En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que el Ministerio Público no investiga eficientemente todos los casos de brutalidad policial y la Defensoría del Pueblo mantiene silencio
Reporte Proiuris
Edgar López
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó al Estado venezolano disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y manifestó su preocupación por la posibilidad de que el cuerpo élite de la PNB sea deliberadamente utilizado como instrumento de control social y para infundir miedo.
En el informe que Bachelet presentará ante el Consejo de Derechos Humanos este viernes 5 de julio se hace la recomendación en forma expresa: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”.
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Las FAES fueron creadas en 2017 y a partir de 2018 las operaciones de las FAES reemplazaron las denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017. Se suponía que las FAES se concentrarían en el combate del narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado, pero en la práctica se han incorporado a todas las funciones de seguridad ciudadana y control de orden público. Destacan sus irrupciones violentas en las comunidades más pobres del país y su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo la calificación de los hechos como casos de resistencia a la autoridad.
En el informe se indica que el Acnudh entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES, entre junio de 2018 y abril de 2019. “Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”.
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El documento, sustentado en el trabajo de documentación realizado por el grupo de expertos de la oficina de la Alta Comisionada, que estuvieron en Venezuela en marzo de 2019, ofrece más detalles sobre el accionar de las FAES: “En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría «resistido a la autoridad». En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial”.
Cualquier venezolano puede testimoniar el temor que infunden las FAES. Al respecto, en el informe se señala: “Habida cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
«Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia», se agrega en el informe divulgado este jueves 4 de julio, por la oficina del Alto Comisionado.
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Incluso, la Alta Comisionada deja planteó la posibilidad de que las FAES ejecuten venganzas políticas: “…el Acnudh documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito anteriormente”.
Probablemente sobre la base de información oficial, el Acnudh reportó que 338 funcionarios de las FAES están bajo investigación por homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019, y que 5 han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Llama la atención que las condenas no correspondan a casos de ejecuciones extrajudiciales.
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Bachelet advirtió sobre los efectos perniciosos de la impunidad: “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”.
El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente no convenció a Bachelet de la eficiencia del sistema de administración de justicia venezolano y de la preservación de los derechos humanos en el país: “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
