Durante nueve meses, los familiares de los desaparecidos en viajes desde las costas venezolanas hacia las islas del Caribe no han recibido respuestas satisfactorias de las autoridades
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
90 hombres, mujeres y adolecentes están desaparecidos desde el periodo abril-junio de 2019, tras los naufragios de balsas que zarparon desde Venezuela con dirección a Curazao y Trinidad y Tobago.
Sus familiares han denunciado ante el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), embajadas y hasta la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), pero no han tenido respuesta a lo largo de nueve meses. Presumen que los desaparecidos fueron víctimas de redes de trata y tráfico de personas
Este jueves 20 de febrero, los familiares del Comité de víctimas de Desaparición en Altamar, acompañados por representantes de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), se dirigieron a la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, para, nuevamente, denunciar la desaparición de sus allegados. Exigieron a las autoridades profundizar en las investigaciones y dar con el paradero de sus seres queridos.
Jhonny Romero, padre de Jhonny del Valle Romero, uno de los desaparecidos, fue enfático: “Queremos respuestas, queremos ver a nuestros hijos. No nos dan respuesta de nada, pareciera que no quieren inmiscuirse en estos asuntos. Todos los meses vengo al Ministerio Público para ver cómo han avanzado en las investigaciones y nunca dan respuesta. El expediente del caso de mi hijo tiene 300 páginas que no ha cambiado en los últimos ocho meses. ¿Dónde están las actuaciones y diligencias”.
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Romero pidió al fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que supervise el trabajo de los fiscales encargados de cada una de las investigaciones. “Doctor Saab, póngase la mano en el corazón y ayúdenos a resolver esto. Nuestros hijos pueden ser víctimas de trata de personas. En la Interpol no hay alertas, no hay nada. ¿Qué está haciendo el Ministerio (Público)?”, increpó.
Intti Rodríguez, coordinador de Provea, explicó que aún no se descarta que muchos de los desaparecidos sean víctimas de redes de trata de personas. “Hasta el día de hoy 90 personas están desaparecidas. Ni en la Defensoría del Pueblo ni en el Ministerio Público han dado respuesta. Es una hipótesis que estas personas hayan sido víctimas de trata de personas, para ser sometidas a prostitución forzada u otras formas de esclavitud moderna”, sostuvo.
En su opinión, la ausencia de respuesta por parte del Ministerio Público forma parte de la impunidad estructural, la cual genera una espiral de repetición de hechos. “Algunas personas han denunciado que sus familiares han sido sometidos a situaciones de esclavitud moderna”, dijo.
Rodríguez explicó que la trata y tráfico de personas, por lo general, corresponden a acciones del crimen organizado, por lo cual las investigaciones requieren la cooperación internacional. Alertó que la migración forzada a causa de la emeregencia humanitaria compleja en Venezuela eleva los riesgos de caer en este tipo de redes delictivas.
“Ella me pidió ayuda”
Luisanny José Betancure Arias, de 15 años de edad, no ha vuelto a su casa en Cumaná desde el 15 de abril de 2019. El último contacto que tuvo con su madre fue el 21 de abril, cuando logró enviarle un mensaje: “Mamá me quiero ir de aquí, pero no me dejan sino pago 200 dólares”.
Ana Arias, madre de la adolescente, presume que su hija fue víctima de trata de personas. Está desaparecida desde el 23 de abril de 2019, día en que naufragó el peñero que zarpó desde Güira, estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago.
“Una muchacha que se fue con mi hija me dijo que ella estaba muerta. Lo publicó también en Facebook. Mi hija estuvo una semana en Güiria; allí la tenían y luego se la llevaron”, sostuvo.
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Arias había denunciado ante la comandancia del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) la desaparición de su hija. “Primero me habían dicho que se había ido a Colombia; me estaban despistando. Cuando fui a poner la denuncia no tuve ninguna respuesta. Solo me dijeron que la llamada era de Güiria”, aseguró.
Ana tiene 10 meses que no sabe nada de su hija. Luisanny cumplió 16 años estando desaparecida. “Hice la denuncia ante las autoridades diplomáticas de Trinidad, pero no he tenido respuesta. Unos familiares que viven allá nos han dicho que han encontrado niñas secuestradas que son prostituidas, pero nada de mi hija”, indicó.
Arias aseguró que desde el Ministerio Público no han enviado el expediente a la Interpol. “Nos dijeron que no tienen la alerta amarilla para poder comenzar la búsqueda, porque en el Ministerio Público no ha hecho ni entregado ninguna diligencia”, enfatizó.
Fue a ver a su padre
Desde el 7 de junio de 2019, Alexander González, de 15 años de edad, está desaparecido. Ese día salió de La Vela, estado Falcón, con destino a Curazao, para reencontrarse con su padre después de dos años.
Jennifer Rivero, madre de González, exigió a las autoridades del Ministerio Público que investiguen la desaparición de su hijo. “Su padre tiene dos años en Curazao, él quería ver a su papá. Le había dicho que no era una buena idea irse por esa vía. Al final accedí. Aún me arrepiento. Quiero que vuelva mi hijo”, lamentó.
González estudiaba tercer año de bachillerato en Coro. Además, se dedicaba a la mecánica y a cortar cabello para ayudar con los gastos de su familia. “No he recibido respuesta de las autoridades. No nos dicen nada”, relató.
En el peñero que se fue su hijo también zarparon otras 28 personas, que aún están desaparecidas. Rivero explicó que el costo del viaje era 300 dólares por persona. “Muchos hasta empeñan sus cosas para poder irse del país. A mi hijo su padre le compró el pasaje”, detalló.
9 meses sin verse
Jesús Antonio Amaya, de 34 años de edad, y su tío Leonardo Mora, de 50 años de edad, también están desaparecidos desde el 7 de junio, tras el naufragio de una embarcación que salió de la Vela, Falcón.
Sara Mora, madre de Jesús y hermana de Leonardo, también protestó frente al Ministerio Público para exigirle a las autoridades a que comiencen las investigaciones pertinentes para encontrarlos.
“Ellos se iban a Curazao porque la situación en la casa estaba muy dura. Allá se iban a encontrar con unos familiares, pero nunca llegaron. No sabemos dónde están y las autoridades no hacen nada para encontrarlos. Hemos ido a embajadas, a la policía, y nada”, señaló.
Leonardo Mora dejó tres hijos en Coro. Su sobrino dejó cinco hijos; el más pequeño nació mientras él seguía desaparecido. “Qué le puedo decir a mis nietos, que su papá se perdió en el mar por buscar una vida mejor. Esto es horrible, quiero que mi hijo vuelva conmigo”, señaló Mora.
Ella pidió a los medios de comunicación trasmitir un mensaje para su hijo: “Hijo todavía te espero. Ten fe que Dios nos va ayudar”.
En la sede del Ministerio Publico, alrededor de las 11:00 a.m., el director de la Dirección General de Apoyo Jurídico, David Palis Fuentes, conversó con los familiares de las víctimas que manifestaban en la avenida Universidad para exigir respuesta.
Aseguró “que la Dirección se encargaría de investigar sus inconvenientes”. Los familiares exigieron que no sean solo palabras vacías. “Queremos respuestas y soluciones, no más promesas”, puntualizaron.
