Seis sindicalistas han sido procesados y condenados por tribunales militares desde 2012, por protestar a favor de las reivindicaciones de los trabajadores y defender su derecho a la libertad de expresión
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Con Rubén González son seis los sindicalistas que han sido procesados y condenados por tribunales militares desde 2012. Marino Alvarado, vocero del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, considera que se trata de la militarización de la persecución política como expresión de la criminalización de la protesta.
Alvarado hizo la advertencia durante la concentración de dirigentes sociales que se realizó este jueves 15 de agosto frente a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, en rechazo a la condena de González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera).
El Tribunal 5° Militar de la región oriental condenó a González a 5 años y 9 meses de prisión por participar en protestas para exigir reivindicaciones laborales en noviembre de 2018, en Anaco, estado Anzoátegui.
El sindicalista es un civil, de modo que su enjuiciamiento y condena por parte de un tribunal militar, viola el principio constitucional del juez natural.
“El Ministerio Público también es cómplice. Al menos, ha debido solicitar la remisión del caso de González a los tribunales ordinarios”, agregó Alvarado.
Denuncia ante la OIT
Dick Guanique, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), informó que el caso de González ha sido denunciado ante la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).
En el documento consignado ante la OIT el 13 de agosto, se señala: “se ha consumado un nuevo y muy grave atropello, una violación fragrante de la libertad sindical, con la condena penal de Rubén González, Secretario General de SINTRAFERROMINERA. La atrocidad de esta condena se produjo, además, a puertas cerradas, en grave violación de las leyes y de la dignidad de nuestro compañero y de sus familiares y amigos, y de la ciudadanía en general. No hubo audiencia pública”.
Marlene Sifontes, representante del sindicato de Inparques, hizo un llamado a la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Seguiremos exigiendo a la comunidad internacional que preste atención a lo que está ocurriendo en Venezuela”.
Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en verdugo de la clase obrera. “Todos los trabajadores deben movilizarse en contra de esta sentencia”, afirmó.
Jesús Serrano, del sindicato de la Cancillería, sostuvo que la condena contra el sindicalista González pretende amedrantar al movimiento sindical. “Vamos a seguir protestando a pesar de los acto administrativos que nos han abierto por defender nuestros derechos laborales”, advirtió.
Los representantes de los sindicatos y de las ONG defensoras de los derechos humanos informaron que durante las próximas semanas comenzaran convocatorias en el país para exigir la liberación de González, quien lleva 10 meses detenido en la Cárcel La Pica.
