Para los expertos de las Naciones Unidas ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario, por lo que la mejor respuesta frente a una potencial catástrofe es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos
Reporte Proiuris
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobierno del mundo a que atenúen las sanciones contra los países que se enfrentan a la pandemia COVID-19.
“Las sanciones sectoriales de amplio espectro que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del coronavirus deberían ser objeto de una reevaluación urgente, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos”, declaró este martes 24 de marzo.
Enfatizó que en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en sus regiones.
“En la mayoría de estos países los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad. El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.
Detalló que en Venezuela, algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. “Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia.Es de especial importancia la proteción de la salud de los propios trabajadores sanitarios y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque estos señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”, declaró Bachelet.
Hizo hincapié en la importancia fundamental en evitar el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio.
“En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, enfatizó.
Bachelet señaló que los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. “Además, deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”, agregó.
Soluciones urgentes
Para los expertos de las Naciones Unidas ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario, por lo que la mejor respuesta frente a una potencial catástrofe económica y social provocada por la crisis del COVID-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a las personas de menores recursos a través de enfoques financieros audaces.
«Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia», afirmó Juan Pablo Bohoslavsky, el Experto Independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU.
Exhortó a los gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia. «Me alienta que muchos países estén contemplando medidas de estímulo económico a gran escala. Sin embargo, estas medidas deben ser diseñadas cuidadosamente para asegurar que su principal contribución va mucho más allá de salvar solo a grandes compañías y bancos», señaló.
Explicó que es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos, así como el pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que, de otro modo, no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública. “Los desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos», urgió el experto independiente.
Hizo también un llamado a los gobierno a realizar incentivos económicos y fiscales para aquellas personas que tienen empleos en el sector informal, autónomo y a quienes no pueden trabajar desde sus hogares. «Necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad», señaló.
El experto de la ONU reiteró a las instituciones financieras internacionales a movilizar de manera urgente sus recursos financieros para ayudar a los países a combatir la pandemia. «Estoy profundamente preocupado por la reciente respuesta negativa del FMI frente a la solicitud de Venezuela de recibir ayuda financiera para afrontar la crisis del COVID-19.»
Bohoslavsky afirmó que: «El argumento del FMI sobre la falta de «claridad» acerca del reconocimiento internacional del gobierno del país no puede justificar una decisión que pone en grave riesgo a la totalidad de la población venezolana y, por añadidura, al mundo entero. Esta decisión podría constituir una violación seria de derechos humanos y exigiría una rendición de cuentas por parte de la institución y sus gestores».
