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Fiscal permite que jefe de las FAES se libre de un doble homicidio #CuandoLaPolicíaMata

La presunta ejecución judicial de Fernando Alexis Lira y Eligio Alexander Duarte Barrios fue excepcionalmente investigada por el Ministerio Público y siete funcionarios policiales fueron imputados. Sorpresivamente, la fiscal Clarissa Espinoza cambió de bando
Reporte Proiuris 
Erick S. González Caldea

La investigación emprendida por el Ministerio Público contra siete funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), incluyendo a un supervisor del grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales es un caso excepcional en un contexto de impunidad generalizada. Quizás lo que marca la diferencia es que las dos víctimas, Eligio Alexander Duarte Barrios y Fernando Alexis Lira Granado, eran o fueron funcionarios policiales.

El enjuiciamiento y las eventuales sanciones aún parecen remotas. Sin embargo, el hermano de una las víctimas, Alexis Lira es abogado penalista y, con las ventajas que le confiere el conocimiento del Derecho, está dispuesto a  afrontar todos los mecanismos de impunidad que emergen cuando la policía mata.

500 dólares en juego

Fernando Alexis Lira Granado, de 40 años de edad, fue funcionario de la Policía Municipal de Chacao. Para solventar la entrega de 500 dólares que su esposa había comprado a Jhonatan Corospe Cáceres, Lira Granado le pidió ayuda a su amigo Eligio Alexander Duarte Barrios, de 41 años, que era funcionario activo de la Policía Municipal de Chacao.

Según la versión fiscal, los hechos ocurrieron  a 500 metros de la estación de servicio Trapichito, ubicado en la avenida intercomunal de Guarenas, en Miranda. En ese lugar Lira Granado y Duarte Barrios se reunirían con Corospe Cáceres.

En vez del hombre que debía entregar los 500 dólares, al lugar llegaron aproximadamente 15 funcionarios de las FAES a bordo de tres vehículos color negro mate: un Fiesta, un Aveo, y una camioneta tipo Hilux.

Los funcionarios de las FAES pretendían detener a Lira Granado y Duarte Barrios y estos trataron de escapar. Hubo una persecución y cuando los funcionarios de las FAES comenzaron a disparar, Lira Granado y Duarte Barrios se bajaron del vehículo donde se trasladaban, con las manos en alto y pidiendo cese el fuego.

Duarte Barrios, el funcionario de Polichacao, se identificó como oficial activo. Sin embargo, fue esposado al igual que Lira Granado. El desenlace fatal lo relata el abogado Alexis Lira: “Los arrodillaron y les dispararon en el pecho. Mi hermano falleció en menos de 20 segundos. Lo llevaron muerto al hospital de Guatire, porque quedaba más lejos. Simularon un enfrentamiento”.

La versión ofrecida a través de una “minuta” policial indica que Lira Granado y Duarte Barrios estaban extorsionando a Corospe Cáceres y que el procedimiento correspondía a  un “operativo de búsqueda y rastreo”.

“Una vez en el lugar se generó un enfrentamiento con las fuerzas policiales y resultaron neutralizados los dos sujetos”, reza el parte policial. Pero el abogado Alexis Lira insiste en que se trata de una ejecución extrajudicial.

Tres fiscales unidos

El primer logro que exhibe el abogado Lira es haber logrado que los fiscales del Ministerio Público Armando Saavedra, Rayglint Mora y Clarissa Espinoza emprendieran la investigación con cierto rigor criminalístico.

El 6 de abril de 2019, seis funcionarios de las FAES fueron presentados ante el Tribunal 4° de Control de Miranda, a cargo de Yelitza Coromoto González. A Alexander Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña, se les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión de socorro.

Se decretó la detención judicial preventiva de todos los imputados y se ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Yare III, en Miranda. Esa orden judicial no se habría cumplido. El representante legal de las víctimas asegura que los imputados permanecen en la comandancia de la Policía Municipal de Zamora con relativa comodidad.

Si 85% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por el Ministerio Público — como lo determinó Proiuris, a través de la investigación 100 Sentencias de Muerte—, la privación de libertad de seis funcionarios de las FAES parecía un avance. Sin embargo, tres diferimientos de la audiencia preliminar para evaluar la procedencia de la acusación fiscal y dos relevos del juez de la causa también parecen indicar que no será fácil que el proceso penal avance a etapa de juicio.

 “Estoy dispuesto a usar todos los mecanismos legales para no dejar impune el caso. Aunque estamos hablando de un sistema que está corrompido desde la primera instancia”, señaló el abogado acusador.

 

Alexis Lira, hermano de la víctima, se querelló como abogado póstumo de Eligio Duarte para ayudar con la investigación de la Fiscalía | Foto: Alan Márquez 

El supervisor Oliveros y el arma homicida

La investigación del Ministerio Público incluyó pruebas que también permitirían imputar al supervisor de las FAES y director de la Policía Municipal de Brión, José Miguel Oliveros Gómez, por el homicidio de Lira Granado y Duarte Barrios.

“Al resultar 14 de las 30 conchas colectadas en el sitio y un plomo alojado en el vehículo de uno de los occisos, dieron resultado positivo para la experticia Balística; todos fueron disparados por la Sub Ametralladora H & K Modelo MP5A3, calibre 9mm, arma de fuego adscrita a OLIVEROS. Así mismo, la dirección de las F.A.E.S, en respuesta formal al MP señaló que el día de los hechos OLIVEROS   tenía el arma en su poder, lo cual se demostró a través de distintos medios de prueba suministrados por las F.A.E.S de Miranda, a solicitud del MP, como lo son el acta de asignación de armamentos el libro de novedades del parque de armas   entre otros (SIC)”, reza el documento presentado por la Fiscalía ante los tribunales.

Los fiscales imputaron a Oliveros Gómez y solicitaron su detención judicial preventiva por la comisión de cinco delitos: homicidio calificado con alevosía, por motivos fútiles, agavillamiento, simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro.

La audiencia de presentación del supervisor Oliveros Gómez se llevó a cabo el 26 de julio de 2019, cinco meses después del asesinato. No queda claro en qué momento la fiscal Clarissa Espinoza tomó las riendas del caso para favorecer al supervisor de las FAES. Lo cierto es que  Espinoza pidió libertad condicional en favor de Oliveros Gómez, y la jueza Cuarta de Control de Miranda, Liliana Machado, accedió. Al supervisor de las FAES apenas se le impuso presentación periódica ante el tribunal.

“Fue una traición…La fiscal dejó libre a un violador de los derechos humanos. Ella (Clarissa Espinoza) también pidió que fuera cambiada la calificación jurídica y el grado de participación de Oliveros, de coautor a cómplice necesario, con lo que se lograría disminuir la pena correspondiente. Nos traicionó”, lamentó el abogado acusador Alexis Lira.

 “Llegan bronceados”

María de los Ángeles González llegó sola a la entrevista. Durante cuatro horas de conversación, hizo todo lo posible por limpiar la memoria de su esposo, Fernando Alexis Lira Granado.

“Fer y yo nos conocimos en una boda y, desde el primer momento, nos enamoramos. Parece tonto, pero fue así. Ahora, solo levantarme en las mañanas y no verlo a mi lado duele, duele mucho”, señaló.

La viuda cuenta que después de la imputación a los seis funcionarios de las FAES, se difundieron mensajes por redes sociales para hacer ver que Lira Granado y Duarte Barrios eran integrantes de bandas criminales.

“Fernando no era ningún delincuente. Durante mucho tiempo fue funcionario de la Policía de Chacao. Se retiró hace diez años, justo antes de conocernos. En 2011, aproximadamente, fundamos el Vintage Market, además de tener nuestra propia productora de eventos. Todo fue una mentira. A él lo mataron”, señaló María de los Ángeles, cinco meses después de la muerte de su esposo.

A su duelo se suma el temor a represalias: “No tengo con quien hablar. En mi casa, mi familia, me ha pedido que deje el caso, porque me van a hacer daño. O algo peor. Pero no me importa, no tengo miedo. Quiero justicia”.

María de los Ángeles ha asistido a todas las audiencia convocadas en el Tribunal 4° de Miranda, en condición de víctima sobreviviente. Ha observado cómo el proceso judicial, que comenzó con la imputación y encarcelación de seis funcionarios de las FAES, se ha ido decantando a favor de los presuntos autores de una ejecución extrajudicial. Ha tenido que soportar la intimidación de los pelotones que custodian a los imputados en cada traslado a los tribunales: “Hasta 20 hombres vestidos de negro y con armas largas que nos miran con odio”.

“El proceso judicial del caso de Fernando se ha llenado de vicios. Han visto a los funcionarios presos en rumbas y locales de Miranda. No están cumpliendo las órdenes. Están más libres que presos. Hasta llegan bronceados a las audiencias”, relató.

Con respaldo de la criminalística

Alexis Lira está convencido de que la muerte de  su hermano corresponde a una ejecución extrajudicial. Y su convencimiento se fundamenta  en aproximadamente 60 elementos probatorios que recabó la Fiscalía contra los siete funcionarios de las FAES, incluyendo al supervisor José Miguel Oliveros Gómez.

De los elementos recaudados, tres fueron fundamentales para sostener la acusación contra los seis funcionarios de las FAES y el director de la Policía Municipal de Brión: la prueba del Análisis de Traza de Disparo (ATD), el informe médico legal y una declaración anticipada de Jhonatan Corospe Cáceres, con su versión de los hechos.

Los resultados del ATD indican que ni Lira Granado ni Duarte Barrios dispararon armas de fuego. “La prueba es irrefutable, pero aun así la defensa de los imputados insiste en que hubo un enfrentamiento”, acotó el abogado acusador.

El informe médico legal contradice la versión que las mismas FAES se apresuraron a difundir. El documento señala que Duarte Barrios recibió dos impactos de bala en el tórax, mientras que Lira Granado recibió tres. Sin embargo en los certificados de defunción se registró como causa de muerte “shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el tórax”.

El informe médico legal también revela que los disparos fueron descendentes, con entrada y salida para Lira, y solo entrada para Duarte. Ello indica que los que dispararon lo hicieron desde un plano superior al de las víctimas, lo cual coincide con la posibilidad de que ambas fueran ejecutados luego de obligarlos a arrodillarse.

“Alexander Efraín Uzcátegui fue quien asesinó a Eligio Duarte según se determinó el análisis de las conchas de balas colectada en el sitio”, explicó el abogado Lira.

Jhonathan Corospe Cáceres, uno de los testigos clave del hecho, se fue del país. Su paradero es desconocido. Sin embargo, durante el proceso de investigación, ofreció su testimonio (prueba anticipada) ante la Fiscalía. Esa declaración serviría para determinar que los funcionarios de las FAES sometieron a las víctimas y las obligaron a arrodillarse antes de dispararles. Tal versión de un testigo presencial niega la tesis del enfrentamiento.

María de los Ángeles ha llevado el proceso judicial de su pareja durante cinco meses y ha notado los escollos dentro de los tribunales | Foto: Alan Márquez

Con un prontuario de 28 muertos

El terror que infunden las FAES fue advertido por la  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a Venezuela. Bachelet recomendó al Estado venezolano disolver el cuerpo élite de la PNB, luego de manifestar su preocupación por su uso como instrumento de control social.

La investigación fiscal incluyó el acopio de información sobre otros excesos atribuidos a los imputados. Entre enero y abril de 2019, los seis oficiales habrían estado involucrados en procedimientos que concluyeron con un total de 28 personas muertas.

“Luego de matar a Fer y a Eligio, estos seis hombres asesinaron a más personas. Sé que no se acumulan los delitos, pero al menos que por este homicidio paguen todo. Cómo es posible que todos sean enfrentamientos pero nunca ningún policía sale ni siquiera herido”, señaló la viuda de  Lira Granados.

A través de las redes sociales, los familiares de Eligio Duarte y Fernando Lira han desmentido acusaciones por parte de funcionarios policiales | Foto: Alan Márquez 

Del grupo de imputados, dos tienen antecedentes policiales: el supervisor de las FAES y director de la Policía Municipal de Brión, José Miguel Oliveros Gómez, fue sentenciado en 2011 a cinco años de prisión por el delito de homicidio, mientras que el oficial Richard Alfredo Sánchez fue sentenciado en 2014 por aprovechamiento de vehículo procedentes del delito a dos años de cárcel. Ninguno de los dos cumplieron la pena, asegura el abogado Alexis Lira.

El artículo 33 de la Ley de Servicios Policiales establece que una persona con antecedentes penales no puede ejercer el cargo de director o directora  de un cuerpo policial. La norma no fue aplicada a Oliveros Gómez, que actualmente está al mando de la Policía Municipal de Brión.

Para la familia de Fernando Lira Granado la fiscal Clarissa Espinoza, fue una traición que demuestra las presiones internas impuesta por el fiscal superior Omar Francisco Jiménez. “Desde el 17 de mayo, los fiscales que llevan el caso tenían lista la acusación para los imputados. Solo faltaba formalizar la acusación en la audiencia preliminar. Pero el proceso se estancó. Y ahora, una aliada se cambió de bando”, dijo Lira.

De aquel 26 de julio de 2019, cuando la jueza Liliana Machado dejó en libertad a un jefe de las FAES presuntamente involucrado en la ejecución extrajudicial de un policía y un ex policía, el abogado Alexis Lira comparte una infidencia: “Me acerqué a la fiscal Clarissa Espinoza y le pregunté por qué nos había traicionado. Y me respondió en voz baja: ‘lo hice porque me presionaron’”.

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