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Las FAES ejecutan 16 formas de matar

Policías, fiscales y jueces operan articuladamente para que se mantengan impunes las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. A través de la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, Proiuris revela los modus operandi de una matanza sistemática
Reporte Proiuris

A través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente documentados por Proiuris, la organización no gubernamental de promoción y defensa de derechos humanos identificó 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces.

Los patrones están descritos y analizados en la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, la cual corresponde a la labor de documentación de ejecuciones extrajudiciales y acompañamiento de las víctimas sobrevivientes que desarrolla Proiuris.

El 17 de julio de 2019, Nicolás Maduro manifestó su pleno respaldo al grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana que acumula la mayor cantidad de denuncias sobre atropellos en el ejercicio de la fuerza pública. “¡Viva el FAES”! expresó Maduro, ignorando los llamados de atención formulados desde diversas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo en Venezuela en junio de 2019.

Cada uno de los 16 patrones está fundamentado en los relatos de familiares de los fallecidos y testigos de los hechos. En todos los casos, las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como casos de resistencia a la autoridad” y no son debidamente investigados por el Ministerio Público.

El reportaje especial “Las FAES matan con patrocinio del Estado” también incluye el análisis del shock hipovolémico, como causa genérica de muerte asentada en los certificados de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como la documentación de cuatro masacres perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado durante 2019, que suman 26 muertos.

La brutalidad policial tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes. Las viudas deben asumir la carga del sostén económico de la familia y la canalización de los duelos. Entre enero y septiembre de 2019, 301 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres.

 

1.- Irrupción violenta en residencias y domicilios. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado suelen irrumpir violentamente en los lugares donde desarrollan sus operativos.

 “Sabemos que fue la policía. Pero nadie habló de lo que ocurrió, solo la familia. Los vecinos no quieren decir qué pasó”. Carlos Herazo, sobre la muerte de Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad

El 8 de febrero de 2019, funcionarios de las FAES tomaron el barrio Felipe Acosta Carlez, ubicado en Las Mayas, en Caracas, para vengar el homicidio de uno de sus compañeros de la Policía Nacional Bolivariana.

En el procedimiento fue asesinada Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad, a quien confundieron con un hombre. Según testigos y familiares de las víctimas, antes del mediodía otros cuatro jóvenes del sector habían sido asesinados: José Arteaga, de 18 años de edad; David Arteaga, de 21; José Moisés Flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 años de edad.

 

2.- Concentración de la actuación policial en barrios pobres. La mayoría de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales habitados por personas pobres, lo cual apunta hacia una matanza selectiva.

“Están haciendo fiesta con los que son y con los que no son. Han matado mucha gente inocente en Coche. Los policías lo que hacen es robar y maltratar”. Familiar de Freyiber González, de 16 años de edad.

Siete muertos fue el resultado de la razia que se prolongó durante siete horas en varios barrios del Kilómetro 2 de la Carretera Panamericana, el 27 de agosto de 2019.

Según la versión oficial, difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los miembros de la banda delictiva de “El Peluca” fueron “neutralizados” al “enfrentarse” contra comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante las siete horas del “operativo”, los vecinos del sector “La Invasión” permanecieron encerrados en sus hogares, a la espera de los resultados fatales. En la morgue de Bello Monte, se precisaron las identidades familiares de cinco de los fallecidos: Freyiber González, de 16 años de edad; Alber José Armas Armas, de 35; Tony Arsenio Armas Armas, de 30; Yorman Gabriel Puerta Gómez, de 20; y Edwar Zambrano, de 23 años de edad.

 

3.- Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva. Hombres con edades comprendidas entre 16 y 41 años de edad son los muertos más recurrentes en operativos policiales que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“Lo estaban ahorcando. Lo sé porque su esposa logró verlo a través de la ventana. Pero no la dejaron pasar. La tenían sometida a ella mientras tenía al niño en brazos”. Luego, se escucharon los disparos”. Familiar de Antony José Matos, de 22 años de edad.

El asesinato del comisionado en jefe de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló el 24 de julio de 2019, durante doce horas consecutivas, en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19; Javier Noria, de 32; Carlos Javier González, de 22; Antony José Matos Hernández, de 22; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

 

4.- Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad. En todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la versión oficial indica que presuntos delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios actuantes, quienes “se vieron obligados” a repeler el ataque, en legítima defensa y en cumplimiento de su deber.

“Antes de dispararle, uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía. Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras que mi yerno con su hija pequeña. A ellos los despertaron los policías. No hubo el enfrentamiento que tanto dicen”. Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años de edad.

Fue un doble homicidio. Gil Parra habría sido ejecutado junto a su cuñado, Manuel José Martínez, de 21 años de edad, el 20 de marzo de 2019, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que esta vez actuaron junto con agentes de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Municipal de Santa Lucía, allanaron la residencia donde vivían ambos, en el barrio Mano Amiga del sector Los Jabillos, en Mariche.

 

5.- “Siembra” de armas para simular enfrentamientos. Las versiones oficiales siempre dan cuenta de presuntas incautaciones de armas a las personas que resultan fallecidas en operativos policiales.

“Los policías me dijeron que lo iban a ayudar, que no le iban a sembrar ni drogas o armas, que solo le iban a imputar ese delito. Nunca entendí esa ayuda”. Tairuma Moreno, madre de Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

Los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le habían advertido que si no se llevaba a su hijo del barrio se lo iban a matar. Un mes después, el 24 de julio de 2019, en medio de una razia en el barrio 70 de El Valle, ejecutaron a Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

 

6.- Alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales. Familiares y testigos suelen afirmar que los funcionarios policiales se esfuerzan por borrar evidencias de interés criminalístico, con el propósito de dificultar eventuales investigaciones de excesos en el uso de la fuerza pública.

“Cuando entramos, todo estaba lleno de sangre, la sala sobre todo. También había orificios de bala, creemos de armas largas, en las paredes. Ninguno de los dos tenían pistolas, ellos no se enfrentaron. Su hermana escuchó cómo Carlos comenzó a gritar ‘¡no me maten, no me maten!’”. Familiar de Javier Noria, de 32 años de edad.

Familiares de Noria, de 32 años de edad, y de Carlos Javier González, de 22, denunciaron que funcionarios de las FAES los ejecutaron dentro de su hogar, en la calle 9 de Los Jardines del Valle, en horas de la noche del 24 de julio de 2019. Informaron que los agentes comenzaron a interrogar a ambas víctimas en relación con asesinato del jefe de operaciones de la estación policial El Valle, Carlos Valverde.

Los funcionarios no habrían permitido que la familia reingresara al hogar sino tres horas después de la presunta ejecución extrajudicial.

 

7.- Los antecedentes penales a modo de justificación de los asesinatos. En las ocasiones que los cuerpos de seguridad informan sobre muertes en presuntos enfrentamientos con delincuentes, destacan que los fallecidos tenían prontuario delictivo. Familiares y testigos confirman que los antecedentes penales constituyen un riesgo adicional de morir a manos de la policía.

“Nunca había estado preso. A su pareja se la llevaron detenida a una comandancia en la zona. Estuvo allí como dos horas y escuchó cuando los oficiales dijeron que Mark no tenía antecedentes. Entonces, por qué lo mataron tan vilmente”. Familiar de Mark Noel Luzón Abreu, de 22 años de edad.

El 23 de abril de 2019, en la calle El Estanque de Coche, en Caracas, las FAES realizó un “operativo” en busca de presuntos delincuentes que operan en la zona. Luzón Abreu estaba en la casa de su pareja, que tenía 17 años de edad y dos meses de embarazo. Los funcionarios llegaron hasta la vivienda de la muchacha y tocaron la puerta. La embarazada abrió y la encerraron en una habitación, mientras que a Mark lo apartaron en otra, donde lo habrían ejecutado.

 

8.- Ausencia del Ministerio Público en los procedimientos policiales. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses” establece que para realizar un allanamiento se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, generalmente los procedimientos ejecutados por los cuerpos se seguridad del Estado no son debidamente supervisados por fiscales del Ministerio Público.

“No había fiscales, solo llegaron tumbando la puerta. Lo sacaron de la casa y lo tiraron en la calle. Allí le dispararon. Se lo llevaron al hospital Periférico de Catia, pero ya estaba muerto”. Familiar de José González, de 30 años de edad.

El 27 de mayo de 2019, Funcionarios de las FAES irrumpieron violentamente en la residencia de José González, de 30 años de edad, ubicada en el barrio Nuevo Horizonte de Catia. Los agentes del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana llegaron sin una orden de allanamiento. Tampoco estaba presente un fiscal del Ministerio Público para supervisar la inclusión en la vivienda. Sacaron a la esposa e hija de González y las encerraron en la casa de uno de los vecinos. Luego le dispararon al hombre en el pecho.

 

9.- Allanamientos sin autorización judicial. Las inspecciones a residencias y domicilios realizados por los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de operativos policiales no están avalados por órdenes judiciales.

“A él lo detuvieron dentro de su casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales, ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían asesinado funcionarios de las FAES”. Douglas Barboza, tío de Keyvis Alejandro Castello Barboza, de 21 años de edad.

A las 10:30 am, del viernes 31 de mayo de 2019, Castello Barboza se sumó a la lista de muertos a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). El joven estaba solo en su casa cuando funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al barrio Las Minas de Baruta,  a realizar “un operativo de rastreo y captación” de presuntos delincuentes de la zona.

 

10.- Asesinato por la presunta comisión flagrante de delito. Generalmente, los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales alegan que actuaron contra delincuentes en “flagrante” comisión de delito, aunque hay casos de víctimas que fueron sometidas mientras dormían.

“Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”. Milagros López, sobre la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años de edad.

El 18 de febrero de 2019, las FAES ejecutaron razias policiales en siete barrios de Caracas, pero solo reportaron un procedimiento. Los familiares aseguraron que algunas de las víctimas fueron asesinadas de varios impactos de balas, pero en todos los casos se reseñó un disparo mortal y una misma causa de muerte de forma genérica.

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle que se ejecutaron el lunes 18 de febrero no fueron oficialmente informadas, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

Además de la muerte por presunta “resistencia a la autoridad” de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22; Yorman Allende Figueroa, de 22; Samuel Velazco de 31; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26; y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

 

11.- Robos en las residencias y domicilios. Muchas víctimas denuncian que los cuerpos de seguridad del Estado aprovechan los operativos policiales que ejecutan para robar desde alimentos hasta divisas.

“Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”. Juliana Padunis, viuda de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Boza Bozo a las 4:00 a.m. del 18 de febrero de 2019, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, en el kilómetro 3 de El Junquito.

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza Bozo, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

Sus familiares aún recuerdan los llamados de auxilio de la víctima antes de que fuera asesinado. “¡Vieja, vieja, me están matando!”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. “Su mamá comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido.  “Lo que más me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

Denunciaron que los funcionarios se llevaron varias pertenencias de la víctima, entre ellas 130 dólares en efectivo.

 

12.- Actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados. Los pasamontañas y máscaras que usan las FAES impiden la plena identificación de cada uno de los agentes. Tampoco portan sus nombres y apellidos en el uniforme.

“Los funcionarios de la morgue me informaron que había sido víctima de las FAES”. Pedro Melo, padre de Oscar Melo Vargas, de 22 años de edad.

El 22 de abril de 2019, Melo Vargas salió de su casa en Palo Verde en compañía de su pareja. En la estación del Metro se despidieron. Minutos después, un grupo de aproximadamente 15 hombres encapuchados y vestidos de negro lo interceptaron, lo sometieron y se lo llevaron en una camioneta Toyota modelo Hilux sin placas.

Estuvo tres días desaparecido. Su familia lo buscó en los hospitales de Petare y en las comandancias de la Policía Nacional Bolivariana. Por la apariencia de sus captores, presumían que se trataba de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Confirmaron esa hipótesis en las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense (Senamecf), donde el cadáver de Melo Vargas fue ingresado con múltiples disparos.

 

13.- Disparos en zonas vitales del cuerpo de las víctimas. Por lo general, los funcionarios de las FAES disparan para matar; no para “neutralizar” a las personas. Los disparos impactan la cabeza o el tórax de las víctimas y causan su muerte casi inmediatamente.

“Cuando llegamos al hospital Domingo Luciani, mi sobrino estaba muerto y con tres disparos, uno de ellos en la cabeza. A él lo detuvieron dentro de su casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales, ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían asesinado funcionarios de las FAES”. Douglas Barboza, tío de Keyvis Alejandro Castello Barboza, de 21 años de edad.

El 31 de mayo de 2019, Castello Barboza estaba solo en su casa cuando oficiales de las FAES llegaron al barrio Las Minas de Baruta,  a realizar “un operativo de rastreo y captación” de presuntos delincuentes de la zona. En el acta de defunción se indicó que falleció debido a un shock hipovolémico causado por la herida de un arma de fuego en el tórax.

 

14.- Negación de socorro efectivo. Los funcionarios deben trasladar con premura a las personas que hayan herido, a un centro de  salud donde le puedan salvar la vida. Pero, generalmente, llegan muertos.

“A mi hijo lo sacaron envuelto en una sábana blanca de casa  de su amiga. Estaba herido, pero vivo. Yo lo vi.  Comenzamos a buscarlo pero no estaba en ningún hospital. Los policías lo vieron y le dispararon en una pierna. Herido y todo, corrió hasta la casa de una de una amiga para resguardarse, pero el rastro de sangre que dejó en la calle, condujo a los oficiales a esa vivienda.  ‘¡Sal de ahí maldito, que te vamos a matar!’, gritó uno de los oficiales antes de entrar a la casa de mi amiga. La sacaron a ella y a sus hijos y dejaron al joven solo. Luego, se escucharon disparos”. Atamaica Martínez, madre de Ángel Gabriel Camero Martínez, de 18 años de edad.

La víctima falleció a manos de funcionarios de las FAES, durante un operativo realizado el 8 de abril de 2019, en la calle 18 de Los Jardines de El Valle.

 

15.- Represión de protestas. Las FAES se han incorporado en labores de control del orden público sin cumplir las normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.

“Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘¡Dios mío, se ensañaron con esta niña!’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”. Yusmary Natera, madre de Stefany Maholi Jajoy Natera, de 20 años de edad.

A las 2:00 a.m. del 23 de enero de 2019, Stefany Maholi Jajoy Natera, de 20 años de edad, fue abaleada. Sus familiares responsabilizan a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que reprimieron las protestas antigubernamentales en el sector El Amparo, en Catia.

La víctima recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre Yusmary Natera y sus dos hermanos cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de la joven desde las 2:00 a.m., cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 a.m. del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial.

 

16.- Impunidad generalizada. La mayoría de presuntas ejecuciones extrajudiciales no es debidamente investigada por el Ministerio Público, y en los pocos casos atendidos por la Fiscalía pueden operar vicios del sistema de administración de justicia que impiden el enjuiciamiento y aplicación de sanciones conforme a Derecho.

“Estoy dispuesto a usar todos los mecanismos legales para no dejar impune el caso. Aunque estamos hablando de un sistema que está corrompido desde la primera instancia”. Alexis Lira, hermano de Fernando Lira, de 40 años de edad.

En un contexto de impunidad generalizada, es excepcional la investigación emprendida por el Ministerio Público contra siete funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), incluyendo a un supervisor del grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, por la presunta ejecución extrajudicial de los exfuncionarios de la Policía Municipal de Chacao Fernando Alexis Lira Granados y Eligio Alexander Duarte Barrios.

El 6 de abril de 2019, seis funcionarios de las FAES fueron presentados ante el Tribunal 4° de Control de Miranda, a cargo de Yelitza Coromoto González. A Alexander Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña, se les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión de socorro.

Se decretó la detención judicial preventiva de todos los imputados y se ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Yare III, en Miranda. Esa orden judicial no se habría cumplido. El representante legal de las víctimas asegura que los imputados permanecen en la comandancia de la Policía Municipal de Zamora con relativa comodidad. Luego de que se formalizaron las imputaciones.

La investigación del Ministerio Público incluyó pruebas que también permitirían imputar al supervisor de las FAES y director de la Policía Municipal de Brión, José Miguel Oliveros Gómez, por el homicidio de Lira Granado y Duarte Barrios.

Sin embargo, una contraorden en el seno del Ministerio Público detuvo el proceso contra los policías y el caso quedó en un limbo.

LEA AQUÍ EL REPORTAJE COMPLETO

 

 

 

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