Para la defensora de los derechos humanos de las mujeres Yolima Arellano, todos los funcionarios deben ser capacitados con enfoque de género y deben publicarse cifras oficiales de los casos de feminicidios
Reporte Proiuris
Cinco casos de feminicidio han sido reportados durante la primera semana de enero de 2020. Se trata de Elba María Tambo, de 40 años de edad; Luisanny Stephani Hernández Villaparejo, de 18 años, y Brenda López, de 40, quien tenía nueve meses de embarazo. Además se conoció del hallazgo de la cabeza de una mujer no identificada en un basurero en La Guaira.
Estas cifras de violencia de género con las que inicia 2020 preocupan a la sociedad civil. Yolima Arellano, defensora de los derechos humanos de las mujeres, atribuye los asesinatos a la falta de respuesta por parte del Estado y el incumplimiento de tratados internacionales.
De acuerdo con Arellano, ha habido cambios en los patrones de agresión que concluyen en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, sin que las autoridades encargadas de la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de este tipo de delitos den respuestas adecuadas. La experta considera que no se han acogido los estándares internacionales para procesar los casos de manera efectiva.
“La principal labor es formar a los funcionarios. Ellos desconocen los protocolos adecuados. No lo ven como algo que deben aplicar, porque desconocen lo que es accionar bajo una metodología que acoja el enfoque de género”, explicó Arellano.
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La activista sostuvo que las sentencias descartan el feminicidio o la violencia de género como el móvil de un asesinato. Utilizó como ejemplo un caso en el estado Mérida sobre una menor de edad que fue hallada muerta y el juez sentenció el caso como un suicidio.
“Fue gracias a la insistencia de la familia que se pudo abrir nuevamente el caso y se exhumaron los restos de la fallecida. A partir de una investigación más rigurosa se determinó que había sido asesinada y abusada sexualmente. Habían policías como victimarios implicados en el caso”, señaló Arellano.
La incompetencia de los órganos del Estado para determinar este tipo de casos es estructural. Para Arellano, otra tarea pendiente y prioritaria es la adecuación de las instituciones obligadas a preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. “Todos los funcionarios deben ser capacitados con enfoque de género”, puntualizó.
La experta lamenta las fallas en los registros oficiales de feminicidios en Venezuela, pues ello impide determinar con precisión las particularidades de la comisión del delito. Se requieren estadísticas desagregadas por edad y circunstancias de modo, tiempo y lugar, a efecto del diseño de políticas públicas eficaces.
La abogada enfatizó que existen herramientas útiles, como el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, publicado por la ONU. Para ella es impostergable la formación de todo el funcionariado encargado de preservar el derecho a la vida de las venezolanas: quienes reciben las denuncias, los fiscales que dirigen la investigación, así como los funcionarios policiales y particularmente los forenses.
“Lo primero que hay que observar son los antecedentes de violencia de género en cada caso. Usualmente los indicativos de maltrato están, pero suelen ser subestimados por los funcionarios receptores de denuncias y encargados de las investigaciones correspondientes”, agregó Arellano.
Arellano destacó un cambio fundamental entre los casos de femicidios reportados en el país durante el último año, comparado con los sucesos de la misma naturaleza hace 10 años: el daño emocional al atentar contra los hijos.
Tal fue el caso de Yunaimar Ginet Prieto, quien fue asesinada por su pareja Edy Johan Castillo. El asesino la acosó en varias oportunidades antes de matarla. El homicida esperó a Yunaimar y luego tras una fuerte discusión le disparó tres veces en la espalda a ella y a sus hijos, quienes lograron escapar. El homicida le efectuó un último disparo en la cabeza una vez que ella cayó al suelo.
