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El Estado esconde información sobre 72 enfermedades

En 2016 se suspendió la publicación del boletín epidemiológico que desde 1938 se difundía en Venezuela semanalmente de forma ininterrumpida. Sin esta información no se pueden tomar medidas preventivas ante factores de riesgo ni mitigar epidemias
Reporte Proiuris 
Marialin Lacourt Juliac

El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. De acuerdo con la Unesco, se trata de un pilar fundamental del derecho a la libertad de expresión. En Venezuela la efeméride no es motivo de celebración, pues la información pública se maneja como si fuese secreto de Estado.

El hermetismo sobre la información de interés público tiene un impacto directo en el derecho a la salud. Desde hace 12 años en el país se ha producido un deterioro progresivo en materia de epidemiología, un sector que requiere que la información se recabe y analice rápidamente, pues solo así se pueden tomar medidas para prevenir enfermedades y alertar sobre factores de riesgo para la población.

A partir de 2016 fue suspendida la publicación del boletín epidemiológico, el cual se difundía semanalmente de forma ininterrumpida desde 1938. Sin esta información, la comunidad no tiene conocimiento sobre cómo protegerse y cuándo tomar previsiones.

En mayo de 2017 el Ministerio de Salud publicó sorpresivamente los boletines epidemiológicos semanales correspondientes a 2016. Poco después de su publicación la ministra de Salud para entonces, Antonieta Caporale, quien solo llevaba cuatro meses en el cargo, fue destituida.

El manejo de la información pública como un secreto de Estado, no solo viola el derecho al acceso a la información, sino también el derecho a la salud.

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Aunque no existe una ley que regule el derecho al acceso a la información, en varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se hace referencia a este derecho. 

El artículo 58 de la carta magna establece, en forma general, que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial y sin censura. Y, en forma más específica, el artículo 143 indica que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad“.

De forma más directa, el artículo 51 de la Constitución señala que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo“.

Consecuencias de la desinformación

José Félix Oletta, exministro de Salud, explicó que los boletines epidemiológicos que se difundían en el país resumían 72 enfermedades, información que se obtenía mediante numerosos controles de salud. “Hoy se desconoce cómo lo está manejando el Estado”, señaló.

El actual coordinador de la asociación Alianza Venezolana por la Salud, una coalición de la sociedad civil que defiende el derecho a la salud, acentuó que no solo se restringe la información en materia de epidemiología: “en general, toda la información inherente a la salud está restringida. Esta información no le pertenece al ministro, ni al gobierno, les pertenece a los ciudadanos, quienes tenemos plena razón para exigir se respete el derecho al acceso a la información”.

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El médico advirtió que las comunidades deben estar informadas sobre los riesgos sanitarios que eventualmente pueden correr, como requisito imprescindible para que los ciudadanos participen eficientemente en las medidas para prevenir o detener daños a la salud.

El exministro recordó que en 2018 se registraron cerca de 6.500 casos de malaria que se exportaron y especificó que fueron identificados 360 casos en otros países de personas que migraron de Venezuela. “Son personas que se van pobres y se van enfermas”, sentenció.

Oletta enfatiza que si no se informa sobre una enfermedad, los médicos no pensarán en ella, sobre todo cuando son enfermedades emergentes como dengue, zika o chikungunya.

La epidemia  de chikungunya llegó a Venezuela en mayo de 2014 y el Ministerio de Salud no se pronunció sino tres meses después. Algo similar sucedió con el zika, epidemia que ingresó al país en julio de 2015 y el Estado demoró  hasta finales de noviembre el Estado para comenzar a tomar medidas.

Regresión en materia de salud

A juicio del especialista, lo único que gana el gobierno con no publicar los indicadores, es ocultar su fracaso en políticas de salud. “No quiere mostrar la regresión en los indicadores de salud que reflejan la magnitud de la tragedia”, considera Oletta.

La dimensión de la regresión en el sector salud venezolano descrita por Oletta es alarmante. En malaria, se han retrocedido 80 años; en mortalidad materna, 60 años; en mortalidad infantil, 20 años; en difteria 26 años; en tuberculosis, 25 años, y en sarampión, 11 años.

Se pagan y se dan el vuelto

Anualmente, el Ministerio de Salud, entre otros entes del Estado, debe rendir cuentas sobre su gestión ante la Asamblea Nacional, la cual analiza el desempeño y solicita se hagan las correcciones necesarias en caso de requerirse. No obstante, en la actualidad no hay forma de evaluar la gestión de dicho ente en ninguna de sus funciones.

El Ministerio de Salud presenta su memoria y cuenta al Tribunal Supremo de Justica que usurpa funciones contraloras de la AN. En relación con la compra de medicamentos, no se publican los procesos licitatorios que debe hacerse mediante la contraloría sanitaria.

Ante estos vicios de autoridad y el vacío informativo, la Alianza Venezolana por la Salud ha orientado esfuerzos en realizar investigaciones para prever posibles brotes de epidemias y otros factores de riesgo.

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