
A diez días de la cuarentena impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, la población venezolana está expuesta no solo a la pandemia del COVID-19, sino también a los atropellos y arbitrariedades por parte de funcionarios policiales y de aquellos afines del gobierno. Sobre todo, a las actuaciones de los oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Las FAES, uno de los organismos policiales con más denuncias de violaciones de derechos humanos, han adquirido un protagonismo avasallante en la contingencia. El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se ha encargado de labores de control de orden público, pero a su modo, apartado de los estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado de la fuerza pública.
Ensañamiento en los barrios
Desde el 16 de marzo, el primer día de la cuarentena en el Área Metropolitana de Caracas, que luego se extendió a todo el país, Las FAES se desplegaron en Catia y en Petare; donde la actividad comercial, formal e informal, suele mantener las calles repletas de gente.
Encapuchados y con armas largas, pelotones de las FAES recorrieron las zonas comerciales de la parroquia Sucre para obligar al cierre de comercios. Sospechosamente se detenían frente algunos, conversaban con sus administradores y los dejaban abiertos.
El 17 de marzo, Proiuris presenció la arremetida de las FAES contra buhoneros y transeúntes en la avenida Francisco de Miranda, a dos cuadras de la estación Petare del Metro de Caracas. Aproximadamente a las 3:00 pm, un pelotón a bordo de tres vehículos y varias desalojó a la fuerza a todos los que se encontraban en la zona. Sin mediar palabras, sin preguntar por qué cada quien estaba en la calle.
También puedes leer: Es discriminatorio anclar al Sistema Patria despistaje del Covid-19
La presencia de las FAES en Catia y Petare ha ido en aumento. El martes 24 de marzo, Catia amaneció bajo el rigor impuesto por el grupo policial que impone el terror en los barrios. En los últimos días también se han dedicado a custodiar a los representantes de los consejos comunales activados por el gobierno.
Extraoficialmente, han trascendido casos de detenciones arbitrarias, como la de varios integrantes de una misma familia que vendían tapabocas.
«Para la prevención efectiva de COVID-19, que es lo que todos queremos, es necesario comprender las dinámicas comunitarias populares para lograr incidir realmente en las posibilidades preventivas de esta enfermedad en sectores de alta vulnerabilidad», razona Adle Hernández directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Extensión Social de la Univeridad Católica Andrés Bello, en un texto titulado «La dinámica del barrio y las medidas ante el Covid-19» y publicado el 20 de marzo.
«El barrio no se aísla socialmente no porque no quiera o no entienda, o no colabore; el barrio no se aísla completamente porque su subsistencia depende del encuentro: para conseguir algún ingreso en el día, para alimentarse, para conseguir el gas, para conseguir el agua necesaria para lavarse las manos de la manera correcta durante 20 segundos; y en el transcurrir de esa dinámica la gente trata de acatar como puede lo que se le pide», agrega la experta.
Los límites del uso de la fuerza pública
No hay discusión sobre la necesidad del distanciamiento social para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, advierte el criminólogo Luis Izquiel, ello no puede convertirse en un cheque en blanco para cometer excesos policiales impunemente.
“Hay derechos humanos que no admiten restricciones ni siquiera en estados de excepción», indica Izquiel, en referencia a lo establecido en el artículo 337 de la Constitución: «…podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».
Izquiel recordó como evidencias de los excesos, algunos de ellos cometidos por las FAES, la detención de los profesionales de la comunicación, como fue el caso de Darvinson Rojas. Al periodista independiente lo detuvieron arbitrariamente la noche del sábado 21 de marzo, en su residencia ubicado de Mamera, supuestamente por haber difundido información falsa sobre la propagación del Covid en Venezuela.
Casos similares se desarrollaron los siguientes días a la detención de Rojas. La mañana del martes 24 de marzo, Rosalí Hernández, periodista de Caraota Digital, fue detenida durante 40 minutos en Catia, mientras hacía la cobertura de la desinfección de las calles. Los funcionarios de las FAES le borraron el material que había grabado durante su cobertura.
También puedes leer: Bachelet pide atenuar las sanciones para facilitar la lucha contra el Covid-19
“Ciertamente, existe un estado de alarma. Sin embargo, en ninguna parte de la Constitución dice que se puede violar el derecho a la información. Nuevamente, nos vemos en una situación en donde los funcionarios policiales se exceden”, sostuvo Izquiel.
“No se puede usar la emergencia causada por el Covid-19 para violar los derechos de los ciudadanos. Los funcionarios policiales no pueden aprovechar la coyuntura para abusar del poder”, sostuvo.
Expertos de las Naciones Unidas se han ocupado del asunto al advertir que «las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una tapadera para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos».
En los lineamientos difundidos por la ONU el 16 de marzo, se reitera: «Las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para sofocar la disidencia».
Magaly Huggins, criminóloga y psicóloga, considera que las FAES asumen como su función principal proteger los intereses del gobierno de Nicolás Maduro.
“A la sumatoria de la emergencia humanitaria compleja y a la carestía de los alimentos y la escasez de medicinas en Venezuela, se añaden los atropellos de las FAES. En medio de la emeregencia causada por el coronavirus, las FAES arrecian las acciones de persecución y represión contra todo aquel que levante la voz contra el gobierno de Maduro”, señaló Huggins.
Coincide con la experta de la UCAB Alder Hernández en la invitación a comprender las dinámicas de los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana: “La mayoría de las población venezolana vive de un ingreso diario. Para esta gente es muy difícil quedarse en su casa”.
