A través de un comunicado publicado este 17 de marzo, la ONG Una Ventana a la Libertad precisó que 93% de los centros de detención preventiva presentan fallas de saneamiento
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El gobierno venezolano tiene que atender con extrema urgencia a la población carcelaria del país, de por si vulnerable y expuesta a enfermedades, durante la pandemia del COVID-19. Así lo exigió Una Ventana a la Libertad y advirtió que los reos en mayor riesgo son los recluidos en centros de detención preventiva del país.
A través de un comunicado, publicado este 17 de marzo, la organización defensora de los derechos de los privados de libertad exhortó al gobierno a cumplir con su papel de garante de los derechos humanos y proteger a la población de 19.091 privados de libertad en las prisiones preventivas.
“Del monitoreo realizado por UVL en 238 calabozos de 15 estados, se desprende un 205 % de hacinamiento. Ello ha propiciado enfermedades infecto contagiosas en al menos 494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad”, se detalló en el comunicado.
La organización precisó que 93% de los centros de detención preventiva presenta fallas de saneamiento. “Dentro de los centros permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria”, se lee en el documento.
La ONG también llamó la atención sobre la restricción de las visitas a los privados de libertad: “En los centros de detención preventiva o calabozos policiales no existe infraestructura para proporcionar los alimentos a los presos, por eso son los familiares de los reclusos quienes deben llevar los alimentos cada vez que los visitan”.
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La ONG reiteró que el hacinamiento carcelario es la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela. “El compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye una de las principales fuentes de riesgos para la salud de la población penitenciaria”, se lee en el comunicado.
Hasta este martes 17 de marzo, el gobierno de Nicolàs Maduro confirmó la existencia de 33 casos confirmados de COVID19 en el país. Aun las autoridades no han detallado cuáles serán los planes de acción para proteger a la población carcelaria del país.
