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Luis Izquiel: El Estado debe admitir que las FAES operan como un grupo de exterminio

Durante el foro “Ejecuciones Extrajudiciales: La matanza como práctica de Estado”, organizado por la ONG Proiuris, el criminólogo explicó que el grupo comando de la PNB actúa con alevosía
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea

El Estado venezolano debe admitir que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana operan como un grupo de exterminio. Así lo destacó Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela (UCV), a partir de las denuncias de víctimas sobrevivientes de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Durante el foro “Ejecuciones extrajudiciales: la matanza como práctica de Estado”, organizado por la organización no gubernamental Proiuris y realizado este 10 de octubre, en los espacios de Foro XXI, Izquiel explicó que los excesos en el uso de la fuerza pública corresponden a actuaciones deliberadas.

Como quiera que en la legislación venezolana vigente, las ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas como un delito autónomo, el criminólogo considera que se deben calificar como homicidios intencionales: “En estos operativos se actúa con alevosía, van a matar con ventajas. Esto queda evidenciado debido a los patrones identificados por las organizaciones no gubernamentales”, señaló el abogado penalista.

Izquiel recordó que, según cifras suministradas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), diariamente son ejecutadas 21 personas en el país. “Estamos hablando de 21 fallecidos por día. El año pasado se contabilizaron más de 7.000 muertes a manos de funcionarios policiales en operativos de seguridad. Esta cifra también fue convalidada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Tanto el Observatorio Venezolano de Violencia como Bachelet entienden que la mayoría de los supuestos enfrentamientos constituyen ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó.

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Precisó que la mayoría de las víctimas son jóvenes, morenos, que viven en zonas populares del país. “Además, en el marco de los operativos hay robos y atropellos a los familiares. Alteran las pruebas, siembran armas de fuego y hasta drogas”, agregó.

Alexis Lira, hermano de una de las víctimas de las FAES, habló sobre el retardo procesal en el caso de su hermano Fernándo Lira y su amigo Eligio Duarte | Foto: Alan Márquez 

Alexis Lira, hermano de Fernando Lira, quien habría sido asesinado el 6 de marzo por funcionarios de las FAES, denunció que el caso sigue estancado en los Tribunales de la extensión Barlovento. “Hay seis oficiales de las FAES imputados por el caso y a pesar de haber pasado seis meses desde la imputación hecha por el Ministerio Público, aún no se ha realizado la audiencia preliminar. Esos oficiales realmente no están detenidos, han llegado hasta bronceados a las presentaciones”, señaló.

Enfatizó que existen suficientes elementos de convicción que indican  que tanto Fernando Lira como Eligio Duarte, fueron ejecutados extrajudicialmente. “Tenemos las pruebas de ATD, el informe médico legal, testimonios de algunos testigos…. Es más, se puede hablar de impunidad porque un séptimo imputado se libró de la privación de libertad”, sostuvo.

Izquiel destacó la línea de documentación que tienen las organizaciones no gubernamentales para documentar, difundir y denunciar los casos de ejecuciones extrajudiciales | Foto: Alan Márquez

Para el profesor de criminología, la impunidad en los casos de violación al derecho a la vida por parte de los oficiales de seguridad del Estado fomenta el abuso de autoridad y de poder.

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Según datos del Ministerio Público correspondientes a 2015, recordó Izquiel,  ese año hubo 8.049 denuncias, de las cuales solo 105 casos avanzaron a fase de juicio: “Estamos hablando de 99 % de impunidad”, enfatizó el criminólogo.

Izquiel reconoció la labor de las organizaciones no gubernamentales en materia de documentación y difusión de los casos de violación del derecho a la vida. “Los únicos actores que pueden garantizar alguna clase de justicia o al menos atender a las víctimas de estos operativos, son los representantes de las ONGs y, sobre todo, los de la Asamblea Nacional, para que envíen lo colectado a la Alta Comisionada Michelle Bachelet”, señaló.

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