Más que la imposición de visas, el éxodo de venezolanos debe abordarse a partir del diseño de programas que eduquen a la población para que conozca las implicaciones y riesgos de migrar
Reporte Proiuris
Alejandro Romero
El control migratorio está lejos de resolver la crisis de refugiados venezolanos en países latinoamericanos. Así lo considera la abogada especialista en materia migratoria, María Montoya.
La abogada explica que la imposición de visas y demás restricciones recrudecen la situación de venezolanos en las fronteras y que estas medidas no evitarían que los refugiados persistan en cruzar fronteras, “donde pulula el tráfico de drogas, prostitución (incluso infantil) y la trata de personas, entre otros males que los colocan en una situación de vulnerabilidad”, aseveró.
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A su juicio, los Estados deben asumir su corresponsabilidad para garantizar protección internacional a los venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja y que, por lo tanto, deben calificarse como refugiados. De esa manera contribuirían a la integración en los países de tránsito o destino y reducir los riesgos.
Montoya hace la distinción entre refugiados e inmigrantes:
Refugiado que es aquel ciudadano que a causa de una guerra, posición política o creencias religiosas se refugia en un país extranjero a manera de resguardar su vida.
Inmigrante Que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente.
Para Montoya no hay una discriminación entre uno y otro a la hora de la solicitud de requisitos, y recalca que no sólo están saliendo venezolanos como refugiados, sino también (en menor número) sigue saliendo del país un número de venezolanos para radicarse legalmente a sus países de destino.
“Claramente es una responsabilidad, no mayor, sería exactamente lo que pasa actualmente lo que en efecto es lamentable y que posiblemente genere el aumento de las medidas de seguridad y la fuerza pública en todas las zonas fronterizas de estos tres países”, afirma Montoya y prevé que en el corto plazo aumenten las medidas de seguridad y el uso de la fuerza pública en las zonas fronterizas.
Luego de la imposición de visas “humanitarias” por parte del gobierno ecuatoriano como requisito para el ingreso de venezolanos a ese país, se reactivó el llamado Proceso de Quito, donde están representados Perú, Chile y Ecuador, para promover la migración segura de los ciudadanos venezolanos.
Para Montoya, estos mecanismos tienen dos aristas importantes. La primera se trata de controlar el ingreso de personas a partir de consideraciones sobre el presunto impacto de la “exportación de la delincuencia venezolana”. La segunda tiene que ver la preocupación de los Estados por el gasto público asociado a la llegada de migrantes, algunos de los cuales lo hacen sin cumplir los requisitos del país de tránsito o destino o, por alguna otras razón, quedan en condiciones irregulares. Esto puede ser interpretado, de acuerdo con Montoya como “el resguardo del país receptor”.
La experta en asuntos migratorios considera necesario generar mecanismos para la regularización de la condición migratoria de los refugiados venezolanos, así como su inclusión laboral en condiciones justas y su acceso a seguridad social.
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Según un comunicado emitido el 10 de septiembre, la Cancillería de Ecuador ha destinado “76.8 millones de dólares para brindar salud, educación, seguridad, e inclusión económica y social a los migrantes y refugiados venezolanos” y se calcula que para finales de 2019 el gobierno central habrá invertido más de 120 millones con propósitos similares.
Montoya destaca que estas acciones regulatorias, como la imposición de visas, a pesar de que son necesarias desde todo punto de vista, están lejos de resolver el problema migratorio de los venezolanos.
Agrega que el paso inicial que deben dar los Estados, tanto emisores como receptores de refugiados, debe ser el diseño de programas que eduquen a la población para que conozca las implicaciones de migrar y los riesgos que afronta al pasar por zonas prohibidas o trochas. La experta considera que tal disposición al riesgo por parte de los migrantes venezolanos corresponde “a las penurias que se pueden llegar a vivir en el país”.
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Montoya enfatiza que muchos países siempre han tenido mecanismos regulatorios (visas) y no ha habido controversia al respecto. Sin embargo, explica que el problema surge ahora porque Venezuela nunca había sido un pueblo emisor sino receptor de inmigrantes. En definitiva, el éxodo es un conflicto tanto para venezolanos como para los países que nunca fueron receptores de venezolanos en sus tierras.
“Venezuela ha generado una situación excepcional para todos los países del mundo. Nunca antes había ocurrido un fenómeno migratorio en estas circunstancias. Es necesario avanzar en acuerdos que concluyan en mecanismos más efectivos, y esperemos más amigables para los refugiados”, concluye.
