El informe publicado este 8 de agosto por Human Rights Watch (HRW) documenta la situación de los aproximadamente 25.000 venezolanos que han migrado a la zona fronteriza del Catatumbo. Reportan reclutamiento forzado y explotación laboral y sexual de niños, niñas adolescentes y mujeres.
Reporte Proiuris.
Gabriela Henríquez.
15 venezolanos fueron asesinados por grupos armados entre enero y julio de 2019. Esa fue la cifra registrada por la organización no gubernamental Human Rights Watch en su informe “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, publicado este jueves 8 de agosto.
En el documento se registran casos de desapariciones, asesinatos, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamientos forzados. Se señalan como autores de este tipo de delitos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2018, 19 venezolanos fueron asesinados en el Catatumbo, según información de la Policía Nacional de Colombia, un aumento en comparación con los 5 casos reportados en 2017. En 2016, no ocurrió ninguno. Según datos preliminares, 15 venezolanos fueron asesinados entre enero y junio de 2019.
En abril de 2019, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 47 casos de homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017. OCHA precisó a Human Rights Watch que un venezolano fue asesinados por violencia vinculada a los grupos armados en 2017, otros cinco en 2018 y 15 más entre enero y julio de 2019, se precisa en el informe.
El documento de HRW indica que los migrantes venezolanos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual.
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En abril de 2019, la Fiscalía General colombiana estaba investigando la presunta desaparición forzada de 10 venezolanos ocurrida desde 2017. Otros 100 venezolanos fueron víctimas de “desplazamiento forzado”, según un organismo humanitario que trabaja en el Catatumbo.
En el informe se destacó que las niñas y niños migrantes venezolanos que no van a la escuela corren mayores riesgos de reclutamiento por parte de grupos armados. “De hecho, varias fuentes dijeron a Human Rights Watch que menores de edad venezolanos habrían sido reclutados por grupos armados, y la Defensoría del Pueblo informó sobre el caso de una niña venezolana de 14 años en las filas del EPL”, se explicó en el texto.
“Enrique Pérez (seudónimo), de 14 años, llegó con su madre a Catatumbo en febrero de 2019, tras dejar el estado Trujillo en Venezuela porque, según dijo, sus padres ya no podían alimentar a la familia adecuadamente. Algunos días, solo tenían una comida por día, y a veces solo comían día por medio. En Venezuela, estudiaba, pero debió abandonar la escuela cuando llegó a Colombia para trabajar en plantaciones de coca. Trabaja desde las 5 am. hasta el mediodía, y luego vuelve a trabajar de 1 a 4 p.m., bajo un sol abrasador. En ocasiones, los venezolanos trabajan sólo por un plato de comida, que trabaja con niños y niñas colombianos y venezolanos de apenas ocho años, y que le encantaría volver a la escuela, pero que ahora tiene que trabajar”.
El caso de Enrique Pérez no es aislado. En junio de 2018 las autoridades de Colombia contabilizaron 9.106 venezolanos en el Catatumbo. Sin embargo, no censaron todas las áreas rurales en donde viven la mayor parte de los venezolanos, según se lee en el informe. Por su parte, hasta abril de 2019, OCHA calculaba que vivían en la zona, por lo menos, 25.000 venezolanos, y los que viven en las áreas urbanas más importantes de Catatumbo se encuentran en condiciones precarias.
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Los niños y niñas que migran de Venezuela también se ven forzados a trabajar para sobrevivir en otro país, lo que obstaculiza su reinserción en las aulas. “En el Catatumbo, menores de edad venezolanos y colombianos trabajan en plantaciones de coca, lo cual puede ser un obstáculo para que asistan a la escuela. Los venezolanos que desean estudiar enfrentan, además, otras dificultades, como la falta de cupo en las escuelas, la falta de dinero para comprar materiales escolares y las enormes distancias para llegar a las escuelas en zonas rurales”, informó HRW.
La región nororiental del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, limita con Venezuela y, desde hace unos años, se ha convertido en un destino migratorio para los que huyen de la emergencia humanitaria. La zona, que cuenta con casi 295.000 habitantes, tiene escasos controles migratorios y cuenta con la posibilidad de trabajos mejor pagados, lo que atrae a los venezolanos al lugar.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que al menos 25.000 venezolanos viven en Catatumbo, y según reza el informe publicado el día de hoy, a menudo se encuentran desesperados e indocumentados.
Los objetivos son la búsqueda de alimentos, medicinas y trabajo. Pero, en el proceso, se exponen a los abusos que ocurren debido al conflicto armado que aún existe en Colombia. “Según estimaciones del gobierno colombiano, cerca de 1,4 millones de venezolanos se encontraban en el país hasta julio de 2019. Asimismo destaca que es probable que la cifra sea mayor ya que muchas personas llegan al país a través de los 300 cruces ilegales – trochas – que existen en la frontera”, se lee en el informe.
El aumento de migrantes venezolanos que pasan por las trochas también genera dificultades para las autoridades colombianas migratorias. “La cantidad de personas que no pasan por los puestos de control oficiales aumentó cuando las autoridades venezolanas cerraron la frontera en febrero de 2019. Entre marzo y junio, las mismas solo autorizaban a cruzar a quienes tenían permisos para asistir a la escuela en Colombia o a aquellos que mostraban certificados de necesidad médica”, explicó HRW.
Carta de recomendación por ser venezolano
Los grupos armados en el Catatumbo limitan el acceso de las personas a la zona y, en el caso de los venezolanos, exigen que obtengan una “recomendación” de una persona del lugar. Esta persona que emite la recomendación se hace responsable y enfrenta represalias si representado comete algún acto delictivo.
Las amenazas son el día a día de los pobladores de Catatumbo; la más común es la muerte. Esta advertencia suele ser comunicada en persona, por redes sociales o en panfletos. Un caso puntual que destaca en el informe, es el ocurrido en abril de 2017, fecha en la que el EPL publicó un folleto que decía “no se aceptan personas de otras partes sin una recomendación de alguna persona de la región”. Este agregaba que las personas que “no tiene[n] quien responda [por ellos] que desocupen la zona”.
Además, la ONG internacional tuvo acceso a testimonios sobre tres casos en los cuales grupos armados exigieron a colombianos que abandonaran las veredas en las que se encontraban porque no eran originalmente de allí. La situación afecta también a las trabajadoras sexuales (actividad no penalizada en Colombia), que en al menos tres municipios de Catatumbo, son en su mayoría venezolanas.
Los venezolanos en Catatumbo no solo tienen el temor a sufrir represalias de los grupos armados, también existe el miedo a ser deportados por las autoridades de Colombia.
