Fanny Castillo cuenta la historia de su nieto Luis Alejandro Martínez Lovera. Tenía 28 años y habría sido ejecutado por funcionarios de las FAES el 8 de abril. La mujer lamenta que el caso permanezca impune
Reporte Proiuris
Andrés Martínez
Con 21 muertes a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado entre mayo y julio de 2019, Lara puntea en un ranking de 10 estados del país sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los reportes periodísticos indican que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los principales responsables de los excesos en el uso de la fuerza pública, que son oficialmente reseñados como casos de resistencia a la autoridad. Distrito Capital está de segundo en la lista, con 20 muertes, seguido por Aragua con 16 decesos.
Desde el 2018, los casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela aumentaron drásticamente con la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de “elite” adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es usado como una herramienta para infundir miedo y mantener el control social.
“Habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”, reza el informe de Bachelet.
Inti Rodríguez, miembro de la ONG Provea, explicó que lo que ocurre en Lara es verdaderamente preocupante. “No solo se comenten ejecuciones extrajudiciales, sino también allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Históricamente, en Lara se ha construido un tejido asociativo muy importante, asociado a protestas que dan pie a este tipo de políticas de terrorismo de Estado”, aseveró
Rodríguez explica que en el año 2004, bajo la administración del ex gobernador Luis Reyes Reyes, se creó un “grupo de exterminio” de la policía estadal (PoliLara), que operó hasta el 2007. Ese comando fue responsable de 110 ejecuciones extrajudiciales, aseguró el activista. Nelson Freites, activista de derechos humanos del estado Lara, agregó que el comando especial de PoliLara actuó con el impulso del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Jesús Armando Rodríguez Figuera.
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Según Rodríguez, la mayoría de las víctimas del comando especial de PoliLara estaban vinculadas a alguna organización o grupo social que protestaban por sus derechos. “Lara fue uno de los estados donde se desarrolló la lucha armada a finales de los 60-70. De allí quedaron grupos de izquierda que pasaron luego a la vida política legal y surgieron grupos religiosos y de defensa de derechos humanos. Estos grupos fueron creando un músculo asociativo bastante importante”, explicó.
Nelson Freites, activista de derechos humanos del estado Lara, agregó que el comando especial de PoliLara actuó con el impulso del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Jesús Armando Rodríguez Figuera. En su opinión las FAES constituyen una reedición de las prácticas de atropellos y ejecuciones extrajudiciales.
Para Freites, las protestas antigubernamentales fueron un detonante para que la actuación excesiva de las FAES se generalizara y en el estado. “Durante el 2018, el municipio Iribarren fue el municipio donde hubo más protestas de calle. Ese año fallecieron 96 personas a manos de las FAES. Esto nos dicen que son usadas –como lo ha advertido Bachelet- para la represión política”, sostuvo.
En 2007, se creó el un Comité de Víctimas contra la Impunidad (Covicil) para denunciar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios policiales, acompañar a las víctimas y luchar contra la impunidad.
Víctor Martínez, padre de una víctima asesinada por los cuerpos de seguridad del Estado en este periodo de acción del grupo de exterminio de la Policía de Lara es una de las personas claves en este oscuro periodo para los larenses.
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Martínez, siendo simpatizante y militante del gobierno, diputado por el consejo legislativo de Lara y fundador del Movimiento V República (MVR) le tocó sufrir la pérdida de su hijo a manos de funcionarios del Estado, que según él, seguían órdenes del gobernador Luis Reyes Reyes y de coronel Rodríguez Figuera.
La enemistad entre Reyes Reyes y Martínez comenzó porque este último se dedicó a promover y difundir a través de los medios de comunicación regional las denuncias sobre abusos policiales.
Martínez comenta que cuando llegó al comité de víctimas lo hizo como un activista más dispuesto a frenar y denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos. No fue sino hasta el 26 de noviembre del 2009, cuando se convierte en víctima, en una víctima sobreviviente. Ese día dos sujetos irrumpieron en su casa y le dispararon tres veces a su hijo Mijail Martínez de 23 años.
Mijail recibió dos de los tres impactos y fue trasladado a un centro de atención médica al que llegó muerto. Su padre, responsabiliza de todo tanto Reyes Reyes y Rodríguez Figuera como al propio Hugo Chávez.
Fanny Castillo sufre hoy lo que sufrió Martínez hace años, luego de que las FAES le arrebataran la vida a su nieto. Luis Alejandro Martínez Lovera, de 28 años de edad, fue asesinado por las FAES el lunes 8 de abril de 2019. Estaba en casa de su abuela, ubicada en el barrio La Feria, en Barquisimeto. Los funcionarios llegaron poco después de la 6:00 de la mañana con armas largas, sacaron a Fanny de la casa y la trasladaron a la sede de las FAES en el sector Santa Rosa, al este de Barquisimeto. Vecinos le aseguraron a la mujer que las FAES ejecutaron a su nieto en la calle.
Una periodista de la zona asegura que es frecuente que los funcionarios de las FAES separen a las víctimas de sus familiares. El objetivo es impedir que sean testigos de los atropellos que se les atribuyen.
Luis Alejandro había estado preso desde 2012 hasta el 2016 por porte ilícito de armas, pero su abuela asegura que ya había pagado todo lo que debía. “El salió por buena conducta, no estaba bajo presentación, ni solicitado”, indicó la abuela.
Castillo explica que Luis Alejandro vivía con su esposa y sus dos hijas fuera del barrio y que por los apagones había regresado a casa de su abuela la noche anterior. En la mañana, cuando irrumpieron los funcionarios de las FAES, la vivienda fue saqueada y hasta la comida robaron..
La Fiscalía no ha tomado la declaración de la señora Castillo y la presunta ejecución extrajudicial de Luis Alejandro permanece impune.
