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Linda Loaiza: El Estado sigue en desacato y mantiene en orfandad los derechos de las mujeres

A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara al Estado venezolano por su responsabilidad en las omisiones que permitieron los delitos cometidos contra Linda Loaiza, la abogada señaló que la sentencia es una obligación que se debe cumplir y no puede convertirse en letra muerta. “Son obligaciones convencionales de protección que el Estado está obligado a cumplir”

Reporte Proiuris

“El Estado venezolano, se encuentra en total y sistemático desacato con todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en el caso Linda Loaiza López y familiares”, manifestó Linda Loaiza a través de un comunicado.

En el escrito recordó que el 16 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano, haciéndolo responsable de las diversas omisiones que permitieron los delitos cometidos, por un particular, en contra de la abogada.

“La Corte IDH condenó al Estado venezolano por la violación de mi integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, también lo responsabiliza por la ínfima sentencia con la que fue condenado el agresor, el cual no incluyó los actos de tortura y violación de los que fui víctima, todos estos delitos valorados como violación de mis derechos humanos”, sostiene Loaiza, al tiempo que recuerda que el “Estado venezolano debe acatar sus obligaciones frente a las convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”.

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En el comunicado, Loaiza enfatiza que “la respuesta silente del Estado frente a la condena de la cual ha sido objeto, muestra que, el actual gobierno, autodenominado feminista, se comporta con una realidad que lo desmiente muy contundentemente en su negación y omisión frente a su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de las mujeres desde su gestación hasta su vejez”.

La “indudable omisión de Estado venezolano es el escenario de la continuidad de los delitos que me revictimizan e igualmente a mi familia. La sentencia de la Corte IDH es una obligación que se debe cumplir y no puede convertirse en letra muerta porque son obligaciones convencionales de protección que el Estado venezolano está obligado a cumplir. Sigo caminando por los atajos de espinas e impunidad”, denunció en su escrito.

A juicio de la abogada, las muestras de esta respuesta silente están en las altas y alarmantes cifras de los delitos de femicidios y violencia de género. “El Estado no muestra la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas políticas públicas para prevenir esta violencia y sancionar ejemplarmente a los responsables. Esto solo alimenta el clima de impunidad desbordada y la revictimización de las mujeres víctimas que acuden al sistema judicial”, puntualiza.

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Linda Loaiza, quien fue secuestra en marzo de 2001 cuando tenía 18 años de edad, y estuvo en cautiverio durante cuatro meses siento víctima de torturas y agresiones sexuales, aprovechó para recordar que “de acuerdo con la Convención Americana, todo Estado que la ha suscrito, es responsable de obligaciones internacionales que le impone sancionar los delitos que por omisión o ataque directo haya producido daño a las víctimas y tiene el deber de repararlos adecuadamente”.

“Los Estados no pueden seguir siendo cómplices de los agresores, son muchas las formas en la que un sistema judicial revictimizar y multivictimizar a las víctimas, esa dolorosa realidad que he vivido en carne propia a través de una tortura atroz. La justicia, por muy eficiente que pudiera ser, no devuelve a las víctimas lo conculcado pero, su verdadera aplicación, sería un avance importante en la desaparición de esta impunidad”, concluyó Linda Loaiza.

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