La Comisión Interamericana repudió los señalamientos del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, contra Provea, así como el anuncio de una ley que restringiría la cooperación internacional
Reporte Proiuris
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó las pretensiones de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de obstaculizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolana dedicadas a la promoción y defensa de derechos a través de una ley que restringiría la cooperación internacional.
El 19 de febrero de 2020, a través del programa televisivo “Con el mazo dando”, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, arremetió contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea): «El máximo de sanciones que se pueda a aquellas organizaciones que reciban financiamiento de los Estados Unidos para conspirar contra la patria».
La CIDH recordó al Estado venezolano que los integrantes del equipo coordinador y varios miembros de Provea son beneficiarias de medidas cautelares. “El 14 de octubre de 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de determinadas personas integrantes de Provea, y el 24 de diciembre de 2019, amplió el universo de beneficiarias”, publicó el organismo en su cuenta en Twitter.
También reiteró la obligación que tienen las autoridades venezolanas de garantizar una protección oportuna, adecuada y suficiente a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Ante la criminalización, solidaridad
Las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, entre ellas Proiuris, y miembros de la sociedad civil suscribieron un comunicado en contra de la reedición de los ataques provenientes del oficialismo, los cuales comprometen el derecho a la asociación.
“Exigimos el cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes del Estado venezolano. Es necesario que en Venezuela el derecho a defender derechos sea garantizado, protegido y promovido”, se lee en el comunicado.
Las ONG que suscribieron el comunicado destacaron que desde 2002, las autoridades del Estado han desarrollado una política que criminaliza la defensa y exigencia de derechos humanos: “Partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y oficiales, se pretende desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario”.
Exigieron al Estado venezolano que investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela, ya sean actores estatales o paraestatales.
Denunciaron que los señalamientos públicos de funcionarios gubernamentales han provocado la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa y comprometen la vida e integridad personal de las defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela.
“En los últimos cinco años, bajo la supuesta tesis de la existencia de enemigos internos que buscan desestabilizar la paz, se han enmarcado los ataques contra el movimiento de derechos humanos en Venezuela, el cual se ha visto afectado, no solo por la estigmatización e intentos de deslegitimación de su trabajo mediante el discurso de odio y desprestigio, ejecutado por autoridades estatales, sino también por medio de la aplicación de legislación restrictiva, acciones judiciales en su contra, actividades de vigilancia y seguimiento, agresiones, ataques digitales, persecución, allanamientos arbitrarios, detención arbitraria, criminalización de la cooperación, decomiso de materiales, entre otros ataques, que han perjudicado y obstaculizado la defensa de derechos humanos”, se lee en el documento.
Destacaron que la política represiva y de control, ha facilitado el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, muchos de alto nivel, generando un entorno adverso y hostil. Advirtieron que la emergencia humanitaria compleja dificulta aún más el desempeño legítimo de organizaciones de la sociedad civil en su trabajo.
“También facilita la inhibición de las víctimas a la denuncia y a la búsqueda de asistencia, además de exponerlos a la violencia e inseguridad existente en el país debido a los altos índices de criminalidad, inseguridad e impunidad”, sostiene el comunicado.
