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Sociedad civil formaliza ante la ONU solicitud de Comisión de Investigación sobre Venezuela

En el informe de Michelle Bachelet se precisa que el gobierno autorizó la visita de otras diez autoridades de Naciones Unidas durante los próximos dos años, para que puedan documentar directamente la situación de los derechos humanos en el país

Reporte Proiuris

Edgar López

La visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la permanencia de dos integrantes de su oficina en el país y la presentación de un informe que describe las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la profundización de la emergencia humanitaria compleja constituyen avances en el escrutinio internacional.

Sin embargo, el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, presumiblemente a causa de las torturas que le aplicaron durante una semana de reclusión en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como los disparos de perdigones efectuados por funcionarios de la Policía del Estado Táchira que dejaron ciego al adolescente de 16 años Rufo Chacón Parada, indican que es necesario emplear la mayor cantidad de recursos para detener la brutalidad policial y, en general, los atropellos del Estado.

Por tales razones, la sociedad civil venezolana representada por Feliciano Reyna formalizó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la solicitud de creación de una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, con el propósito de que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.

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“Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos establecidas por mandato de las Naciones Unidas se utilizan cada vez más para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, tanto si estas son prolongadas, como si se derivan de acontecimientos súbitos, y para promover la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad” se lee en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos.

En el informe de la Alta Comisionada sobre Venezuela destaca como uno de los acuerdos logrados con el gobierno la autorización para que otras diez autoridades del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas visiten a Venezuela durante los próximos dos años, de manera que puedan documentar directamente las violaciones relacionadas con cada uno de sus mandatos: tortura, detenciones arbitrarias, libertad de expresión, independencia de jueces, salud, alimentación, entre otros.

Durante su intervención, Reyna advirtió que “es preciso detener y corregir ya las graves violaciones de DDHH porque la emergencia va a empeorar. El gobierno no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista internacional”.

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En nombre de más de 200 organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de derechos venezolanos, el activista ofreció detalles a los delegados de países presentes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó este viernes 5 de julio en Ginebra: “Vivir en Venezuela es que mueran quienes necesitan diálisis, que las personas con hemofilia tengan daños irreparables, que las mujeres con cáncer no tengan tratamiento y que no lleguen antirretroviralesa personas con VIH.  Vivir en Venezuela es que haya 800 mil dejados atrás, porque los padres van camino a la frontera y que los abuelos que los cuidan sean parte de los 7 millones que no consiguen sus medicinas. Vivir en Venezuela es escoger cuál de los hijos irá a la escuela porque solo uno comió. Los demás serían parte del millón que dejó de estudiar. Quizá en la escuela no hubo clases porque la maestra se desmayó por hambre.  Vivir en Venezuela es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con transporte público. En algunas ciudades y pueblos es no tener electricidad incluso por semanas, con 40 grados de calor”.

Reyna se refirió al quiebre del Estado venezolano que impide garantizar los derechos humanos en el país: “En Venezuela no existen instituciones independientes que puedan actuar como un freno a los abusos de poder, a excepción de la Asamblea Nacional, cuyos poderes han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia y por una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y políticas de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión”.

Y explicó el alcance del termino emergencia humanitaria compleja: “Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la mayoría de la población está sometida a una violación sistémica de los derechos humanos. Es humanitaria porque las violaciones de DDHH crearon una escala masiva de necesidades humanitarias, que afecta a más de 10 millones de personas en el país y la crisis de refugiados más grande de América Latina. Es compleja porque tiene origen en factores políticos que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población”.

 

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