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Informe Bachelet: El Sebin y la Dgcim son responsables de la tortura en Venezuela

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió el Estado venezolano la liberación de todas las personas arbitrariamente detenidas y el cese de la persecución por motivos políticos

Reporte Proiuris

Edgar López

Las detenciones arbitrarias y la  tortura como prácticas sistemáticas en Venezuela fueron certificadas en el informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares”, se precisa en el documento.

Bachelet aún estaba en Venezuela el 21 de junio, cuando el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue detenido en su residencia, por su supuesta vinculación con un nuevo presunto atentado contra Nicolás Maduro. Después de una semana de encarcelamiento en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el militar murió, presumiblemente a causa de las torturas que le fueron aplicadas.

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El asesinato de Acosta Arévalo, precalificado por el Ministerio Público como un homicidio preterintencional concausal, no sería un hecho aislado, sino una práctica sistemática, como lo estableció Zeid Ra’ad Al Hussein, el predecesor de Bachelet en el cargo de  Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos, a través del informe sobre la situación de Venezuela publicado en junio de 2018.

Sobre las detenciones arbitrarias, el informe de la Alta Comisionada indica: “El Acnudh considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”.

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Tales señalamientos se fundamentan en la documentación de 135 casos de personas  privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019, de las cuales  23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. “Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal”, se precisa.

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El Acnudh también determinó que luego de las detenciones arbitrarias ha proseguido la violación del derecho al debido proceso y que, en ningún caso, las víctimas han sido indemnizadas.

Entre las recomendaciones de Bachelet en materia del derecho a la justicia destacan la excarcelación de  todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad y el cese y castigo de todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos,” incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”, se acota en el informe.

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