El comunicado emitido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, se fundamentó en los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado reseñados en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), e a Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Así lo informó el secretario de Estado, Mike Pompeo en horas de la mañana de este viernes 2 de agosto.
La designación se ejecuta a través de la Sección 7031 (c) la cual permite al Departamento de Estado revocar visas para funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que esos funcionarios han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos.
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“De conformidad con la ley, además de la designación de Bastardo y Hernández, estoy designando públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios”, declaró Pompeo.
Las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos de los derechos humanos, así como la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, actos ponderados en el informe del 5 de julio de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en los informes entregados por organizaciones de derechos humanos de Venezuela.
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El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, identificó 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones no gubernamentales venezolanas.
Esta designación se suma a la previamente impuesta por el 15 de febrero del año en transcurso que financieramente sanciona a Bastardo y Hernández, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción.
