La resolución del Consejo de Derechos Humanos destaca que, según cálculos del Acnudh, 6.000 personas han muerto a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y que 3,7 millones de venezolanos están malnutridos
Reporte Proiuris
Edgar López
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer una Misión Internacional de Determinación de los Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela.
La decisión fue tomada en el contexto del 42° Período de Sesiones, celebrado del 9 al 27 de septiembre de 2019, a través de la resolución A/HRC/42 y se fundamenta en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como el seguimiento que realiza su oficina a la situación de los derechos humanos en Venezuela, la cual ha empeorado por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos tiene como mandato expreso “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Tiene un plazo inicial de un año para realizar su labor y sus miembros serán designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica expresamente que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos se trasladará “urgentemente” a Venezuela para investigar violaciones de derechos humanos. Ello constituye el mayor desafío, pues el gobierno venezolano, durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha negado insistente la visita al país de los organismos internacionales de derechos humanos.
La visita de Bachelet y de integrantes de su oficina, en marzo y junio pasados, fue la excepción, pero no cumplió con las expectativas del oficialismo, pero el propio Maduro encabezó una campaña de descalificación de la Alta Comisionada, que estuvo en Venezuela en juicio pasado. No obstante, este 24 de septiembre, Maduro accedió a la presencia permanente en el país de dos oficiales de la Acnudh, para proseguir el mandato que tiene Bachelet a efectos de reforzar el escrutinio de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La ONU instó al Estado venezolano a cooperar “plenamente” con la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, lo cual incluye “acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y los lugares de detención”, se especifica en la resolución.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también instó al Estado venezolano a que faciliten a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos toda la información necesaria para el desempeño de su mandato. Se supone que ello incluye información oficiales y datos estadísticos sobre acciones u omisiones estatales que compromete los derechos en el país.
Según la resolución, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos deberá presentar un informe con sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no descarta la creación de una Comisión de Investigación, como lo han solicitado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos “si la situación (en Venezuela) sigue deteriorándose”.
Las protestas por medicinas, alimentos y seguridad se han generalizado en el país por la emergencia humanitaria compleja | Foto: Alan Márquez
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos se formaliza dos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos decidió activar un Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela (Meseve) para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por ese organismo para evitar daños irreversibles causados por acciones u omisiones del Estado venezolano.
18 razones
1.- Emergencia humanitaria compleja. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó su “gran preocupación por la alarmante situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que está marcada por pautas de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria, como se indica en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otras organizaciones internacionales”.
2.- Hambre y enfermedad. También destacó “las diversas violaciones, relacionadas entre sí, de los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, en particular los derechos a una alimentación adecuada y al más alto nivel posible de salud física y mental, violaciones que incluyen episodios de gran escasez de alimentos, medicamentos y vacunas”.
3.- Niños, niñas y adolescentes e indígenas. La ONU expresó “especial preocupación por los efectos desproporcionados de la crisis en los derechos de las mujeres y los niños, y en particular en los de las niñas, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables”.
4.- Represión y persecución selectiva. Naciones Unidas condenó enérgicamente “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos en la República Bolivariana de Venezuela, que incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.
5.- 6.000 ejecuciones extrajudiciales. El Consejo de Derechos Humanos calcula que “por lo menos 6.000 personas hayan resultado muertas desde enero de 2018 en la República Bolivariana de Venezuela en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad y que, según la información analizada por la Alta Comisionada, muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.
4.000.000 millones de venezolanos han huido del país debido a las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado | Foto: agencia
6.- Erosión del Estado de Derecho. La ONU Deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, que aceleran la erosión del Estado de Derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso.
7.- Presos políticos. A través de la resolución se “insta a las autoridades venezolanas a que pongan de inmediato en libertad a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad, y con urgencia a las 27 personas detenidas y señaladas como casos prioritarios por la Alta Comisionada en el informe oral que presentó al Consejo de Derechos Humanos en su actual período de sesiones; realicen investigaciones prontas, eficaces, completas, independientes, imparciales y transparentes de todas las violaciones de los derechos humanos”.
8.-Impunidad. Naciones Unidas exigió al Estado Venezolano que se “realicen investigaciones prontas, eficaces, completas, independientes, imparciales y transparentes de todas las violaciones de los derechos humanos; detengan, condenen públicamente, sancionen y prevengan todos los actos de persecución y represión selectivas por motivos políticos; pongan fin al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y lo prevengan; y adopten medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos y los profesionales de los medios de comunicación”.
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9.- Censura a medios y periodistas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU “condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales”.
10.-Fiscales, jueces y defensores genuflexos. La ONU “exhorta a las autoridades venezolanas a que adopten medidas eficaces para restaurar la independencia del sistema de justicia y garantizar la imparcialidad del ministerio público y la Defensoría del Pueblo”.
11.- 3,7 millones de malnutridos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU “expresa profunda preocupación por el hecho de que el principal programa de asistencia alimentaria no atienda las necesidades nutricionales básicas de la población y de que en la República Bolivariana de Venezuela padezcan malnutrición por lo menos 3,7 millones de personas”.
12.- Escasez de medicamentos. La ONU manifestó su preocupación por “la escasez generalizada de vacunas, medicamentos y tratamientos y la falta de acceso a los mismos, y por el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas, entre ellas enfermedades prevenibles mediante vacunación, y de que aumente el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.
13.- Necesidad de asistencia humanitaria. La ONU pidió al Estado venezolano que se “adopten todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, el agua, los medicamentos esenciales y los servicios de salud para todas las personas que tienen necesidad de ellos, entre otros medios, instaurando programas integrales de atención sanitaria preventiva, con especial atención a los servicios pediátricos y maternos, e insta a las autoridades venezolanas a que acepten toda la asistencia humanitaria necesaria que se les facilite de conformidad con los principios humanitarios internacionales”.
14.- Discriminación en programas sociales. Condena enérgicamente la discriminación por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales, sufrida por venezolanos que cada vez dependen más de estos mecanismos para acceder a un nivel mínimo de ingresos y alimentos, y pide que todos los programas sociales se ejecuten a favor de quienes los necesitan de forma transparente, no politizada y no discriminatoria”.
15.- Niñas y mujeres en peligro. La resolución tiene perspectiva de género, pues la ONU “expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis de la República Bolivariana de Venezuela en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la falta de servicios sanitarios integrales y el suministro insuficiente de los elementos subyacentes que determinan la salud, como el agua y una nutrición adecuada, el deterioro de los programas de inmunización y atención sanitaria preventiva y los testimonios de un incremento de las tasas de mortalidad materna, embarazo en la adolescencia, malnutrición y enfermedades prevenibles”.
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16.- Violencia sexual. La resolución incluye hechos poco conocidos sobre la situación de mujeres e incluso niñas privadas de libertad, “actos que incluyen, según los testimonios recogidos, abusos físicos, sexuales y verbales, amenazas e intimidaciones, la explotación sexual de las mujeres y las niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos, los actos de tortura y la denegación de derechos”.
17.- Arco Minero del Orinoco. Condena enérgicamente la violación de diversos derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular en la región del Arco Minero del Orinoco, con métodos que incluyen el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, desplazamientos forzados y violaciones de sus derechos a mantener sus costumbres, sus formas tradicionales de vida y una relación espiritual con su tierra”.
18.- Migración forzada. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU “deplora que los venezolanos en movimiento encuentren obstáculos en la República Bolivariana de Venezuela para obtener o legalizar sus documentos y que quienes salen del país o vuelven a entrar en él sean, con frecuencia, víctimas de extorsiones y requisiciones”.
