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Provea registró 238 presuntas ejecuciones extrajudiciales en un año en Lara

La organización no gubernamental explicó que la Fiscalía 21° de derechos fundamentales del estado Lara no ha comenzado el proceso de investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana

238 personas fueron asesinadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el estado Lara, desde el 13 de agosto de 2018 hasta este martes 13 de agosto de 2019, según registros extraoficiales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Del total de víctimas, 92 corresponden al municipio Iribarren. Durante el primer semestre de 2019, 33 ciudadanos fallecieron a manos de las FAES, según la investigación realizada por Provea en el estado.

La Fiscalía 21° del estado Lara, con competencia en derechos fundamentales, a cargo de los fiscales auxiliares Pauside José Escalona y Alfonso Manuel de la Torre Rodríguez, es la encargada de llegar las investigaciones de los presuntos excesos policiales denunciados. Según Provea, “hasta ahora no existe pronunciamiento o una investigación por algún hecho aun cuando los propios familiares declaran que sus familiares fueron ajusticiados”.

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La ONG asegura que el Ministerio Público subestima la información que podrían aportar los familiares de los fallecidos. “A las familias no las llaman para declarar y  muchos menos les dan acceso a sus expedientes. Todos estos abusos  se realizan con el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo. Como hemos venido insistiendo desde Provea, un silencio que cuesta vidas”, se señala en el informe.

Patrones

Tener antecedentes penales, vivir en una zona popular o estar en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, son alguno de los patrones que Provea ha verificado a través de la investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES.

“Se ha podido constatar que los funcionarios no confirman la información, no investigan si la persona se ha reinsertado a la sociedad, si continúa delinquiendo. El simple hecho de tener un registro los hace candidatos a ser asesinado por las FAES. Es una operación de ‘limpieza social’ apoyada por las más altas autoridades, la aplicación por la vía de los hechos de la pena de muerte a toda aquella persona presuntamente con antecedentes penales o que los pueda tener realmente”, enfatizó la organización.

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Las FAES tratan de justificar sus acciones al catalogar a sus víctimas de delincuentes que merecen ser “neutralizados”. Provea evidenció que los funcionarios tienden a sacar las víctimas de sus hogares bajo el pretexto de la detención, con el fin de ejecutarlas en otro lugar.

 “El otro procedimiento es llevarse consigo a los familiares con el objetivo de alejarlos de sus viviendas mientras la víctima es ejecutada. Las FAES ha tenido por costumbre, además, tomarles fotos armados minutos antes de ejecutarlos y de esta forma justificar que era un delincuente, práctica que también ha sido denunciada por los familiares”, se lee en el documento.

Desenmascaramiento de las FAES

Provea, a través de su monitoreo, enfatizó que la opinión favorable hacia el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se desvaneció a raíz de las actuaciones policiales en búsqueda de disidentes políticos del chavismo-mudurismo.

“La sociedad civil veía desfilar a este grupo armado, encapuchado, con camionetas negras y con símbolos de calavera por toda la ciudad, justificando su accionar, indicando que se metían a los barrios y que estaban ‘matando delincuentes’. La opinión favorable se ha ido desvaneciendo”, señaló la organización.

El 10 de enero de 2019, funcionarios de las FAES irrumpieron, sin orden de allanamiento, en viviendas de la Urbanización La Sucre. Trece días después, el 23 de enero, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino, se convocaron manifestaciones antigubernamentales en las calles de Lara. La respuesta del gobierno fue arremeter  contra los manifestantes y practicar detenciones arbitrarias. En ese contexto, los habitantes de la urbanización Sucre volvieron a ser asediados por las FAES.

“La respuesta fue allanamientos y detenciones en esa urbanización que se ha caracterizado por ser activa en el reclamo de derechos y protestar las políticas gubernamentales”, agregó la organización.

El 24 de enero de 2019, dos hermanos, Luis Enrique Ramos Suárez, de 29 años, y Eduardo Luis Ramos Torbello, de 30 años, fueron asesinados por las FAES, luego de que se viralizaran unos audios en las redes sociales, que afirmaban que ambos jóvenes protestaron frente a la casa del Alcalde de Carora, Edgar Carrasco. “La orden impartida por alguna autoridad fue asesinarlos y, Luis Enrique junto a su hermano, Eduardo Luis Ramos, fueron asesinados por las FAES en el sector Calicanto del municipio Torres”, aseguró.

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El 25 de enero, tres víctimas más se sumaron a la cifra de asesinados por las FAES, en la urbanización El Bosque de El Tocuyo: Cristian Alejandro Ramos, Anderson Torres Cortéz y José Alfredo Torres Cortéz. Todos habían participados en las protestas del día anterior en sus comunidades.

Sus familiares denunciaron los atropellos de los funcionarios policiales al momento de detenerlos. Los jóvenes estaban vivos y desarmados. Pero, como en muchas de las 238 denuncias registradas por Provea, fueron asesinados. “Denunciaron que sus seres queridos estaban vivos en el momento que las FAES llegaron a detenerlos, que estaban desarmados, que eran personas inocentes. Luego de ser torturados fueron ejecutados”, enfatizó la organización en su documento.

Para Provea, el gobierno de Nicolás Maduro no tomó las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, entre las cuales destaca la disolución de  las FAES.

“En dirección contraria, Maduro, a los pocos días, en cadena nacional, alentó la actuación de las Faes, reconoció su labor; es decir, le dio un espaldarazo a las graves violaciones de derechos humanos que perpetra a nivel nacional”, destacó Provea.

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