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En Venezuela no hay protocolos sobre violencia de género

Expertas destacan que la emergencia humanitaria compleja ha causado un aumento de la trata, el tráfico y la prostitución forzada de mujeres, adolescentes y niñas
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea

La tarde del 20 de mayo de 2019, Melissa Arcila, de 38 años de edad, fue asesinada de 12 puñaladas por José Gregorio Pérez, quien durante un año fue su pareja. En varias ocasiones, la víctima había denunciado a su agresor en Fiscalía.

Ya le había fracturado la nariz tras dos golpizas, pero las autoridades no le prestaron la atención requerida e hicieron caso omiso a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estipula que los funcionarios del Ministerio Público deben hacer gestiones para garantizar una protección efectiva.

El miedo a denunciar es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

Magdymar León, de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (Avesa), explicó que, en muchos casos, la violencia aumenta una vez que las víctimas denuncian. En este orden de ideas la responsabilidad del Estado es mayor: “Si se coloca la denuncia y las mujeres no reciben protección suficiente y efectiva, la víctima puede sufrir más violencia y quedar en una situación de vulnerabilidad extrema. Hay que seguir exigiendo al Estado que cumpla con su labor”.

Desprotegidas

Los feminicidios, la trata de personas y la violencia física contra las mujeres, adolescentes y niñas están en alza en Venezuela por la falta de políticas públicas. Esa fue la conclusión a la que llegaron las expertas reunidas en el evento “Concertación Feminista”, que se realizó este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Solo en Caracas, entre enero y octubre de 2019, 53 mujeres, niñas y adolescentes fueron asesinadas, de acuerdo con los registros de Monitor de Víctimas. Siete de los casos tuvieron como móvil la violencia de género y se presume que otros doce también fueron feminicidios.

Para Ofelia Álvarez, presidenta de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer (Fundamujer), “todo está enlazado a la violencia de padres, hermanos, ex parejas y  allegados; no solamente se trata del esposo”, advirtió.

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Señaló que uno de los principales problemas para garantizar la protección efectiva de las mujeres radica en la falta de políticas públicas por parte del Estado, que garanticen sus derechos a una vida libre de violencia, como lo señala explícitamente la ley que rige la materia.

Álvarez insistió en señalar que de nada sirve la ley si no se cumple. Agregó que las propuestas de la oposición en materia de derechos de las mujeres, específicamente el Plan País, apenas incluye algunas consideraciones sobre salud sexual y reproductiva.

“No existen otras políticas públicas para la eliminación de la violencia contra la mujer ni garantías para salvaguardar su integridad personal”, reiteró la experta.

En emergencia

Magdymar León considera que la prevención es clave: “Se tienen que desarrollar políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia contra la mujer, a través del sistema educativo formal e informal”, enfatizó.

Señaló que en el país no existen protocolos para atender correctamente a las víctimas de violencia de género. “A la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún le falta el reglamento. Sin este protocolo para la aplicación de la ley las instituciones están desorganizadas respecto al qué hacer y cómo hacerlo”, detalló.

Destacó que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela tienen un impacto diferenciado en mujeres, adolescentes y niñas. Aunque no hay cifras oficiales, aseguró que han aumentado los casos de trata, tráfico y prostitución forzada, asociadas a la migración. “Históricamente, Venezuela, había sido un país de tránsito de este tipo de delito; ahora, se practica la captación de mujeres para la trata, el tráfico y la prostitución forzada”, aseveró.

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