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Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela: oportunidades y desafíos

A diferencia del escrutinio reforzado que se desarrolló en México y Nicaragua, los representantes de la CIDH tendrían que lidiar con la negativa del gobierno de Maduro a permitirles su entrada al país, a efectos de una documentación directa de violaciones de derechos humanos
Reporte Proiuris
Edgar López

El Estado de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ha persistido en debilitar el escrutinio de la situación de los derechos humanos en el país por parte del sistema interamericano. En septiembre de 2012 denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en septiembre de 2017 denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de invalidar los principales instrumentos que rigen la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Las mayores pérdidas de las ejecutorias gubernamentales las sufren las víctimas, que, por ejemplo, ahora no tendrán la oportunidad de que hechos cometidos después de septiembre de 2013, cuando entró en vigencia la denuncia de la Convención, sean juzgados por la Corte Interamericana. No podrían encontrar en el máximo tribunal hemisférico la justicia que no consiguen en los tribunales venezolanos, hegemónicamente controlados por el Poder Ejecutivo.

Las formalidades han estado acompañadas con una retórica, que antes utilizaron otros gobiernos autoritarios, según la cual los organismos del sistema interamericano tienen un sesgo político y, en particular, responden a los intereses del gobierno de Estados Unidos.

A pesar de esta actitud hostil de parte del Estado venezolano, la CIDH ha tratado mantener su rol contralor de la situación de los derechos humanos en Venezuela y los representantes del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó han tratado de revertir los efectos de las denuncias de los instrumentos internacionales.

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Los representantes de Maduro ya no acuden a las audiencias de la CIDH y, en su lugar, el Estado venezolano está representado por agentes del Estado designados por Guiadó y por el embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño. 

Sin embargo, en el 173° Período de Sesiones de la CIDH, específicamente este 25 de septiembre, las autoridades de ese organismo anunciaron la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento de Venezuela (Meseve), para tratar de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado venezolano y, sobre todo, para detener los estragos de la emergencia humanitaria compleja en el país.

Oportunidades

El Mecanismo Especial de Seguimiento es una estrategia reciente de la CIDH con el fin de atender contingencias que ameritan un mayor esfuerzo para que los Estados integrantes del sistema interamericano cumplan con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos, así como de reparar integralmente a las víctimas y establecer suficientes garantías de no repetición de los hechos lesivos a la dignidad humana.

La primera iniciativa en este sentido surgió en el contexto de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de  Ayotzinapa, en el municipio Iguala del estado Guerrero, México. Formalmente se instaló en julio de 2016 con fundamento en medidas cautelares que había dictado la CIDH en octubre de 2014, en demanda de una investigación exhaustiva, transparente y eficaz de los hechos.

Inicialmente hubo apertura del Estado mexicano y la CIDH logró realizar cuatro visitas a México. Mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con dos principales tareas: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades.

Se emitieron informes anuales y un informe final, así como comunicados de prensa que permitieron visibilizar los hechos que conmocionaron a la opinión pública internacional, así como los mecanismos de impunidad. Sin embargo, la apertura inicial del Estado mexicano disminuyó con el paso del tiempo, al extremo de que los representantes de la CIDH fueron expulsados de México luego de presentar conclusiones que contradecían la versión oficial sobre lo ocurrido.

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Un abrupto desenlace similar tuvo el Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), creado por la CIDH en junio de 2018,  sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en el país centroamericano. Después de haber permitido una visita de la Comisión a Nicaragua, sus representantes fueron expulsados.

En todo caso, los Mecanismos Especiales de Seguimiento constituyen una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con la asistencia técnica de la CIDH en la labor de documentación de violaciones de derechos humanos, lo cual, en sí mismo, constituye un aprendizaje que podría tener efectos positivos a más largo plazo.

Por otra parte, a pesar de la contumacia de los Estados, las razones que motivan los Mecanismos Especiales de Seguimiento quedan a la vista de la comunidad internacional y se abren las posibilidades de otras alianzas para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países en los cuales no está plenamente garantizada su vigencia.

Se trata, en definitiva, de perseverancia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, pese a las retiscencias, en marzo de 2019 el gobierno de México en coordinación con la CIDH anunció la creación de un mecanismo especial internacional para reactivar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y, de igual manera, respecto de Nicaragua, la CIDH persiste en el establecimiento de responsabilidades por abusos del Estado.

Desafíos

Desde 2002 el Estado venezolano no permite a la CIDH visitar el país, a pesar de las reiteradas solicitudes a tales fines. Tanto en México como en Nicaragua, el trabajo de la documentación de violaciones de derechos humanos tuvo la fortaleza de las llamadas visitas in loco, a los lugares donde ocurrieron los hechos. Y en el caso Ayotzinapa, fue especialmente relevante la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que pudieron hacer indagaciones directas en el terreno.

En ese orden de ideas, si el gobierno de Maduro impide al Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela visitar el país, la CIDH no tendrá otra opción que valerse de fuentes indirectas para obtener información.

La colaboración que puedan ofrecer los representantes del gobierno interino de Guaidó podría ser  útil pero no suficiente, pues el secretismo es una política de Estado y los dirigentes de oposición no escapan a la dificultad de obtener datos, sobre todo oficiales, sobre la gestión gubernamental que compromete la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

El gobierno de Maduro ha sido indiferente frente a las medidas cautelares dictadas por la CIDH para detener la persecución política y proteger a las víctimas más afectadas por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

En 2019 la CIDH ha dictado 12 medidas cautelares. Ha solicitado protección para: indígenas de la etnia Pemón, niños, niñas y adolescentes del Hospital J. M. de los Ríos, personas que viven con esclerosis múlltiple, niños, niñas y mujeres de la Maternidad Concepción Palacios, el periodista Luis Carlos Díaz y su familia, el presidente encargado, Juan Guiado, y su familia, la dirigente opositora María Corina Machado, los presos políticos detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como para los también detenidos por razones políticas Roberto Marrero, Sergio Vergara, Luis Alejando Mogollón, Oswaldo García Palomo e Isbert José Marín Chaparro.

Respecto a 2018, quedan pendientes otras cinco medidas cautelares dictadas por la CIDH en favor de personas que viven con VIH y de los presos políticos Juan Carlos Caguaripano, Juan Requesens, Pedro Patricio Jaimes Criollo y Luis Humberto de la Sotta Quiroga.

El Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela tendría mucho más trabajo y muchos más escollos si se suman a sus tareas hacer valer las recomendaciones formuladas por la CIDH a través de sus informes anuales, en los cuales el país reiteradamente ha sido incluido en el Capítulo IV, la llamada lista negra de países en los cuales están amenazados los derechos humanos.

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