A juicio de la CIDH, “el Estado es responsable por el asesinato de González, debido a que, a pesar de la situación de riesgo que denunció la víctima, el Estado no realizó las investigaciones necesarias, ni un estudio de riesgo para conocer la situación y no adoptó medidas de protección a su favor”
Reporte Proiuris
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de agosto de 2019 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso “Olimpiades González y otros”, en relación con Venezuela.
Se trata de la “detención ilegal y arbitraria” de Olimpiades González y sus familiares María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza y Luis Guillermo González, en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de funcionarios del estado venezolano.
A juicio de la CIDH, dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva en el marco de un proceso penal por el delito de homicidio, la cual resultó arbitraria.
La Comisión también concluyó que “el tiempo en que cuatro de las víctimas estuvieron detenidas bajo detención preventiva resultó irrazonable debido a que su duración no estuvo acompañada de una revisión periódica. Los recursos presentados por las víctimas a efectos de cuestionar su detención no fueron idóneos ni efectivos para obtener una debida protección judicial. Se vulneró el derecho de las víctimas, en su calidad de personas procesadas, a no estar junto con personas condenadas”.
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De igual forma, la CIDH contempla que “el Estado es responsable por el asesinato de Olimpiades González en diciembre de 2006. Ello debido a que, a pesar de la situación de riesgo que denunció la víctima ante las autoridades públicas, el Estado no realizó diligencias en el marco de una investigación, no realizó un estudio de riesgo para conocer la situación actual del señor Olimpiades González y no adoptó medidas de protección a su favor”.
Entre tanto, la CIDH concluyó que en este marco de indefensión, González fue asesinado, “presuntamente por parte de alguien vinculado a las fuentes de riesgo denunciadas por él”.
Como parte de las recomendaciones al Estado, la CIDH señaló en su informe que se debe disponer de una compensación y medidas de satisfacción para las víctimas, desarrollar las investigaciones correspondientes para determinar todas las responsabilidades derivadas de la muerte de Olimpiades González, y establecer medidas de no repetición para que hechos como este caso no vuelvan a suceder.
