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Las ejecuciones de las FAES tiñeron de sangre el 2019

Monitor de Víctimas, la alianza de medios y ong de la cual es miembro Proiuris, registró 317 casos de presuntas ejecuciones entre enero y noviembre de 2019, de las cuales 233 fueron a manos de funcionarios de las FAES
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea

2019 fue un año marcado por la brutalidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A pesar de las denuncias de cientos de familiares víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la cabeza del gobierno venezolano, Nicolás Maduro, reforzó su apoyo al grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al gritar en cadena nacional: ¡Viva el FAES!

El apoyo del Estado a los atropellos desvirtúa las políticas de seguridad ciudadana y genera un ambiente de impunidad en los casos de excesos policiales, que afectan principalmente a quienes viven en barrios populares del país.

En el monitoreo de prensa hecho por Proiuris, entre mayo y septiembre de 2019 en 10 estados del país, se identificaron 269 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Las denuncias hechas desde instancias internacionales y la demanda de disolución de las FAES han sido burladas por el gobierno de Maduro. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación ante el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

“El gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social”, se lee en el informe de Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, publicado el 5 de julio de 2019.

Proiuris documentó 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Caracas, entre  mayo y octubre de 2019. A través de esos relatos, tomados de primera mano, determinó 16 patrones de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente aplicados por funcionarios de las FAES.

Los patrones identificados en la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, son: irrupción violenta en residencias y domicilios, concentración de la actuación policial en barrios pobres, víctimas jóvenes, simulación de presuntos enfrentamientos, “siembra” de armas para simular enfrentamientos, alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales, antecedentes penales como excusa para asesinar ausencia del Ministerio Público, allanamientos sin autorización judicial, presunta flagrancia como excusa para asesinar, robos en residencias; agentes enmascarados, disparos en zonas vitales,  negación de socorro efectivo, represión de protestas y, finalmente, impunidad generalizada.

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Muertos diarios

La organización Monitor de Víctimas contabilizó, solo en Caracas, 317 casos de presuntas ejecuciones entre enero y noviembre de 2019, de las cuales 233 fueron a manos de funcionarios de las FAES; seguidos por 63 casos donde los victimarios eran detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Para los habitantes de las zonas populares del país las siglas FAES son sinónimo de muerte y terror, lo que genera un ambiente de incertidumbre cada vez que se activa un operativo.

La muerte judicial

En noviembre de 2019, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab,  anunció que, de agosto de 2017 a noviembre de 2019, 770 funcionarios fueron acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados; sin embargo, no informó cuántos de esos casos tienen como victimarios a funcionarios de las FAES, o si se investiga la totalidad de los hechos de ejecuciones extrajudiciales.

La Alta Comisionada Michelle Bachelet, también comentó que las cifras compartidas por William Saab no especifican si los funcionarios forman parte del grupo élite de la PNB.  “Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio, en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES”, dijo Bachelet en la actualización de su informe oral, el 18 de diciembre de 2019.

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Proiuris, a través de la investigación 100 Sentencias de Muerte, determinó que 85% de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales  no son investigados por funcionarios del Ministerio Público, lo que genera un ambiente total de impunidad.

Los ejemplos abundan: Liliana Zerpa, cuyo hijo Gregody Andrian Mijares Zerpa, de 17 años de edad, asesinado el 11 de enero de 2018, aún no ha tenido respuesta por parte de los fiscales del Ministerio Público. Rosa Ángela Justiniano, cuyo hijo Luis Alberto Rodríguez Justiniano, asesinado en febrero de 2018, también espera una investigación de los hechos conforme a Derecho.

El disparo en el pecho

El disparo a zonas vitales causa la muerte ipso facto. Y si el herido permanece vivo, solo les basta a los funcionarios demorar el traslado a un centro de salud para que fallezca en el camino.

Entre los patrones identificados por la ONG Proiuris está el disparo al pecho. Este tipo de herida  tiene como objetivo evitar que existan sobrevivientes que puedan contar la brutalidad policial en condición de víctima directa, en primera persona.

La frase  “shock hipovolémico causado por el disparo de un arma de fuego en el tórax” se repite en la mayoría de las actas de defunción entregadas a los familiares en la morgue de Bello Monte.

El shock hipovolémico es causado por una  disminución intensa del volumen de líquido (o sangre) circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda, por ejemplo un disparo en el pecho o toráx.

No parece casualidad que el disparo sea justo en uno de los grandes vasos principales (ejemplo la aorta), lo que hace que persona fallezca en menos de 20 segundos.

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El llamado “ruleteo” que pone en entredicho el socorro efectivoa las personas que son heridas de muerte por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado es otro patrón recurrente. En los partes policiales, filtradas a la prensa, se lee, en muchos casos, que los heridos llegan sin signos vitales a los hospitales, luego de un presunto enfrentamiento.

Los eufemismos

“Peligroso delincuente fue neutralizado en un enfrentamiento con las FAES”, “fue abatido un sujeto”, “dado de baja un líder delictivo”… Estos son algunos de los muchos anuncios encontrados no solo en partes policiales, sino también en la prensa venezolana sobre los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Para 100 Sentencias de Muerte, Proiuris analizó y sistematizó la información contenida en 100 minutas o notas de prensa elaboradas y difundidas entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2018 por los mismos cuerpos de seguridad intervinientes en los presuntos enfrentamientos con delincuentes, en las cuales se utilizan los términos “neutralizados”, “dados de baja” o “abatidos” para referirse a las personas asesinadas.

La versión oficial aparece como una especie de justificación de las políticas de “mano dura”, las cuales tienen resultados fatales, no solo a corto plazo. Muchas de las víctimas sobrevivientes de estos hechos sufren de procesos de revictimización luego de que sus familiares fallecidos son expuestos ante la opinión pública como “sujetos” o “delincuentes” que tenían que ser “neutralizados”.

Más grave es el proceso cuando los victimarios son financiados y apoyados por el Estado. El mensaje del “ellos” (los jóvenes de zonas populares, con o sin antecedentes penales) contra “nosotros” (las fuerzas del Estado). El “¡viva las FAES!” de Nicolás Maduro es un ejemplo de que el gobierno está consciente y tomó partido ante la situación.

 

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