El especialista en derechos humanos Jesús Ollarves duda que los comisionados puedan realizar sus labores satisfactoriamente debido a las adversas condiciones que puedan si logran ingresar al país
Reporte Proiuirs
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció su visita in loco a Venezuela para verificar directamente las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país. Así lo informó el organismo a través de un comunicado dirigido al embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIDH puntualizó que la visita se realizaría entre el 3 y el 7 de febrero.
En torno a la viabilidad y efectividad de esta visita, el abogado penalista y especialista en derechos humanos Jesús Ollarves indicó que la medida se suma a las acciones articuladas desde los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, advirtió que pueden surgir grandes obstáculos a efectos de lograr una documentación integral de la situación en Venezuela, empeorada por la profundización de la emergencia humanitaria compleja y el ejercicio abusivo del poder por parte del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
“Se trata de una oportunidad para que la CIDH constate las graves violaciones de derechos humanos que se han dado en Venezuela. Sin embargo, es poco viable que los funcionarios puedan realizar sus labores satisfactoriamente, debido a las adversas condiciones que puedan enfrentar durante su visita”, constató Ollarves.
El abogado pondera que para lograr el Estado de Derecho en el país y solventar la crisis humanitaria es necesario más que una visita in loco. No obstante, reconoce la importancia de que la CIDH, como principal instancia de documentación del sistema interamericano de derechos humanos, realice aportes que se sumaría a los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo en el contexto de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela.
“La transición a la paz necesita más que una visita in loco. Es necesaria la cooperación de las partes en conflicto, así como de la voluntad de todas las fuerzas, incluida la sociedad civil para recuperar todo lo que se ha perdido”, señaló Ollarves.
El especialista descarta las similitudes respecto al antecedente suramericano que tiene la visita in loco en el Perú gobernado por Alberto Fujimori durante los últimos años. El gobierno de Fujimori se extendió desde 1990 hasta 2000. La CIDH visitó Perú en 1992, 1993 y 1997 y la documentación de violaciones de derechos humanos que pudo hacer en esas oportunidades contribuyó al restablecimiento de la democracia en ese país.
“Los paralelismos son completamente inaplicables porque lo que se vive en Venezuela es inédito. Se trata del solapamiento completo de los poderes. Aún durante el Fujimorato existían vestigios de institucionalidad que aquí fueron erradicados en su totalidad”, destacó Ollarves.
“El aval del Estado a grupos irregulares para accionar en las calles, lo cual fue documentado por la oficina de Bachelet, socava el Estado de Derecho de manera sistemática”.
La conflictividad política y la actuación de grupos irregulares afectos al oficialismo que refiere Ollarves y que a principios de 2020 ha girado en torno a la designación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, configuran un escenario adverso o, al menos, poco seguro, para una visita in loco de la CIDH.
Al aceptar la invitación que le formuló el representante de Guaidó ante la OEA, la CIDH reconoce la autoridad del parlamentario como presidente de la República y Jefe de Estado interino. Sin embargo, el poder de facto lo ejerce el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, que como lo hizo Hugo Chávez desde 2002, ha negado reiteradamente la autorización a la CIDH para visitar Venezuela.
Hay un precedente cercano sobre la resistencia del gobierno de Maduro al escrutinio internacional. En octubre de 2019, le impidieron la entrada al país al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Además, la reacción airada de Maduro luego de que Bachelet publicara el informe sobre los resultados de su visita a Venezuela, en junio de 2019, tampoco favorece la presencia de los integrantes de la CIDH.
