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Denuncian que condiciones insalubres y falta de tratamiento causaron la muerte de un recluso

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advertió que las condiciones en los centros de detención preventiva, así como, en las penitenciarías nacionales, no cumplen las reglas mínimas internacionales orientadas al tratamiento humano de los reclusos
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea

Luigi Santiago Urbaez, de 30 años de edad, falleció en el hospital Domingo Luciani debido a la falta de atención y a las condiciones dentro del Centro de Detención Preventiva, Zona 7 de Boleita, según denunciaron sus familiares en la morgue de Bello Monte, este lunes 23 de septiembre.
Urbaez estuvo detenido desde noviembre de 2018, por estar presuntamente involucrado en un caso de estafa. Desde finales de agosto el hombre presentaba un cuadro febril causado por un acceso detrás de su garganta.

Luego del motín ocurrido el pasado 4 de septiembre, la protuberancia que tenía alojada explotó y debido a la insalubridad del espacio, se infectó.
“Se sentía cada día peor. Estaba falleciendo. Tuvimos que presionar a sus custodios para que permitieran el ingreso de las medicinas. Cuando vimos que no hacían efecto, comenzamos a pedir que lo trasladaran a un hospital”, sostuvo Tony Salas, hermano del fallecido.

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Urbaez fue trasladado de emergencia al hospital Domingo Luciani, en Petare, debido a la infección en su tráquea. Fue operado la tarde del 17 de septiembre, 13 días después de que la infección comenzara. “Tras la operación, estuvo hospitalizado seis días pero por la falta de tratamiento, falleció. Aún no nos han dado el acta de defunción”, relató Salas.
El hombre dejó dos hijos. Era el octavo de 13 hermanos. Vivía con su familia en el barrio El Guarataro. “Su familia es de Valles del Tuy, se nos hacía muy difícil tener que pagar la causa, así como otros gastos para la visita”, sostuvo el deudo.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en su primer informe sobre las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela, que las condiciones en los centros de detención preventiva, así como en las penitenciarías nacionales, no cumplen las reglas mínimas internacionales orientadas al tratamiento humano de los reclusos.

Asimismo, información analizada por el ACNUDH muestra que “las condiciones de las detenciones de un número significativo de personas privadas de libertad no cumplen las reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de los/as reclusos/as y constituyen a menudo malos tratos. En general, los centros de detención, especialmente centros de detención preventiva, están a menudo superpoblados y son insalubres”.
“Las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación. Su acceso a la asistencia sanitaria básica es restringida e incluso denegada. Estas condiciones fueron reconocidas por las autoridades durante la visita de la Alta Comisionada”, se lee en el informe.

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Las condiciones dentro de la Zona 7 de Boleita fueron también denunciadas por los familiares de los privados de libertad durante el motín ocurrido el 4 de septiembre, hecho en el que dos reclusos fueron asesinados. Detallaron que el hacinamiento, aunado a las enfermedades virales, son algunas de las fallas dentro del centro de reclusión.

“Allí adentro no hay agua, solo existen la enfermedades y la muerte. El espacio es para 300 personas y hay más de 950 privados de libertad aquí. Están en situación infrahumana. Las madres tienen que pagar para poder ver a sus hijos”, declaró tras el referido motín, Luisa Poncho, familiar de uno de los detenidos.

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