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Reiterado respaldo de Maduro a las FAES fomenta los atropellos y contribuye a la impunidad

El apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana que impone el terror en los barrios pobres de Venezuela se suma a la imprecisión del Ministerio Público sobre las acciones judiciales que habría ejercido para castigar a los responsables de los excesos
Reporte Proiuris
Edgar López

“Un funcionario de la Fiscalía me dijo que las FAES actúan por orden presidencial”, indicó Miriam del Valle Gamarra cuando relató el asesinato de su hijo, Luis Alfredo Ariza Gamarra, de 21 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 13 de mayo de 2019.

La madre precisó que en el Ministerio Público  también le explicaron “la razón” del homicidio: el joven asesinado tenía antecedentes penales. “Mi hijo no era ningún malandro, y aunque lo fuera, esa no es la manera de actuar. Irán a matar a toda Venezuela”, reclamó la mujer.

La presunción de ese funcionario de la Fiscalía no era infundada. El respaldo de Nicolás Maduro a las FAES (e implícitamente a los excesos que cometen, sobre todo contra los hombres jóvenes que viven en barrios pobres del país) fue público y notorio el 17 de julio de 2019. En una transmisión de Venezolana de Televisión, Maduro ofreció su apoyo incondicional a las tropas de la PNB que matan impunemente. “¡Viva el FAES!, expresó en esa oportunidad.

Este viernes 20 de diciembre de 2019, Maduro se atrevió a más, al tratar de invertir los roles de víctimas y victimarios en la dinámica de terror y aniquilamiento de presuntos delincuentes que han instaurado las FAES con patrocinio del Estado “Ha habido una campaña mundial contra la Policía Nacional Bolivariana, contra el FAES, encabezada por el gobierno de Estados Unidos, financiada por el gobierno de Estados Unidos. Una campaña para que eliminemos la Policía Nacional Bolivariana, para que eliminemos al FAES; una campaña, donde vimos la semana pasada a la basura de Luis Almagro declarando contra la Policía Nacional Bolivariana, declarando contra  el FAES; una campaña donde financian a Ong que se hacen pasar por Ong independientes para atacar y atacar a nuestra Policía Nacional Bolivariana y al FAES”.

 

Maduro hizo tales señalamientos en un acto conmemorativo del X Aniversario de la PNB y también  manifestó su aspiración de que ese cuerpo de seguridad sume 100.000 funcionarios en 2023. Recordó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene “un sistema de armas de guerra”, que incluye fusiles y misiles, al cual  estarían incorporados más de 4 millones de milicianos en abril de 2020

De esta forma, Maduro dio respuesta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien apenas este 18 de diciembre, en la actualización de su informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, advirtió: “Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.

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Bachelet refirió los registros del Ministerio Público sobre la presunta comisión de excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado entre agosto de 2017 y agosto de 2019: “770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES”.

La imprecisión del Ministerio Público sobre las actuaciones de funcionarios de las FAES, sumada al respaldo que les ha reiterado Maduro, podría operar como un mecanismo adicional de impunidad.

Bachelet ha insistido en que la presencia de dos representantes de su oficina en Venezuela, autorizada por el gobierno de Maduro, constituye un avance. Sin embargo, los señalamientos de Maduro indican que no tiene la menor disposición a acatar sus recomendaciones, al menos respecto de las violaciones de los derechos a la integridad personal y a la vida atribuidos a las FAES.

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