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Deportaciones de refugiados venezolanos aumentan su situación de vulnerabilidad

Al menos 890 venezolanos han sido expulsados de Perú. La internacionalista Giulianna De La Torre destaca que quienes han sido detenidos en las fronteras sin documentación son personas con necesidad de protección internacional debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela
Reporte Proiuris

Autoridades peruanas expulsaron a 150 venezolanos alegando que entraron al país de manera irregular a través la frontera con Ecuador (Tumbes). Los migrantes y refugiados fueron devueltos a Ecuador con una prohibición de ingreso al Perú por 15 años, por considerar que transgredieron la Ley de Extranjería. Sin embargo, las medidas de expulsión violan el principio de no devolución al país de donde se huye y expone a los venezolanos a una situación mayor de vulnerabilidad.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el ministro de Interior del Perú, Carlos Morán, han sido expulsados un total de 890 venezolanos y destacó que endurecerán las políticas migratorias del país.

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Para la internacionalista Giulianna De La Torre, los venezolanos que han sido detenidos en las fronteras sin documentación son personas con necesidad de protección internacional (PNPI), debido a la emergencia humanitaria compleja. Ese es el consenso al que han llegado las mesas de trabajo con respecto a los migrantes y refugiados venezolanos”.

La especialista también señaló que tal hecho no implica que la aceptación de la personas en los Estados receptores debe ser inmediata y que lo ajustado a las normas internacionales es la regularización de su situación migratoria para alejarlos de riesgos.

“Muchas de las personas que salen por la precaria situación en el país merecen protección por parte del Estado receptor debido a su condición de vulnerabilidad. No obstante, hay un grupo que huye por delitos que cometieron estando en Venezuela. La protección internacional no se otorga a estas personas. Los Estados comprenden que hay una diferencia entre la víctima y quien huye de la justicia”, explicó De La Torre, quien advierte que no se puede utilizar la medida de refugio o PNPI como escape, aunque también destaca que es erróneo asegurar que todos los venezolanos han cometido delito.

El principio de no devolución se aplica cuando las personas tienen estatus de refugiadas. Sin embargo, la especialista de la ONG Éxodo, Dorennys Angulo, establece que en el caso de los venezolanos, aún es “difícil” que los países de la región los acepten como refugiados.

A juicio de Angulo, “los migrantes venezolanos en sí mismos no son refugiados pero presentan las mismas características. Es una situación compleja puesto que hay un grupo de ciudadanos para los cuales no se aplica el principio de no devolución y el Estado receptor se vale de sus leyes migratorias para procesar de manera masiva todos los casos”, explica.

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En el caso de los ciudadanos que son deportados masivamente de un Estado a otro que no es el país de origen, De La Torre asegura que constituyen una población que “queda en la misma situación de vulnerabilidad”, puesto que son propensos a intentar el reingreso a través de rutas ilegales bajo las cuales corren más riesgo.

La experta recordó que la obligación de brindar protección internacional efectiva es compartida por los Estados de origen, tránsito y destinode dice que los derechos de tura de estos migrantes también es responsabilidad articulada entre los gobiernos que los reciben o en este caso, deportan.

“En el caso de los venezolanos deportados de Perú, no necesariamente tendrían que ser devueltos a Ecuador. Pudiese existir una distribución articulada con países como Argentina o cualquier otro Estado que acepte la existencia de estas personas”, indicó De La Torre, quien reiteró que en el caso de los migrantes y refugiados, la prioridad es reducir la situación de vulnerabilidad y de amenaza directa.

De La Torre señala que pueden ser aplicadas tres soluciones que han sido efectivas en el largo plazo: la primera es proveer ayuda para la integración en la comunidad en la que se encuentren, la segunda es la reubicación de los migrantes y refugiados a diferentes zonas o regiones del país para así evitar el sobrepoblamiento de un lugar, y finalmente, una gestión que organice el retorno seguro.

“El proceso de retorno seguro se da cuando los dos anteriores han sido exitosos. Esto permite conocer las necesidades de los migrantes y refugiados de manera que los Estados puedan defender sus derechos de manera adecuada. Si no hay información, la persona se encuentra invisibilizada”, afirmó De La Torre e hizo hincapié en que son las instituciones las que deben crear los canales regulares que permitan a los migrantes y refugiados un tránsito seguro.

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Con respecto a las visas humanitarias, De La Torre considera que constituyen una “limitante”, por los costos y los esfuerzos que implican. Angulo agrega que los países actúan de forma reactiva al éxodo venezolano. La emisión de un documento para migrantes es un acto “discrecional” por parte de las autoridades del país de tránsito o destino, lo cual debilita el derecho a la migración.

“Hay una absoluta contradicción entre lo que plantean y lo que hacen algunos países respecto a los migrantes y refugiados venezolanos. Finalmente son los Estados receptores los que tienen las herramientas para ayudar a la regularización de los migrantes y refugiados. Mientras que los Estados aumenten las medidas de seguridad y que lo administrativo esté por encima de lo humano, se seguirá creando una cerca fronteriza no visible que volverá más complejo el panorama migratorio en Latinoamérica”, concluyó Angulo.

 

 

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