Después de 12 días de infructuosas gestiones de los familiares para que les entregaran los restos del militar asesinado por funcionarios del Dgcim, se ejecutó una “inhumación controlada”, ordenada por la jueza 36 de Control, Norelis León
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea / Edgar López
Lo menos que aspiran los familiares de un muerto es a disponer de sus restos. Pero en el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, el régimen de Nicolás Maduro se apoderó del cadáver del militar que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habían detenido el 21 de junio, por su presunta vinculación con un supuesto magnicidio, y que una semana después falleció, presumiblemente a causa de las torturas que le aplicaron. Desde el principio, todo indicaba que era un muerto del gobierno ilegítimo de Maduro.
Durante 12 días el cadáver de Acosta Arévalo permaneció en la morgue de Bello Monte y fueron infructuosas las reiteradas solicitudes que hicieron los familiares ante la Fiscalía 34 del Ministerio Público para que les permitieran retirarlo de la medicatura forense y darle sepultura.
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El abogado Alonso Medina Roa, explicó que la hermana del capitán, María Carmen Acosta Arévalo, encabezó las gestiones, pero el Ministerio Público persistió en negar la autorización que requerían los familiares. Durante los 12 días posteriores a su asesinato, Acosta Arévalo siguió siendo un muerto del gobierno de Maduro.
Intempestivamente, la mañana de este miércoles 10 de julio los familiares fueron citados vía telefónica para que concurrieran a la morgue de Bello Monte. Pero solo a efectos de que convalidaran la decisión de la jueza 36 de Control, Norelis León, quien, sin mayores explicaciones, ordenó una “inhumación controlada”.
El inusual término (inhumación controlada) evoca el también atropellado entierro del ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Óscar Perez, ultimado en un controversial procedimiento policial el 21 de enero de 2018. Sobre todo, porque, como en el caso de Pérez, se presumía que la muerte de Acosta Arévalo había sido el resultado de la brutalidad de sus custodios mientras estuvo preso en los calabozos de la Dgcim.
La versión oficial del hecho, avalada por el Ministerio Público, indica que el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, ambos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dgcim, serían los autores del asesinato de Acosta Arévalo. Los funcionarios fueron formalmente imputados por el delito de homicidio preterintencional concausal, lo cual significa que tenían la intención de hacerle daño físico, pero no de causarle la muerte, y que, por particularidades de la condición física o mental de la víctima que desconocían los victimarios, sobrevino el deceso.
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En la práctica, los presuntos homicidas de Acosta Arévalo afrontarían una pena no mayor a los cinco años de cárcel. Distinto habría sido si les hubieran imputado el delito de tortura, que es penado hasta con 25 años de prisión. No es lo mismo un accidente que torturas contra presos políticos. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado casos de tortura que indican que se trata de una práctica sistemática por la cual es responsable el Estado venezolano y no solamente los individuos que la ejecutan.
En aproximadamente 45 minutos, al ritmo que le impusieron los funcionarios del Ministerio Público, la hermana del capitán hizo el reconocimiento post mortem y los trámites de rigor para que el cadáver fuese trasladado desde la morgue de Bello Monte hasta el Cementerio del Este, en La Guairita.
Los familiares de Acosta Arévalo querían trasladar los restos del militar hasta un cementerio en Maracay, y allí sepultarlos. Pero el gobierno se apoderó del muerto hasta el final: decidieron el lugar y la forma, abrupta por lo demás, en que sería enterrado. Hasta escogieron el sacerdote que, según comentó el abogado Medina Roa, ofreció un apresurado responso antes de que el cadáver fuera introducido en una tumba identificada con el nombre del capitán de corbeta y la nomenclatura 212 I 266 C.
La madre de Acosta Arévalo, de 80 años de edad, en la morgue de Bello Monte. Foto: Alan Márquez
Sin tomar en cuenta los deseos de los deudos, el entierro de Acosta Arévalo no fue un acto íntimo sino un acto controlado por el gobierno. La madre, de 80 años de edad, y la hermana del militar asesinado estuvieron rodeadas de funcionarios de la Dgcim, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Ministerio Público.
Medina Roa manifestó su indignación: “No sé cómo en Derecho se puede explicar esta arbitrariedad cometida por el Estado. No solo violaron los derechos humanos del fallecido, sino también los de la familia. La decisión que tomó la jueza Norelys León burla el derecho a la familia de decidir cómo disponer de su muerto”.
La diputada Delsa Solórzano lo resumió en menos palabras: “el capitán Acosta Arévalo fue enterrado por sus propios asesinos”. La parlamentaria aseguró que ni a los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, les permitieron ver el cuerpo del capitán, para poder verificar las torturas que habría sufrido.
No hubo velorio ni flores para el capitán de corbeta asesinado por funcionarios de la Dgcim. Foto: Alan Márquez
Al igual que ocurrió con el caso de Óscar Pérez, la morgue de Bello Monte fue tomada por funcionarios policiales, en este caso de la Policía Nacional Bolivariana, que se dedicaron a obstaculizar el trabajo de la prensa. El cerco policial a los periodistas se repitió en el Cementerio del Este, con refuerzo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, como una evidencia de que, hasta el final, el capitán Arévalo Acosta es un muerto del gobierno ilegitimo de Maduro.
