99 personas fueron presuntamente ejecutadas por funcionarios de la fuerza púbica durante el mes de agosto, según resultados del monitoreo a medios de comunicación realizado por Proiuris a las actuaciones de los diferentes cuerpos policiales en diez estados del país.
Texto: Andrés Martínez / Infografía: Edgar Gallardo
Durante el mes de agosto hubo un aumento del 80% en la brutalidad policial en comparación con el mes de julio, donde se registraron 32 casos y un saldo 55 fallecidos.
Parte importante de este aumento está ligado a un operativo en conjunto de distintos cuerpos de seguridad en el estado Sucre, que se prolongó durante varias semanas y dejó un saldo de 15 víctimas. Así como actuaciones que se prolongaron durante un día, en las que la cifra de fallecidos por excesos policiales son de 5, 7 y 8 víctimas.
Por otro lado, Lara nuevamente se posiciona como el estado que más ha sufrido por los excesos policiales. Durante el periodo analizado se identificó que las incursiones de los cuerpos de seguridad del estado en las zonas populares de la región cobraron la vida de 15 personas en apenas 7 operativos, de los cuales 4 fueron realizados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Durante el mes de agosto las FAES fueron responsables de llevar a cabo 16 de los 36 operativos previamente mencionados. A su vez estas 16 incursiones cobraron la vida de 54 personas, aspecto que revela que el cuerpo élite de la PNB es responsable de más de la mitad de las ejecuciones extrajudiciales registradas por Proiuris en el mes de agosto.
Otros estados afectados son Zulia con 6 casos, Aragua y Distrito Capital con 5, Bolívar, Táchira, Guárico y Sucre con 3, y por último Miranda con un solo caso.
Además da las FAES, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) también tuvo presencia en 6 de los operativos reseñados por el monitoreo. El resto de los casos corresponde a actuaciones de cuerpos de seguridad regionales y componentes militares.
De los 36 operativos registrados, solo en 4 se menciona haber sido notificado el Ministerio Público, pero ninguno registró la presencia de algún fiscal. Además, hay 16 casos en los que no se refiere ni menciona el traslado de las víctimas a centros de salud después de recibir el disparo crítico.
Infografía: Edgar Gallardo
